El comisario Jose Manuel Villarejo Pérez asegura en una carta remitida al director de este periódico que fue testigo de "órdenes ilegales" "recibidas y ejecutadas" por el anterior comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Sus palabras hacen referencia a la llamada 'Operación Kitchen', que desde el pasado domingo viene desvelando EL ESPAÑOL y que sirvió para conseguir documentación custodiada por la familia Bárcenas que nunca pasó a manos de un juez. Entre los papeles, tal y como publicó ayer este diario, existían anotaciones comprometedoras para el presidente del Gobierno. La mano de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, dejó constancia por escrito de una de sus principales armas en el pulso contra el PP: "Pagos obras en casa de Mariano". Ningún magistrado pudo preguntar nunca al extesorero por este extremo, ya que la información nunca llegó a sus manos.
En su misiva a este diario, el comisario Villarejo limita el ámbito de la guerra interna que se libra en el corazón de la Policía Nacional en relación al robo de documentación en casa de la familia Bárcenas y matiza que él no es el "representante de una facción de la Policía enfrentada a otra". "No existe tal enfrentamiento", sentencia. "Tan sólo la conducta, desde mi humilde punto de vista, de un delincuente que soprendentemente llegó a ser policía y pese a su inutilidad, comisario".
En su escrito a este periódico, el comisario de la Policía Nacional niega haberse "apoderado ilegalmente de pruebas sobre Luis Bárcenas, utilizando como coartada una operación encaminada a encontrar el dinero oculto del ex tesorero del PP", en referencia de nuevo a la Operación Kitchen, orquestada en verano de 2013 y que sirvió para captar a informadores del entorno más cercano de Luis Bárcenas.
Coacciones para acallarle
Villarejo asegura que "jamás" ha participado en "operación ilegal alguna" aunque "sí" fue "testigo de ciertas órdenes ilegales que el comisario Martín Blas recibió y ejecutó y que en su día ya denuncié en sede judicial y policial con escaso éxito". En febrero de este año, Villarejo presentó una denuncia formal contra el comisario Martín Blas, al que acusó de fabricar pruebas falsas en el caso del Pequeño Nicolás para coaccionarle. Según su versión, el objetivo último de estas presiones era evitar que Villarejo desvelara "gestiones del máximo secreto para la dirección del PP", en una referencia encubierta a la 'Operación Kitchen'.
En uno de los informes policiales, Martín Blas hizo pasar a un jubilado de la zona por el comisario Villarejo para vincularle de forma errónea con el investigado. Lejos de pensar en una equivocación, Villarejo vio en ello una maniobra deliberada para perjudicarle.
En palabras del responsable policial, "es cierto que el comisario Martín Blas y su acólito el inspector Rubén se dedicaron a fabricar pruebas falsas contra mí, en varios sumarios, conducta que denuncié", tanto a la dirección de la Policía Nacional como al juez encargado del caso del Pequeño Nicolás, Arturo Zamarriego. "El juez ni admitió [la denuncia], ni contestó para evitar que pudiera recurrir tan prevaricadora conducta", recuerda el mando policial, que arremete también contra el instructor.
Una venganza
Villarejo mantiene que, en venganza por su denuncia, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid -encargado del caso del Pequeño Nicolás- ha incoado "una pieza secreta" para tratar de atribuirle "falsamente la autoría de la grabación de una conversación entre agentes de Asuntos Interior y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)".
En diciembre de 2014 se hizo pública una grabación en la que cinco agentes participantes en la investigación hablaban, entre otras cuestiones, de blanquear pruebas sobre el Pequeño Nicolás. Por el momento, el juez intenta determinar la procedencia de la cinta. Sobre su mesa, el magistrado tiene un informe de la Policía Científica que revela un dato certero: la escucha fue realizada por uno de los cinco agentes en la conversación gracias a su teléfono móvil. Ninguno de ellos era el comisario Villarejo. El agente mantiene que es fruto de una persecución tras denunciar "el abyecto uso de la policía con fines políticos".
A continuación reproducimos íntegra la carta al director de este diario:
SR. DIRECTOR DEL DIARIO EL ESPANOL:
En virtud del Derecho de Rectificación y sin perjuicio de ejercer las acciones legales que me correspondan le solicito que publique esta carta de rectificación, con los mismos caracteres tipográficos y espacio en que fue publicada la noticia del día 22 del presente que alude a mi persona, por parte de los periodistas Esteban Urreiztieta y Daniel Montero, bajo el título: OPERACIÓN KITCHEN (I), Policías se apoderaron de papeles de los Bárcenas que no entregaron al juez
No es cierto que el comisario Villarejo, represente una facción de la Policía enfrentada a otra, liderada por el comisario Martín Blas. No existe tal enfrentamiento en el seno policial, tan solo la conducta desde mi humilde punto de vista, de un delincuente, que sorprendentemente llegó a ser policía y pese a su inutilidad, a Comisario.
Es falso haberme apoderado ilegalmente de pruebas sobre Luis Bárcenas, utilizando como coartada una operación encaminada a encontrar el dinero oculto del ex tesorero del PP. Jamás intervine en operación ilegal alguna, aunque si fui testigo de ciertas ordenes ilegales que el Comisario Martín Blas recibió y ejecutó y que en su día ya denuncié en sede judicial y policial, aunque con escaso éxito, porque no se admitieron y por tanto nadie me permitió profundizar sobre ello.
Desconozco por tanto el carácter de las pruebas documentales que su medio dice haber cotejado con la familia Bárcenas y que coinciden en su mayoría, “con el material custodiado en su domicilio y que forma parte de su estrategia de defensa”. Toda la información a la que he tenido acceso en cuantas actuaciones policiales he intervenido las he transmitido a mis superiores, que a buen seguro trasladaron a los jueces.
Carece por tanto de verosimilitud, tanto la existencia de tal reyerta policial, como que en ella se me intente atribuir la autoría de las posibles ilegalidades en una operación que tuviera por fin detraer de la acción judicial pruebas relacionadas con el ex tesorero. Insisto por tanto, en que el Comisario Villarejo, como miembro activo de la policía judicial, solo ha participado en actuaciones como auxilio a la Justicia.
Es cierto que el comisario Martín Blas y su acólito el inspector Rubén se dedicaron a fabricar pruebas falsas contra mí, en varios sumarios, entre otros en el caso Nicolás, conducta que denuncié, pero no solo no fue archivada, más grave aún, el Juez, ni la admitió, ni contestó, para evitar que pudiera recurrir tan prevaricadora conducta.
Debo señalar que la denuncia que formulé contra dicho Juez ni siquiera fue admitida y no deja de provocarme estupor, que se le tolere, no solo la actuación, cuanto menos irregular que está teniendo en el Sumario del caso Nicolás, como que, después, se esté vengando de mi denuncia, abriendo una nueva pieza secreta, para tratar de atribuirme falsamente la autoría de la grabación de una conversación entre agentes de Asuntos Internos y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ello le será difícil, si la charla, fue registrada por alguno de los asistentes a dicha reunión.
Entiendo que la imaginación de ese “Juez”, es del mismo nivel, de la impunidad que le están otorgando. Y ello, para perseguir a un comisario, de manera implacable, porque se ha negado a dejar de denunciar, el abyecto uso de la policía con fines políticos.
Atentamente
Jose M. Villarejo Pérez. Comisario del Cuerpo Nacional de Policía