El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata da un nuevo revolcón al Partido Popular al ver indicios de que la formación presidida por Mariano Rajoy ha podido pagar con fondos públicos las obras de otra de sus sedes. En este caso se trata del edificio del PP en Boadilla del Monte (Madrid), localidad de la que fue alcalde Arturo González Panero, imputado en la causa.
El antecesor de De la Mata en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, concluyó, tras cerrar la pieza principal el 'caso Gürtel', que el PP se había lucrado del dinero ilícito obtenido por el alcalde de otro Ayuntamiento de la órbita de la Gürtel, el de Pozuelo de Alarcón. El alcalde de Pozuelo era Jesús Sepúlveda, marido entonces de Ana Mato. La ex ministra de Sanidad con Rajoy dimitió después de que Ruz la señalara como partícipe a título lucrativo.
Sin embargo, el instructor no apuntó entonces al partido como responsable directo de los supuestos delitos relacionados con estas sedes. Sí lo hizo en la pieza separada conocida como 'papeles de Bárcenas', en la que se investigó el pago de la obras de la sede central del partido con dinero ajeno a la contabilidad oficial y por lo que acudirá a juicio como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por sus dos tesoreros, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
En esta nueva pata del caso Gürtel, De la Mata sostiene en un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que existen indicios que apuntan "la posibilidad de que se utilizaran fondos públicos para la financiación de obras y actos del Partido Popular en Boadilla del Monte", tal y como acreditó un informe de la Intervención General del Estado, apoyado por otros de la Agencia Tributaria y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF).
A pesar de estos indicios, el magistrado se opone a la pretensión del PSOE, que actúa como acusación popular en la causa, de registrar la sede del partido en la localidad madrileña. "Lo relevante en este caso -recoge el auto- no es determinar si el PP hizo o no obras en su sede en Boadilla del Monte y cuál fuera su coste, sino si parte de estas obras se financiaron con fondos públicos".
Rechaza un registro
La inspección ocular pretendida por la acusación "no determinará, obviamente, la existencia de obras pagadas con fondos públicos, existiendo otros medios de prueba, disponibles en las actuaciones, para poder alcanzar tales conclusiones", señala la resolución.
A su juicio, "la identificación y valoración, por su parte, de todas las obras o adquisiciones que el PP haya podido realizar en esta sede a lo largo de los años tampoco resulta relevante para determinar si hubo partidas de fondos públicos que sufragaron algunos actos, obras o servicios".
De esta manera, De la Mata apoya el informe de la Fiscalía Anticorrupción que, aunque se opuso a la entrada y registro de la sede del PP en Boadilla, señala la "existencia de indicios suficientes de la posible utilización de fondos públicos para la financiación de actos y obras del PP". Así, apunta a una posible malversación de fondos públicos "y su aprovechamiento por el PP", para lo que habrá que investigar si estas obras se sufragaron con fondos públicos.
Justo antes de las elecciones generales, el PSOE presentó un escrito en el Juzgado en el que solicitaba el registro de la sede tras comprobarse que podría haber sido pagada con "fondos públicos" a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMSV) en el año 2006. González Panero era el alcalde del municipio entonces.
Para la acusación, la Policía debía entrar en el edificio porque el partido cambió de sede después del informe de la Intervención General del Estado. "Estos hechos son suficiente motivación para reiterar la entrada y registro de este local, señalando que, esta medida excepcional y urgente es necesaria, para comprobar la ejecución de obras pagadas con el dinero de los ciudadanos de Boadilla y que el partido popular está intentando burlar abandonándola rápidamente", sostuvo el Partido Socialista.