La jueza encargada de investigar la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizó Luis Bárcenas en el PP ha requerido al partido para que "identifique a los responsables del departamento de informática" que materialmente llevaron a cabo la eliminación de esos elementos, en los que en su día estuvieron almacenados las pruebas de la supuesta financiación ilegal de la formación.

Así consta en la resolución con la que la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, inicia la investigación de un asunto que llegó a ese Juzgado en 2013 procedente de la Audiencia Nacional y que se archivó acto seguido por la entonces responsable de ese Juzgado, Esperanza Collazos.

No fue solo Collazos la que, al no apreciar delito de encubrimiento ni de daños, cerró el asunto sin llevar a cabo pesquisa alguna. El ex juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investigó la financiación del PP y sí vio indicios de esos delitos, tampoco ordenó ninguna diligencia sobre la destrucción de los discos duros de Bárcenas y se limitó a inhibirse a favor de los Juzgados de Madrid.

De hecho, pese a que Bárcenas, en su confesión del 15 de julio de 2013, alertó a Ruz de que el PP no había querido devolverle los ordenadores donde guardó los datos de la caja B del partido, el entonces juez de la Audiencia Nacional no pidió al partido las computadoras hasta un mes después, el 16 de agosto, y ni siquiera lo hizo por su propia iniciativa sino después de que se lo pidiera la defensa del ex tesorero, ejercida en aquel momento por Javier Gómez de Liaño.

"No hay disco duro"

Los ordenadores fueron remitidos de inmediato al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y el 29 de agosto de 2013 el secretario judicial dejó constancia de que el ordenador Toshiba "carece de disco duro por haber sido extraído con anterioridad" , mientras que en el ordenador Apple se encontró un disco duro que no era el original, sino otro. El PP entregó a Ruz una factura correspondiente al cambio de disco duro del Apple, llevado a cabo por el propio Luis Bárcenas en octubre de 2012.

Las acusaciones populares personadas en el procedimiento sobre la financiación irregular del PP llevan más de dos años intentando averiguar quién destruyó el disco duro del Toshiba, en el que Bárcenas fue guardando los secretos contables del partido. Esos datos, en todo o en parte, fueron volcados luego al ordenador Apple, una tarea para la que Bárcenas llamó al jefe del servicio de informática del PP, Javier Barrero, ahora querellado en el Juzgado de Instrucción número 32 y citado a declarar el próximo 4 de febrero.

La asociación de derechos humanos DUDH-DESC fue la primera acusación popular que pidió a Ruz, allá por septiembre de 2013, que "se requiera al PP para que identifique a las personas que hayan tenido bajo su custodia los ordenadores de Bárcenas, a los técnicos que hayan procedido a realizar los borrados y cambios de disco duro y, una vez identificados, sean todos ellos citados a declarar en calidad de testigos".

El requerimiento para la identificación de esos técnicos -no el resto de los extremos propuestos- acaba de ser acordado ahora, más de dos años después. Además de la citación de los dos querellados (Barrero y la actual tesorera, Carmen Navarro) y de la declaración como testigos de Bárcenas, su secretaria en el PP, el jefe de seguridad y el abogado del partido, la instructora ha resuelto también recabar pruebas documentales.

Entre ellas destaca un requerimiento a la empresa privada que en octubre de 2012, por encargo de Bárcenas, cambió el disco duro del Apple, un objeto, por cierto, que sigue desaparecido.