Las opiniones de la sociedad española sobre la Administración de Justicia empiezan por "i": es ineficaz e ininteligible, pero generalmente imparcial. También se percibe anticuada, desorganizada y pendiente de una reforma integral que debería ser consensuada por las fuerzas políticas a través de un pacto de Estado. Éstas son las conclusiones del Barómetro 2015 encargado por el Consejo General de la Abogacía y difundido esta mañana por su presidente, Carlos Carnicer, y el responsable de Metroscopia, el sociólogo José Juan Toharia.
Del sondeo se desprende que la opinión de los ciudadanos sobre la Justicia no ha mejorado durante la legislatura del PP. En conjunto, funciona mal, según estima el 53% de los encuestados frente al 32 % que tiene un criterio positivo. La opinión favorable ha crecido cinco puntos respecto al barómetro de 2011, pero también ha crecido en tres puntos la opinión desfavorable.
"Se ha producido una llamativa y si duda grave erosión en la imagen que la ciudadanía española tiene de su Estado de Derecho", sostiene el informe. Se basa en que en el momento actual un 60% cree que el Estado de Derecho "está en peor situación que en el conjunto de pos países más avanzados". En 2005 daba esa respuesta un 38%.
Barómetro del Consejo General de la Abogacía Española 2015
Las causas
¿A qué se debe un diagnóstico tan negativo? Mayoritariamente, se percibe que el lenguaje y los procedimientos de la Justicia son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio; que la Administración judicial sigue sin estar bien organizada y dotada de medios modernos y que no se le proporcionan recursos suficientes.
Junto a ello, la ciudadanía piensa que el interés de "todos" los gobiernos por la Justicia no ha sido dotarla de medios suficientes para que sea eficaz sino "controlarla". La percepción generalizada es que en "muchas" ocasiones no sirve de nada ganar un pleito porque en la práctica la sentencia no se cumple o se ejecuta tarde y mal.
Buenos jueces, pésimo CGPJ
De la hoguera se salvan los jueces. La Magistratura española es "tan buena como la de cualquier otro país de la Unión Europea". Lo afirma el 69% de los encuestados, diez puntos más que en 2011. Un porcentaje mayoritario considera que, en general, los jueces suelen ser imparciales, es decir, que no están predispuestos a favor o en contra de ninguna de las partes implicadas en un proceso.
El órgano de gobierno de los jueces, en cambio, sale muy mal parado. Las preguntas han incorporado el contenido de la última reforma realizada por el PP sobre el Consejo General del Poder Judicial y el resultado es demoledor. Así, el 88% responde afirmativamente a la pregunta de si "tal y como está organizado y funciona, con una Comisión Permanente que tiene casi todas las funciones, el CGPJ está demasiado influido y condicionado políticamente".
El 31% cree que el CGPJ defiende adecuadamente la independencia judicial (el porcentaje era del 37 en 2011) y el 79% (68% en 2011) opina que se suele decidir sobre cargos y nombramientos de jueces "más por criterios políticos o de amistad que en función de factores exclusivamente técnicos y profesionales".