Planeta no podrá personarse como acusación particular en el caso Hanta contra el empresario Javier Pérez Dolset si no actúa también contra otro de los investigados, uno de los directivos del grupo, Mauricio Casals, y quien habría colaborado con el primero para obtener ilícitamente financiación pública de los ministerios de Industria y Economía.
El grupo de la familia Lara considera que ha sufrido un perjuicio de 120 millones de euros por el desvío de fondos en la empresa ZED por parte de Pérez Dolset, de la que Planeta tenía el 20% del accionariado. Según las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Policía (las unidades de UDEF y UDEV), Dolset habría desviado a empresas familiares a través del pago de facturas ficticias hasta 100 millones de euros que habrían acabado en Panamá.
Planeta intenta recuperar su dinero y hace responsable a Javier Pérez Dolset, máximo responsable de la empresa tecnológica pionera en Internet en España y que llegó a estar valorada en 1.000 millones de euros antes de ser declarada en concurso de acreedores.
El talón de aquiles de Planeta es Mauricio Casals. La compañía no esperaba que su lucha empresarial con los Dolset acabara salpicando a su hombre fuerte en Atresmedia (laSexta y Antena 3). Por ahora, el grupo, presidido por Josep Creuheras ha dicho públicamente que la investigación de Fiscalía Anticorrupción y del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón es errónea.
¿Defensor o acusador?
Ahora, Planeta debe decidir su estrategia de cara al proceso judicial que acaba de abrirse y que ha llevado a Javier Pérez Dolset a prisión incondicional por los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de las subvenciones, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Los investigadores están analizando los contratos firmados entre ZED y el periódico La Razón que preside el propio Casals. Según la investigación, entre 2009 y 2013 se habrían facturado 2,1 millones de euros por trabajos de asesoramiento. El propio Pérez Dolset aseguró en sus declaraciones en Fiscalía Anticorrupción que era el precio pactado con Casals por influir en los Ministerios de Industria y Economía a cambio de subvenciones y créditos.
Tras el análisis del dinero público conseguido pro ZED, los investigadores concluyen de manera indiciaria que se adjudicaron de manera irregular y que la compañía falseó sus proyectos para fingir el desarrollo de programas tecnológicos.
Además, el dinero cobrado por La Razón es por asesoramientos y no por publicidad, como la compañía defiende. Además, se han detectado pagos por ambos conceptos. Por un lado, hay facturas por patrocinios y, por otro, por análisis y asesoramientos. Estos últimos son los que levantan sospechas para los investigadores.
Paralelismo con el PP
Ahora hay varias caminos a seguir. Planeta puede defender que Pérez Dolset está engañando a los investigadores y que es falso que Casals medrara para favorecer a su compañía con dinero público, dada su gran capacidad de influencia en altos cargos del Gobierno. El grupo también puede sostener que Casals actuó junto a Pérez Dolset por su propia cuenta y riesgo con el absoluto desconocimiento de Planeta.
Según fuentes jurídicas, si el grupo protege a su hombre en Atresmedia y niega colaborar con la Justicia no sólo se le podría rechazar su personación como acusación particular, sino que incluso podría acabar investigada si se demuestra su connivencia con las actuaciones de Casals.
Algo similar ya ocurrió con el Partido Popular cuando intentó personarse en el caso que se investigaba en la Audiencia Nacional por su financiación ilegal, conocido como los papeles de Bárcenas. El juez que instruyó el caso, Pablo Ruz, rechazó su intento de personarse en la causa porque era "incompatible con el propio objeto de la misma, dirigido entre otros extremos a la investigación de determinados hechos de los que podría derivarse responsabilidad civil" del propio PP.
Entonces, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo que no procedía que el PP fuera acusación en la investigación de la contabilidad del partido porque en ella se debe "determinar la repercusión que las partidas de ingresos anotadas" en los papeles manuscritos atribuidos al extesorero del PP Luis Bárcenas "pudiera tener sobre las declaraciones del impuesto sobre sociedades y retenciones e ingresos a cuenta" realizadas por la formación política.
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