La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, era consciente de que tenía el "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa" que desarrollase la hoja de ruta independentista y, sin embargo, "permitió" el pasado 27 de julio que se votasen las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. "Ahí hubo un evidente incumplimiento" de los mandatos del Tribunal Constitucional, afirma el representante de Ciudadanos en la Mesa de la Cámara, José María Espejo-Saavedra, que pone, así, a la presidenta un poco más cerca de una eventual deducción de testimonio por un presunto delito de desobediencia.

El TC pidió el pasado día 1 a Forcadell y a todos los miembros de la Mesa del Parlamento catalán -de la que Espejo-Saavedra forma parte como vicepresidente segundo- que emitieran informes sobre si la Cámara puede "haber contravenido" los pronunciamientos del Constitucional al refrendar las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, en las que se diseñan las fases para aprobar la constitución de una república catalana independiente.

Ese acuerdo adoptado por los 72 diputados de Junts pel Sí y la Cup es, afirma el diputado de C's, "claramente reiterativo del contenido y objetivos" de la Resolución 1/IX, que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015 y que el TC anuló en una sentencia dictada el 2 de diciembre. La Resolución declaraba "solemnemente" el inicio de un proceso constituyente de forma unilateral y al margen de los mecanismos legales establecidos para la reforma de la Constitución.

Para el vicepresidente segundo del Parlamento catalán, "cualquier observador razonable" puede comprobar que las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, avaladas en el Pleno del 27 de julio, son similares tanto en su contenido como en sus objetivos con la Resolución 1/2015, anulada por el TC, "y, por tanto, el deber de la Mesa era rechazar su trámite".

Además, el TC había advertido en un auto dictado el pasado 19 de julio que la comisión de estudio del proceso constituyente no podía encaminar sus trabajos -que permitió por respeto a la autonomía parlamentaria- "a dar continuidad y soporte" a la Resolución anulada por la sentencia del 2 de diciembre. En ese auto, el Constitucional advirtió de forma expresa "a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa" de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados".

"Claro incumplimiento"

Para Espejo-Saavedra, "a partir de aquí se sucedieron unos hechos que ponen de manifiesto que, efectivamente, hubo un claro incumplimiento" tanto del auto del 19 de julio como de la anterior sentencia de 2 de diciembre, incumplimiento que focaliza sobre todo en Forcadell y no en los 72 diputados independentistas que impusieron que en el Pleno se votaran las conclusiones de la comisión del proceso constituyente e hicieron uso de su mayoría parlamentaria para aprobarlas.

El represente de C's asegura que Forcadell, JxS y la Cup adoptaron la "estrategia" de que fueran los grupos, y no la Mesa, la que llevara esas conclusiones a votación, una estrategia, a su juicio, fraudulenta porque se utilizó el Reglamento de la Cámara, que permite a dos grupos parlamentarios modificar el orden del día del Pleno, para burlar los mandatos del Tribunal Constitucional.

"Como rectora del debate parlamentario de acuerdo con el Reglamento, investida por tanto de poder público para el ejercicio de tal función, y de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del TC, la Presidencia debía impedir que se utilizase un artículo del Reglamento del Parlamento, en evidente fraude de ley, para eludir la prohibición impuesta a la Mesa y, por tanto también, a la Presidencia", afirma el diputado en su escrito al tribunal.

El TC tendrá que decidir en las próximas semanas qué medidas toma respecto a Forcadell en el caso de que llegue a la conclusión de que ha desobedecido.