La cúpula judicial vasca sale en apoyo de la jueza del caso Cabacas

La instrucción que se sigue por la muerte del joven Íñigo Cabacas durante una carga de la Ertzaintza en abril de 2012 ha originado una inusual tormenta judicial y la intervención de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha salido en apoyo de la jueza instructora, Ana Torres, ante las críticas por “dilaciones indebidas” recibidas por parte del fiscal superior, Juan Calparsoro.

El máximo órgano de gobierno interno de la administración judicial, reunido este viernes, ha acordado respaldar a la magistrada y dejar constancia de las “injustificadas críticas” de las que ha sido objeto por parte del fiscal superior.

En un breve acuerdo de tres puntos censura que Calparsoro difundiera públicamente “tales imputaciones” y le recuerda que debía “haberlas hecho valer” en el seno de la instrucción, o en todo caso ante los órganos de gobierno de la carrera judicial.

Finalmente acuerda dar cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado, a la que trasladará el escrito de queja presentado por la jueza ante la sala de Gobierno el pasado 7 de junio y el informe del ponente encargado de su estudio, cuyas conclusiones recoge el pronunciamiento emitido.

Poco antes de que diera comienzo la reunión de la cúpula judicial el fiscal Calparsoro ha aprovechado la realización de unas jornadas en el Palacio de Justicia de Bilbao para pedir en público “disculpas” a la jueza ante el “malestar” generado. Circunstancia que también recoge la sala de Gobierno en su acuerdo.

"PARÁLISIS" DEL PROCESO

La necesidad impuesta por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de cerrar el 7 de junio de este año todos los procesos de instrucción iniciados antes del 7 de diciembre de 2015, centró la atención en las diligencias iniciadas para aclarar las responsabilidades penales que pudieran desprenderse del fallecimiento de Íñigo Cabacas en Bilbao como consecuencia del impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza.

Tres días antes de que se cumpliera el plazo el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, declaró en El Correo su posición favorable al cierre de la instrucción y la intención de la Fiscalía de no solicitar una prórroga atendiendo a la “complejidad” del proceso, una posibilidad contemplada en la ley.

“Lo que no se ha podido probar en cuatro años de investigación, no se va a poder hacer ahora por mucho que se prorrogue la instrucción judicial. Es hora de tomar decisiones”, manifestó, instando por tanto a la jueza a decidir entre archivar el caso o encaminarlo a la apertura de juicio oral con imputaciones concretas sobre los seis ertzainas investigados.

En sus declaraciones, Calparsoro criticó a la magistrada Torres por la “parálisis” que había sufrido la investigación y las “dilaciones indebidas” que acumulaba el proceso iniciado en abril de 2012.

Su opción de no prorrogar la instrucción no fue compartida por la fiscal del caso que, aunque no la solicitó directamente, no se opuso a la solicitud formulada por la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, de prolongar las diligencias y se mostró favorable a la concesión de extenderlas durante los próximos seis meses, tal y como decidió la titular del juzgado número 10 de Bilbao.

MALESTAR DE LA JUEZA

La magistrada, sintiéndose aludida por Calparsoro, presentó el día 7 una queja ante la sala de Gobierno del TSJPV en la que expresaba su malestar por la situación generada y negaba haber causado ninguna paralización o dilación al proceso.

La jueza Torres achacaba la prolongación de la causa a su complejidad y a la necesidad de practicar gran cantidad de diligencias. Entre ellas citaba las tomas de declaraciones a los seis investigados y decenas de testigos, las pruebas periciales llevadas a cabo, como la reconstrucción a pie de calle de la secuencia de la carga policial, la extensa documentación solicitada, y las múltiples peticiones formuladas por la acusación a las que había habido que dar respuesta.

Según fuentes judiciales consultadas por El Español, la magistrada destacaba que las críticas de Calparsoro no sólo minaban públicamente su quehacer profesional sino que proyectaban una imagen distorsionada de la justicia. E incidía en que la Fiscalía en ningún caso había instado internamente la conclusión de la instrucción.

INEXISTENCIA DE DILACIONES

Toda queja que llega a la sala de Gobierno es examinada por la lupa de un ponente que luego eleva sus conclusiones al órgano judicial para que éste decida.

La reclamación de la magistrada del caso Cabacas fue examinada por el decano de los jueces de Bilbao, Aner Uriarte, cuyo pronunciamiento ha sido secundado por la cúpula judicial.

Uriarte dio por buena las explicaciones de la magistrada sobre la complejidad de la causa y concluyó que Calparsoro no había aportado ningún argumento que justificara su apreciación de la existencia de dilaciones indebidas más allá del tiempo – más de cuatro años- transcurridos desde la muerte de Cabacas.

Según fuentes conocedoras de su informe, en él se incide en la contradicción de que la Fiscalía mantenga esa opinión y , sin embargo, no haya pedido el cierre de la instrucción como parte personada en la causa.

DISCULPAS DE CALPARSORO

Antes de que se reuniera este viernes la sala de Gobierno el máximo representante del Ministerio Fiscal en el País Vasco ya era consciente del revuelo interno causado por sus declaraciones, por lo que ha intentado minimizar los daños adelantándose a su decisión y pidiendo previamente disculpas.

“Mis palabras quizás no fueron las más acertadas”, ha asegurado en un foro jurídico, ante un auditorio integrado también por medios de comunicación.

Juan Calparsoro ha pedido “disculpas” a la jueza y ha enmarcado sus reflexiones en la responsabilidad que tiene el ministerio público de “informar a la opinión pública” en casos de tanta transcendencia social como el de Cabacas.

Aunque ha reconocido que no fue demasiado “preciso”, implícitamente se ha vuelto a mostrar disconforme con los plazos de la instrucción al recordar el caso de la mujer que perdió un ojo en una carga policial efectuada por los Mossos d´ Esquadra en Barcelona en noviembre de 2012, siete meses después de la que acabó con la vida de Cabacas. Ha mencionado que sobre ese asunto hay ya sentencia firme –absolutoria para los agentes encausados-, mientras que el que se instruye en Bilbao acomete ahora un “horizonte temporal de seis meses”, durante el que se ha mostrado seguro de que se podrá llegar " a una conclusión" de lo ocurrido.

Sus palabras han sido bien acogidas por el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, quien ha manifestado que “hay pocas cosas más interesantes que reconocer los errores”.