Fue el sábado 21 de octubre cuando el todavía president de la Generalitat puso en marcha de forma definitiva la operación Cinco Destinos: la estrategia para que su Gobierno en pleno saliera de España y escapara así de la acción de la Justicia. Una carrera que le ha llevado a valorar el exilio en Inglaterra, Irlanda, Alemania u Holanda y que ha terminado con Carles Puigdemont cobijado en Bélgica, mientras nueve miembros de su Ejecutivo entran en prisión preventiva. Una estrategia que, según ha podido reconstruir paso por paso EL ESPAÑOL, se activó de forma definitiva 24 horas antes de que la Fiscalía presentara oficialmente la querella contra ellos y tuvo como cortina de humo el partido entre el Real Madrid y el Girona. Un encuentro al que Puigdemont nunca llegó:
Sábado 21 de octubre
Eran a las 11:26 de la mañana cuando el Consejo de Ministros anunció de forma oficial la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Con ello, el Gobierno de Mariano Rajoy anunciaba su intención de pedir al Senado el permiso necesario para suspender la autonomía catalana e intervenir su Administración.
Eso daba a los independentistas una semana de margen para desistir en sus intenciones de declarar de forma unilateral la independencia. Pero en realidad y según ha podido confirmar este periódico, la medida activó el plan de Puigdemont y los suyos para salir del país sin ser detectados y plantar cara a la Justicia española desde Bruselas.
En un primer momento, la operación nació como un plan B. Una alternativa a la negociación soterrada que desde hacía días se libraba con el Gobierno central. “Creo que en aquel momento nadie pensaba que se llevaría a cabo”, confirman a EL ESPAÑOL fuentes implicadas en la elaboración del viaje.
Fue el propio Puigdemont quien encargó esa misma mañana a una persona de su máxima confianza y con conocimientos en leyes que recabara los destinos preferentes para una posible salida. El encargado debía moverse por debajo del radar. Y para eso, era mejor que fuera una persona que nada tuviera que ver con la escena pública.
Domingo 22 de octubre
El día anterior, el propio Mariano Rajoy mostró al detalle las medidas que el Gobierno pensaba aplicar en Cataluña. Lo que se preveía como una entrada leve se presentó entonces como una intervención en toda regla. Puigdemont y los suyos perderían en una semana todas las competencias y el Gobierno asumiría el control de puntos clave para defender una posible independencia. Elementos estratégicos como los Mossos, el cuerpo con 17.000 funcionarios armados que más preocupaba a una parte del Gobierno.
Esa misma tarde, Puigdemont tuvo ya sobre la mesa los destinos elegidos por su entorno para una posible salida. El objetivo fue hacer una primera criba, con zonas donde se considerase probada la neutralidad de la Justicia. Cinco fueron los destinos elegidos en un primer momento: Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemania y Holanda.
En un primer análisis, entraron países con una marcada tradición nacionalista como Irlanda o con fuerte ascendencia en la Unión Europea como Inglaterra o Alemania.
Lunes 23 de octubre
De cara a la galería, Puigdemont y sus consellers aceptaron el pulso y declararon públicamente que pedirían al Parlament catalán acciones “penales y políticas” para intentar frenar la aplicación del 155. Mientras y según confirman a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a este proceso, la diplomacia catalana activó su red de embajadas para pulsar la opinión de los gobiernos elegidos como posibles destinos.
Dos fueron los delegados con mayor trabajo según las mismas fuentes: Sergi Marcén, responsable de la embajada catalana en Londres y que aglutinaba los contactos con el Reino Unido y los independentistas irlandeses, y Amadeu Altafaj, delegado de la Generalitat en Bruselas, y depuesto en su cargo tras la aplicación del 155.
Desde el primer momento, Bruselas fue uno de los destinos clave, tanto por la relevancia internacional que tiene como sede central del Parlamento Europeo como por su historial de jueces litigantes con la Justicia española. El principal, protagonizado por la etarra Natividad Jauregui, fue defendido penalmente por Paul Bekaert, buscado para ser el abogado de Carles Puigdemont en Bélgica.
Martes 24 - Miércoles 25 de octubre
El Gobierno de Puigdemont siguió deshojando la margarita de acudir o no al Senado mientras ganaba tiempo. Arrancaban las voces que pedían la convocatoria de elecciones por parte de Puigdemont, y aparecían en silencio las primeras disensiones dentro del Gobierno. Mientras el president valoraba las decisiones políticas, los encargados de su posible salida analizaban las distintas jurisdicciones para concretar el destino más favorable de sus intereses, llegado el momento.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente, Oriol Junqueras, en el pleno del Parlament.
Esos días y según confirman fuentes del entorno del Govern, se valoró incluso la posibilidad de que Puigdemont tuviera que salir de España buscado por la Justicia. Por eso, de las cinco opciones que los encargados de esta operación estudiados en un primer momento, fueron dos los destinos prioritarios: Holanda y Bélgica. ¿El motivo? tanto a uno como a otro se puede llegar por carretera. Un punto a favor si en un momento dado los miembros del Ejecutivo catalán tenían que evitar la presencia policial de estaciones y aeropuertos.
