La jefa de Gabinete de Jaume Matas, Dulce Linares, ha asegurado este martes en el juicio por el 'caso Nóos' que el ex presidente del Gobierno balear “nunca” le dio ninguna orden para que no realizara los controles oportunos en la contratación al Instituto Nóos para la celebración del Illes Balears Forum (IBF) 2005 y 2006, y por lo que se dio a Iñaki Urdangarin y Diego Torres 2,3 millones de euros de las arcas públicas.
Linares, que fue imputada en esta causa pero finalmente no llegó acusada al juicio, ha declarado en calidad de testigo en la vista que se sigue en la Audiencia Provincial de Palma contra el cuñado del rey Felipe VI, su ex socio, la infanta Cristina de Borbón, Matas y otros trece acusados. El acusado José Luis 'Pepote' Ballester, director general de Deportes en el momento de los hechos, aseguró que Linares estaba en el día a día en el convenio de colaboración que se concedió al Instituto Nóos para la celebración de los dos foros.
Sin embargo, la ex jefa de Gabinete de Matas ha asegurado que sólo mantuvo dos reuniones con los socios de Nóos. El abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, ha intentado demostrar que ella avaló el proyecto, les ayudó e hizo un seguimiento continuo. Así, le ha mostrado una serie de correos electrónicos con el que fuera secretario del Instituto y hombre de confianza de Urdangarin, Mario Sorribas, quien le hacia todo tipo de peticiones, entre ellas que le ayudara con la ubicación para celebrar unos premios para el IBF del año 2006. “¿De estos se ocupaba también usted?”, le preguntó el letrado. “Sí, como jefa de gabinete del presidente”.
La presidenta del tribunal, Sumantha Romero, ha tenido que cortar en varias ocasiones a González Peeters por la agresividad que mostraba en las preguntas a la testigo, a quien estaba poniendo nerviosa. “Su comportamiento es contraproducente”, le ha espetado. “Me alejaré del micrófono porque en ningún caso mi intención es esa”, le ha contestado el letrado. “No creo que sea un problema de volumen”, ha concluido la magistrada.
El abogado del yerno de Juan Carlos I, Mario Pascual Vives, ha sido muy escueto en su interrogatorio. Se ha limitado a preguntar a Linares si por su puesto tenía acceso a los datos de auditoría o Tribunal de Cuentas. “¿Desde auditoría tuvo conocimiento de alguna irregularidad en estos convenios?”, le ha preguntado. “No, ninguna”, ha atestiguado.
A preguntas del abogado de Matas, ha asegurado que esos convenios se otorgaron “siempre en la estricta legalidad” y nunca nadie le comentó que recibiera ninguna orden ilegal de Matas para conceder esos convenios.
Esta versión contradice a la aportada por Ballester, quien reconoció en el juicio, que fue Matas quien ordenó conceder el dinero al Instituto Nóos porque Urdangarin era quien era. Linares ha defendido que el IBF era necesario, una vez que en las Islas Baleares existía un problema de estacionalidad del turismo y con este foro de pretendía buscar una solución e intentar que con el deporte hubiera turismo en otras estaciones del año que no fuera en la época veraniega.
Linares, ya fue absuelta en el primer juicio celebrado en el marco del caso Palma Arena, en el que Matas fue por su parte condenado a seis años de prisión, pena finalmente rebajada hasta los nueve meses por el Tribunal Supremo y por lo que ingresó en un centro penitenciario para su cumplimiento.
La infanta y Urdangarin no acuden al juicio
La semana pasada finalizaron los interrogatorios de los acusados, siendo la infanta Cristina de Borbón la última en declarar. Una vez finalizada esta fase, el tribunal anunció a todos los acusados que estaban en el derecho a renunciar a su presencia en el juicio, dejándoles la opción de no acudir presencialmente durante los interrogatorios a los acusados, peritos, así como a la prueba documental.
En la primera sesión de declaraciones de los testigos, a los únicos acusados que se ha visto sentados en el banquillo ha sido a Diego Torres, 'Pepote Ballester, y al ex asesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miguel Ángel Bonet. Estos dos últimos han llevado a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos, como así hicieron, a cambio de una reducción de la petición de pena.
En el caso de Torres, defendió durante sus más de veinte horas de interrogatorio la legalidad de todos los convenios de colaboración firmados por los gobiernos balear y valenciano y cargó todas las culpas en los problemas fiscales y de facturación a sus cuñados, Miguel y Marco Antonio Tejeiro. Además, sostuvo en reiteradas ocasiones que todo su trabajado estaba controlado y supervisado por la Casa Real.