El expresidente del Govern Jaume Matas ha admitido este martes por primera vez ante un tribunal haber cometido prevaricación, en una concesión relacionada con el Mundial de Ciclismo en Pista de 2007, y ha aportado 35.000 euros para resarcir el daño causado, en su sexto juicio por esta macrocausa.

La defensa de Matas y las acusaciones han alcanzado un acuerdo de conformidad en el sexto juicio contra el expresidente balear por el llamado caso Palma Arena, el correspondiente a la pieza separada número 14, celebrado  ante la sección primera de la Audiencia de Palma, donde inicialmente la Fiscalía pedía para él una condena 1 año y 6 meses de prisión por prevaricación y fraude.

Finalmente la acusación ha sido por un delito de prevaricación y, ante la admisión de los hechos y el pago de la responsabilidad civil, las acusaciones han tenido en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño para fijar la pena solicitada.

Matas ha admitido los hechos de los que le acusaban la Fiscalía y la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, haber dictado "una resolución prevaricadora" para beneficiar de manera irregular a una empresa de publicidad con 35.000 euros sin concurso y saltándose el procedimiento administrativo, y se ha conformado con la pena de 7 años de inhabilitación solicitada.

Además Matas aportó la semana pasada los 35.000 euros reclamados como responsabilidad civil, por lo que la comunidad autónoma "tiene resarcido completamente el daño", según ha explicado la letrada ante el tribunal.

Primera vez que admite un delito

Es la primera vez que el expresidente admite la comisión de un delito. Los hechos que ha admitido el expresidente y exministro de Medio Ambiente ocurrieron en marzo de 2007, cuando la empresa de publicidad que había llevado a cabo la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de ese año y que había sido además adjudicataria del contrato para llevar a cabo la campaña publicitaria del Mundial de Ciclismo por 845.000 euros, percibió esos otros 350.000 euros de forma arbitraria.

Para soslayar la Ley de Contratos, Matas ordenó que se aportaran a la empresa publicitaria los 350.000 euros por medio del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), operación que se formalizó mediante un convenio, para eludir "de forma consciente y deliberada" la normativa que rige la contratación pública, según la Fiscalía.

El empresario beneficiado falleció el verano pasado

El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción señala que Matas ha aportado 35.000 euros "para reparar los perjuicios derivados del dictado de su resolución prevaricadora", cifra que supone el 10% de lo que percibió la empresa publicitaria, por orden del expresidente.

Por su parte, la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha modificado también su acusación, ha retirado la que formulaba por la pieza 13 al entender que no era constitutiva de delito y ha formulado la misma petición de condena que la Fiscalía Anticorrupción.

La presidenta del tribunal, la magistrada Samantha Romero, ha anunciado que la sala dictará sentencia ajustada a los términos de la conformidad, un acuerdo que ha evitado la celebración del resto del juicio.

Será la sexta condena a Matas por el caso Palma Arena, macrocausa en la que todavía tiene pendientes otros tres juicios (uno por las piezas 15 y 16; otro por la causa principal sobre el fraccionamiento de la construcción del Palma Arena y el tercero por contratos con la empresa Over Marketing). Además Matas es investigado en el caso Son Espases y en el Turisme Jove.

Tras el primer juicio, por la contratación irregular de un periodista que le escribía los discursos, Matas cumplió 9 meses de condena por tráfico de influencias. En el segundo fue condenado a pagar una multa de 9.000 euros por cohecho en la contratación de su esposa en un hotel, y el tercero fue el llamado caso Nóos, en el que el expresidente ha recurrido ante el Supremo su condena a 3 años y 8 meses por prevaricación, falsedad y fraude a la Administración

Además Matas fue sentenciado a 8 años de inhabilitación para cargo público por prevaricar en la contratación de los arquitectos que diseñaron y dirigieron la construcción del velódromo Palma Arena, y también fue condenado a 7 años de inhabilitación por prevaricar al encargar a Santiago Calatrava el diseño de un palacio de la ópera, en una sentencia que también le impuso el pago de una responsabilidad civil de 1,2 millones, los fondos públicos que cobró el arquitecto valenciano del Govern autonómico.