Jueves 26 de octubre
El pulso entre Puigdemont y el Gobierno llegó a su punto clave, igual que el librado dentro del Ejecutivo catalán por la convocatoria o no de elecciones. En las filas independentistas, una corriente reclamaba la convocatoria de comicios antes de que la competencia fuera tomada por Rajoy y los suyos. En el ala más dura, la medida fue vista como una rendición al mandato de dos millones de catalanes.
A las doce de la mañana, el Govern envió al Senado las alegaciones sobre la aplicación del 155 que debían votarse al día siguiente. Fue entonces cuando Puigdemont anunció una comparecencia y se filtró a la prensa su intención de convocar elecciones.
Comenzaron entonces las bajas públicas de importantes miembros de su partido. Pero el pulso real estaba en otro lado. Según fuentes vinculadas a esa negociación, Puigdemont pidió al Gobierno central garantías de que si convocaba elecciones, la aplicación del 155 quedaría suspendida. La negativa de Rajoy y los suyos a hacer un pronunciamiento explícito cerró la puerta de forma definitiva a un acuerdo.
Esa mañana, Puigdemont aplazó hasta en dos ocasiones su comparecencia pública. Finalmente, el atril donde debía pronunciar las esperadas palabras quedó vacío. Se avanzó entonces la existencia de una reunión crítica: una convocatoria para todos los consellers, esa misma noche, en la que el mensaje fue claro: si alguien quiere salir del Govern, que lo haga ahora. Mañana votaremos la independencia.
Primera propuesta de salida
Fue entonces, según confirman fuentes conocedoras de aquellas reuniones y pese a la negativa pública de esta versión que han hecho varios de los presentes, cuando se habló por primera vez de la alternativa que preparaba el grupo de trabajo activado por Puigdemont: la posibilidad de que el Govern en pleno o parte de sus miembros tuvieran que salir al extranjero tras la votación que, en unas horas, declararía la república independiente de Cataluña.
La decisión, según las mismas fuentes, fue trasladada a cada miembro del Govern para que la meditara desde una perspectiva personal, sin tener en cuenta jerarquías de partido. Pero ni siquiera en ese momento se planteó sobre la mesa el destino elegido si, llegado el caso, el Govern en pleno tenía que salir del país buscado por la Justicia.
Viernes 27 de octubre
Llegó el día crítico. El momento en el que el Senado aprobaría con la mayoría del PP la aplicación del 155 por parte del Gobierno y la votación en el Parlament de una Declaración Unilateral de Independencia. Antes de que el Pleno de la Cámara autonómica comenzara, se supo la dimisión del último consejero en abandonar: Santiago Vila, el único que este jueves contestó a las preguntas de la jueza Carmen Lamela y el único que entró en prisión eludible bajo fianza.
Mientras la opción del exilio estaba sobre la mesa, un gesto sirvió para acallar esas voces. Desde hacía 48 horas, las redes sociales hervían con el rumor de que Puigdemont había trasladado ya a su familia fuera del país. Antes de que arrancara el pleno, su esposa entró a pie y ante las cámaras, precedida por el diputado nacional Gabriel Rufián y acallando especulaciones. Nada de familia en el extranjero, y nada de exilio.
Tras la votación y la aprobación de la DUI, la fiesta en la calle se trasladó a la Plaza de Sant Jaume, sede de la Generalitat. Miles de partidarios de la independencia esperaban allí la escenificación de la ruptura. La retirada de la bandera española y una escena en el balcón que arengara a las masas. Pero nada nuevo sucedió. Mientras la multitud esperaba, Puigdemont ponía rumbo a Girona, que le acortaba ya una hora de viaje si tenía que salir con destino a Bruselas o cualquier otro punto por carretera.
Sábado 28 de octubre
El pretendido presidente de la república catalana envió una declaración grabada mientras se daba un baño de saludos y se dejaba ver en el centro de Girona. De madrugada, el Boletín Oficial del Estado anunciaba las primeras medidas del Gobierno central para tomar el control de la Administración catalana.
La primera medida era el cese de Carles Puigdemont y del resto de su ejecutivo, seguida de la asunción por parte del Ministerio del Interior del control de los Mossos d’Escuadra. Además, Interior retiró la escolta a todos los miembros del Govern excepto al depuesto presidente. Es decir, que Puigdemont seguía entonces protegido por la policía autonómica.
Esa mañana se produjo además un hecho clave para lanzar la huída:la filtración de una previsible querella por parte de la Fiscalía General del Estado contra Puigdemont y todo su Ejecutivo por presuntos delitos de rebelión. Esa noche y según confirman fuentes cercanas a este proceso, Puigdemont se despidió de su escolta. Quedó con los agentes en avisarles cuando fuera a salir a la calle al día siguiente. Algo que no se produjo.
