“La Justicia social”. Este es el argumento que ha esgrimido la Fiscalía para defender que Álvaro Pérez, El Bigotes, condenado a 12 años y tres meses de cárcel por la trama Gürtel, siga en prisión preventiva a la espera de que su sentencia sea firme. Según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, este principio de justicia social debe primar sobre su privación de libertad.
El ingreso en prisión de los cabecillas de la trama Gürtel coincidió en el tiempo con la sentencia del caso Nóos en la que el cuñado del rey Iñaki Urdangarín recibió una condena de seis años y tres meses de prisión, pero en su caso los tribunales no consideraron necesario su ingreso en la cárcel de forma provisional y le permitieron seguir viviendo en Suiza a la espera de que el Tribunal Supremo revise su sentencia. Ambos casos, coincidentes en el tiempo, dieron pie a comparaciones y debates sobre la igualdad ante la Justicia en materia de la privación provisional de libertad.
“Partiendo de la situación procesal actual de Álvaro Pérez Alonso, a la hora de ponderar los diferentes intereses enfrentados, esto es la privación de su libertad o la realización de la justicia social, las circunstancias enumeradas justifican que deba primarse este último”, explica el escrito firmado por la fiscal Ana Cuenca Ruiz en el que pide desestimar el recurso que presentó El Bigotes contra la medida de prisión provisional. No obstante, en el escrito no explica a qué se refiere con el principio de justicia social.
El escrito de Fiscalía alegando la justicia social contra Álvaro Pérez.
Álvaro Pérez, junto a Francisco Correa y Pablo Crespo ingresaron en prisión provisional el pasado 14 de febrero por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los jueces les consideraron culpables de amañar contratos entre la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009. Según han informado a este periódico fuentes jurídicas, la Fiscalía ha empleado idéntico argumento para negarle la libertad provisional a Pablo Crespo.
En sus argumentos, el fiscal también apela al riesgo de fuga del condenado que, según dice, hace “ineficaces” el arraigo personal o familiar esgrimido por el acusado. Añade la Fiscalía que El Bigotes tiene otras causas pendientes por las que podría ser condenado a más de 71 años de cárcel. "Es una realidad que no puede ser obviada pues incrementa notablemente su riesgo de fuga y refuerza la necesidad de mantener la situación de prisión provisional en la que se encuentra", sentencia.