La sorpresa saltó cuando los agentes de la Guardia Civil que investigan la organización del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña se dieron cuenta de que el sistema de intervención telefónica no grababa. Los teléfonos de los investigados se activaban, tenían tráfico de datos, pero en ocasiones el sistema que sirve para escuchar las llamadas de narcos, terroristas y cualquier otro tipo de delincuentes, esta vez solo entregaba silencio.
Dos semanas antes, los agentes consiguieron que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona les autorizara a pinchar cinco teléfonos distintos. Cinco terminales pertenecientes a especialistas informáticos y altos cargos de la Generalitat investigados por su posible participación en la planificación del referéndum. Y fue ahí, tras una semana de silencio intermitente, cuando detectaron que los investigados utilizaban un sistema de tarjetas virtuales para burlar las escuchas judiciales.
"Durante la observación de estas intervenciones se han estado realizando controles de actividad de los usuarios de los teléfonos móviles arriba indicados. Como resultado de estos controles se ha constatado que no siempre que alguno de ellos efectúa o recibe llamadas a través de su teléfono móvil, salen estas reflejadas en el sistema SITEL", explican desde la Dirección Adjunta Operativa del Mando de Operaciones de Cataluña en un escrito remitido al juzgado el pasado 19 de julio.
"Por todo ello, consideramos que alguno de los investigados pudiera estar utilizando una tarjeta SIM virtual, es decir, dos números de teléfono diferentes en la misma tarjeta SIM u otra tarjeta SIM diferente a la que se está sometiendo a interpretación".
Un servicio contratado en la red
La investigación, abierta tras una querella del partido político Vox e impulsada también por la Fiscalía, contaba en ese momento con cinco teléfonos intervenidos. Uno de ellos pertenecía a Josué Sallent, director de Estrategia e Innovación del centro de Telecomincaciones de la Generalitat , y otro a Josep Lluis Salvador, número dos de la consejería de Vicepresidencia Económica, controlada por el exconseller Oriol Junqueras. Tal y como adelantó este diario, este grupo de directivos recomendaba emplear además otros métodos para burlar los controles policiales en sus comunicaciones: escribir sus mensajes comprometidos y hacerles una foto para que el texto no fuera contemplado por los sistemas informáticos.
En esta ocasión, los agentes de la Guardia Civil trabajan con la tesis de que los investigados utilizaban un sistema de números de teléfono virtuales, un servicio que se puede contratar desde internet y que otorga a quienes lo utilizan números de teléfono de distintos países utilizables gracias al tráfico de datos. Estos números son operativos para llamadas de voz por ip y otros sistemas de mensajería como whatsapp pero en muchas ocasiones utilizan la red de comunicaciones y los servidores de países extranjeros. Eso provoca que la contratación de esos servicios no figure en las bases de datos españolas. Pero el rastro de su tráfico sí es detectable.
Para solventar esta estrategia, los funcionarios del instituto armado solicitaron al magistrado encargado de la causa que el pinchazo no se hiciera sobre su línea telefónica, sino sobre el IMEI de su teléfono, una especie de matrícula única que diferencia a cada terminal. Tras la autorización del juez, los agentes pudieron monitorizar todo el tráfico de llamadas y datos de cada uno de los investigados y escuchar las conversaciones, independientemente del número de teléfono que utilizaran. Tras la nueva medida, el problema remitió. SITEL volvió a funcionar como siempre y así, los agentes lograron confirmar parte de la presunta red que sirvió para montar el referéndum ilegal del 1-O.