La negativa este miércoles de la justicia belga a entregar a los ex consejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Luis Puig por supuestos “defectos de forma” de la euroorden se suma a una inquietante lista de varapalos en instancias judiciales europeas. Inquietante porque, además de dar argumentos a los promotores del procés para poner en solfa el sistema judicial español, contribuye a socavar la imagen de España y la calidad de su democracia en el exterior.
El cinco de abril la Audiencia territorial alemana de Schleswig-Holstein descartó el delito de rebelión en la petición de extradición de Carles Puigdemont y ordenó su excarcelación del penal de Neumünster. El 28 de marzo un juez de Edimburgo decretaba la puesta en libertad de la exconsejera Clara Ponsatí, fugada en Escocia tras haber pasado varios meses refugiada en Bruselas junto al resto de prófugos. Y por más que el Gobierno español ha amagado con entregar a Hervé Falciani para facilitar la colaboración de Suiza, no hay indicio alguno de que Berna vaya a extraditar a Marta Rovira. [A la ex diputada de la CUP Anna Gabriel nadie la busca].
Mientras los ex consejeros se fotografían brindando con cava y Puigdemont no pierde ocasión de apelar al “diálogo” y la mediación europea, el juez Pablo Llarena bracea en solitario contra la “falta de compromiso” de sus colegas europeos reformulando o reconsiderando los matices de sus euro órdenes.
La justicia belga deniega la entrega a España de los exconsellers catalanes
La imagen es pésima para el Estado y el problema es que es estos fiascos exceden el ámbito de las administraciones de justicia española y europeas si reparamos en el contexto político y mediático en que se han producido, y las reacciones que han suscitado. Por eso una de las demandas que Albert Rivera pondrá sobre la mesa en la entrevista que en la entrevista que hoy mantendrán con Mariano Rajoy es que la actuación de los jueces no puede eximir al Gobierno de la obligación de combatir la propaganda independentista, sin la cual no se habría conformado un estado de opinión propicio al victimismo separatista.
El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, refunfuñó a Bélgica cuando el ex primer ministro Charles Michel proponía “diálogo” y “mediación” en Cataluña. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se enfadó porque el Ejecutivo helvético dijo que sería rechazaría las extradiciones -cuando aún no se había pedido ninguna- porque no se perseguían los delitos políticos. Y un total de 14 embajadas catalanas en el exterior fueron cerradas mediante la aplicación del 155 que ahora decae.
Clima de opinión en Europa
El respeto a la independencia de las instancias judiciales europeas debe ser compatible con que la ministra de Justicia alemana Katarina Barley aplaudiera la “absolutamente correcta” liberación de Puigdemont; con que Süddeutscjhe Zeitung y Der Spiegel tratasen al ex president como refugiado político; y con que muchos medios de comunicación Londres y Edimburgo y la comunidad académica de St. Andrews hicieran de Ponsatí una “mártir”.
Pero lo que no tiene un pase es que mientras ese estado de opinión cuajaba en el extranjero, y los independentistas tejían alianzas con otros partidos -incluidos populistas y extremistas de todo pelaje- para propalar su relato en las cancillerías, el Gobierno no haya hecho nada más que lo estrictamente obligado e imprescindible en cada momento para contrarrestar una intoxicación a la que también han sido permeables Die Welt, The Times, The Guardian, The Daily Telegraph, The New Yok Times o Liberation.