El equipo de Alberto Ruiz-Gallardón acusa a Ignacio González de utilizar las escuchas policiales del caso Lezo para librar una nueva batalla dentro del Partido Popular de Madrid y conseguir que los principales colaboradores del exalcalde de Madrid y exministro de Justicia terminen junto a él imputados por la Audiencia Nacional por su actuación al frente del Canal de Isabel II.
Ignacio González declara en el Congreso de los Diputados
En un escrito enviado al Juzgado de Instrucción número 6, el que fue presidente no ejecutivo del Canal, Pedro Calvo, acusa abiertamente tanto a González como a Edmundo Rodríguez Sobrino de aportar en sus conversaciones datos falsos para conseguir que fueran imputados en el procedimiento, y enmarcan la estrategia en un "enfrentamiento" que se libra desde 2004 en el PP de Madrid y "que se ha mantenido hasta hoy" con "graves consecuencias dentro del Partido Popular, en la Comunidad de Madrid" y también "en los inicios de este proceso".
El escrito reconoce incluso que la batalla entre los bandos de Gallardón y Esperanza Aguirre llegó a límites "inauditos" y enmarca dentro de esta estrategia de presunto desprestigio los informes del despacho de abogados Cuatrecasas, que concluyen una operación delictiva en la compra del 75% de las acciones de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II cuando estaba al frente Alberto Ruiz-Gallardón.
Un total de 24 investigados
Esa operación, aprobada en noviembre de 2001, ha supuesto la calificación de investigados para los 24 miembros que formaban entonces el Consejo de Administración de la entidad, con nombres como el del actual presidente de Adif, Juan Bravo, el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia o el propio Pedro Calvo, también exmiembro del gobierno de la Comunidad de Madrid. Además, el pasado 24 de abril el juez encargado del caso citó también a declarar como investigado al propio exministro Gallardón.
Como principal prueba contra ellos, los fiscales cuentan con un informe rubricado por la firma Cuatrecasas en la que se aprecian, a juicio de los firmantes, evidentes irregularidades en la compra de la filial colombiana, realizada por medio de una sociedad intermediaria en Panamá. El expresidente de la Comunidad de Madrid habla de este informe en sus conversaciones telefónicas, pero el contenido del mismo nunca fue hecho público hasta que apareció en uno de los registros ordenados por la Audiencia Nacional.
Ahora, el equipo de Gallardón mantiene que ese informe se elaboró por encargo a la cuñada de González, socia del despacho de abogados contratado. Y que se hizo para "¿Chantajear, condicionar?", se pregunta la defensa de Pedro Calvo en el escrito. "Obviamente se trata de una vieja y sucia táctica, la de extender la porquería sobre personas honradas, que además son sus enemigos políticos declarados en un tenso y público enfrentamiento", añade.
Informes de Cuatrecasas y de la UCO
Sin embargo, no solo las conversaciones del González y el informe encargado a Cuatrecasas señalan directamente a presuntas irregularidades en la compra de Inassa. También los informes de la UCO apuntan en ese sentido, y han tenido un peso importante a la hora de señalar a los 24 miembros del consejo de administración de la entidad en la era Gallardón como investigados.
Más allá de peleas intestinas, esos serán los argumentos que tengan que desmontar los investigados. En su defensa, mantienen que la compra de la filial del Canal fue "un negocio de oro" para la Comunidad de Madrid y aportan otro argumento: "Un mal negocio puede ser un mal negocio. Pero no por serlo constituye un delito".