El ex asesor de Urbanismo de Marbella y cerebro de la mayor trama de corrupción municipal destapada en un ayuntamiento, Juan Antonio Roca, ha sumado este miércoles una nueva condena al rosario de sentencias que lo mantienen en prisión. La Audiencia de Málaga le ha impuesto un año y medio de prisión y el pago de 10,7 millones de euros al Consistorio marbellí por desviar fondos destinados a la construcción de una desaladora en el municipio.

Roca ha sido condenado por un delito de malversación de caudales y otro de prevaricación administrativa, y junto a las penas de cárcel y al pago de la millonaria indemnización deberá cumplir una nueva pena de inhabilitación absoluta por espacio de 12 años.

Las penas se alejan de los ocho años de cárcel y los 29 de inhabilitación solicitados al inicio del juicio por la Fiscalía Anticorrupción, que acusaba a Roca de huir del derecho administrativo practicando en las contrataciones del Ayuntamiento de Marbella una “ilícita y torticera forma de actuar” que más tarde fue exportada a otros organismos como la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol.

"Graves incumplimientos"

En la etapa de los gobiernos del GIL en Marbella Roca llegó a ostentar el cargo de gerente de la mercantil Mancosol Urbanismo, ligada a la empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios.

En 1995 se declaró la emergencia de un expediente para contratar y ejecutar las obras de una desaladora para Marbella ante la penosa situación de sequía que sufría la Costa del Sol. La Cámara de Cuentas de Andalucía detectó “graves incumplimientos de la normativa legal aplicable” en el proceso de contratación administrativa y control contable del proyecto.

La sociedad municipal Planeamientos 2000, dirigida entonces por Roca, asumió la expropiación de siete parcelas cuyos expedientes no se concluyeron. Tampoco se abonó el justiprecio a los propietarios de las fincas afectados, pese a que la empresa adjudicataria de las obras sí pagó algo más de 900.000 euros para ello.

Obligación de indemnización

La Audiencia considera probado el desvío de buena parte de este dinero al patrimonio personal de Roca, al que se obliga a indemnizar a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol en las cantidades que este ente deba abonar por los expedientes de expropiación.

En el procedimiento también fue acusado inicialmente el letrado José Luis Sierra, persona de confianza del fallecido alcalde Jesús Gil, al que la Fiscalía imputaba el desvío de otros 455.000 euros hacia una empresa de su propiedad. El letrado quedó fuera del proceso tras sufrir un deterioro cognitivo severo como consecuencia de la enfermedad de Alzheimer.