La decisión de la Fiscalía hizo saltar las alarmas y comenzaron a sonar los teléfonos. La operación exilio comenzaba a tener luz verde. En ese momento, solo había que valorar el momento oportuno para salir de España.
Domingo 29 de octubre.
Esa mañana, Carles Puigdemont debía presidir el partido de liga que enfrentaba al Girona contra el Real Madrid. Era la oportunidad de oro para lucir su nuevo título de presidente de la república catalana ante uno de los equipos más seguidos de España. Sin embargo, una advertencia de su entorno marcó el inicio de su salida del país: su escapada no se podría considerar una fuga si la Justicia todavía no había abierto una causa contra él. Era ahora o nunca.
Los informes enviados desde Bruselas mostraban el beneplácito del Gobierno flamenco a su llegada, pero las reticencias del Ejecutivo central, donde los nacionalistas Gobiernan en coalición.
Así, mientras la opinión pública esperaba que Puigdemont se presentara en el partido para hacer gala de la república catalana, el depuesto presidente estaba haciendo las maletas y concretando la recogida de otros cinco consellers para emprender las siete horas de viaje en coche que les separaban de la localidad francesa de Marsella.
Forn, Borràs, Serret, Bassa y Comín: los cinco de Puigdemont en Bruselas
El viaje, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, se realizó en dos vehículos particulares. Dos coches conducidos por personas de confianza de los consellers pero que nada tienen que ver con la política. En ellos fue transportado Puigdemont junto con Joaquim Forn, exreponsable de Interior de la Generalitat, Meritxell Borrás, exresponsable de Gobernación, Meritxell Serret, exvicepresidenta del Govern, Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, y Antoni Comin, exconseller de Salud.
Una vez en Marsella, los seis subieron a un vuelo con destino Bruselas, aunque su destino real estaba a una hora en coche de la capital belga, en un discreto hotel que les mantendría apartados de los focos hasta que fuera el momento de anunciar su marcha.
Lunes 30 de octubre
Esa misma mañana, la Fiscalía General del Estado presentó la querella contra Puigdemont y el resto de los miembros del Gobierno autonómico por presuntos delitos de rebelión y sedición. La decisión del Ministerio Fiscal fue anunciada en una rueda de prensa sin preguntas celebrada a media mañana. Y minutos antes, la cuenta de Twitter del presidente cesado publicaba una imagen del Palau de la Generalitat.
En realidad, Puigdemont estaba ya a miles de kilómetros de allí, como se supo un par de horas después, y contaba desde entonces con la asistencia legal del abogado Paul Bekaert; el hombre contactado por los responsables de la operación exilio y que no conoció los pormenores del caso hasta que pudo hablar con Puigdemont.
Durante todo el día, tanto el expresidente autonómico como los consejeros que viajaron con él rechazaron confirmar si su intención era pedir asilo político en Bruselas. Algo que no era necesario para su estancia indefinida en el país, al ser territorio comunitario.
Martes 31 de octubre
Desde Bruselas, el expresidente catalán montó una rueda de prensa en la que se refirió de nuevo a la “persecución” contra su Ejecutivo por parte del Estado español. Poco antes, la jueza Carmen Lamela aceptaba instruir la querella presentada por la Fiscalía y citaba a declarar al Govern el pleno este jueves. Es decir: dos días después.
Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, se produjo entonces otra reunión crítica entre quienes acompañaron a Puigdemont. Ya era oficial que la Justicia les buscaba. Solo había dos opciones: volver a España o asumir la rebeldía e intentar pelear legalmente desde Bélgica. El segundo camino se preveía mucho más largo. El primero, con más riesgo de entrar en prisión, con el antecedente de los “jordies”, los líderes de Omnium y la Asamblea Nacional Catalana ya fueron enviados a prisión por la misma jueza. Y no habían intentado partir en dos un país.
Esa misma noche, dos de los miembros de la escapada volvieron a suelo español. Los exconsellers Joaquim Forn y Dolors Bassa llegaron al aeropuerto barcelonés de El Prat procedentes de Bruselas. Tocaron suelo a las 23:20 de la noche.
Carles Puigdemont antes de hablar a la prensa en Bruselas.
Al día siguiente y en mitad de la festividad de Todos los Santos, fue la consejera Meritxell Borrás quien aterrizó en el aeropuerto madrileño de Barajas. Los tres acudieron este jueves a declarar a la Audiencia Nacional y han entrado en prisión preventiva.
En Bruselas, Puigdemont se encuentra todavía arropado por cuatro exconsejeros: Clara Ponsatí, Antoni Comin, Lluis Puig y Meritxell Serret. Los cuatro de la operación exilio. Y desde un hotel a las afueras de Bruselas, intentan ahora fraguar una defensa coordinada que consiga que no sean entregados a España.