Ciudadanos propone suprimir el Senado y el CGPJ

Ciudadanos propone suprimir el Senado y el CGPJ Román Ríos Efe

España Elecciones generales

Ciudadanos propone suprimir el Senado y el CGPJ

Las funciones del Consejo General del Poder Judicial se asignarían al presidente del Supremo. También propone el fin del aforamiento para políticos.

7 noviembre, 2015 12:30

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Albert Rivera ha presentado en Cádiz la propuesta de reforma institucional de Ciudadanos para la próxima legislatura. Las medidas más destacadas son la supresión del Senado en favor de una Conferencia de Presidentes Autonómicos -como adelantaba este sábado EL ESPAÑOL-; la eliminación del Consejo General del Poder Judicial, cuyas funciones serán asignadas al presidente del Supremo, y el fin del aforamiento para cargos públicos. El acto se ha realizado en el Palacio de Congresos gaditano con sus 900 plazas llenas y con seguidores viendo el acto en pantallas fuera del recinto. Los gritos del público eran raros para un mitin político: “Explicar una reforma constitucional con el fondo sur de Cádiz va a ser difícil”, ha dicho Rivera.

La simbología de Cádiz es obvia en el acto de Ciudadanos. Aquí se promulgó la primera Constitución española en 1812: “Me hubiera gustado ser diputado de las Cortes de Cádiz”, ha dicho Rivera. Los líderes de Ciudadanos han hecho tras el acto una oferta floral al Monumento a la Constitución en la Plaza de España de Cádiz.

Ciudadanos ha emitido durante el acto un vídeo que recordaba la Constitución de Cádiz, cuando los españoles querían ser “ciudadanos y no súbditos”, y la posterior historia de España. Tras las imágenes de la Guerra Civil y Franco, la voz en off decía “pero resurgimos” con numerosos planos de Suárez. Tras imágenes en color de Felipe González y José María Aznar, el audio dice “España perdió el rumbo”, se pasa al blanco y negro y aparece Rodríguez Zapatero -la audiencia ha silbado- y, segundos después, Rajoy y su célebre frase “¿y la europea?”

Una parte de las propuestas de Ciudadanos implicaría la reforma de la Constitución, que requiere dos tercios del Congreso. A Rivera no le bastaría por tanto con un acuerdo con un solo partido. El plan tiene tres grandes ejes: despolitización judicial, organización territorial y transparencia y cercanía parlamentarias. Antes, Rivera ha querido destacar que Ciudadanos volverá a destacar los derechos sociales, pero con un detalle: “Las leyes que desarrollen los derechos sociales -salud, vivienda- deben llevar una memoria económica que garanticen su aplicación”, ha añadido.

Una justicia menos politizada

“Hoy se ha fusionado el poder político con el poder judicial, y eso no puede ser”, ha dicho Rivera. Ciudadanos pretende que las funciones actuales de gobierno de la justicia pasen del Consejo General del Poder Judicial al presidente del Tribunal Supremo: “Esta es una de las bombas políticas que íbamos a soltar”, ha dicho Rivera. El presidente del Supremo tendría dos adjuntos, su elección necesitaría dos tercios del Congreso y los candidatos deberían llevar 20 años de carrera y no haber pasado por ningún partido político. “Los nombramientos serán por mérito, por capacidad y por concurso”, ha añadido Rivera.

El nombramiento del Fiscal General del Estado y de los miembros del Tribunal Constitucional también sería distinto. Para el Fiscal, una comisión del Congreso nombraría una terna con mayoría reforzada y el gobierno seleccionaría su candidato. En ambos casos, también la desvinculación de fuerzas políticas y la larga experiencia serían obligadas.


Si Ciudadanos logra imponer su reforma, la relación con los partidos políticos se complicará para todo juez y magistrado. El documento de Ciudadanos prevé para quienes acepten cargos políticos “un periodo obligatorio de excedencia mínimo de dos años” tras el cese. “Los jueces españoles se merecen una justicia despolitizada”, ha concluido Rivera.

Otra organización territorial

El partido de Rivera quiere hacer desaparecer el Senado. Se trata de la, posiblemente, propuesta estrella del acto, como quedó demostrado con el "Tachán" con que Rivera se expresó cuando apareció en la pantalla el punto que trataría a continuación. La disolución de este órgano recaería en favor de una Conferencia de Presidentes Autonómicos que actúe coordinada con el Congreso en asuntos relacionados con sus áreas de competencia: “Son Comunidades pero también Estado”, dice el documento de Ciudadanos. El papel de esta nueva Conferencia -que no tiene nada que ver con el actual Consejo de Presidentes Autonómicos- tendría en asuntos polémicos un papel subordinado al Congreso: “En caso de discrepancia con el Congreso, prevalecerá lo decidido por éste, tras haberse intentado consensuar una posición común”, dice el texto de Ciudadanos.


La financiación autonómica también variaría para garantizar la igualdad en todos los territorios. El documento de Ciudadanos detalla así sus intenciones con el concierto vasco: “Se debe hacer un cálculo razonable de la contribución vasca y navarra a la Hacienda estatal con el fin de evitar desigualdades de una menor contribución a la solidaridad colectiva”.


La Constitución debería también regular, en un sistema parecido al alemán, qué competencias son del Estado, cuáles son compartidas y cuáles son exclusivas de las autonomías. Rivera no ha dado detalles de qué competencias se trataría en cada caso.

Una relación más directa con la ciudadanía

Ciudadanos quiere una nueva ley de partidos -primarias obligatorias y transparencia- y una nueva ley electoral. El documento habla del “inspiración” en el modelo alemán. En Alemania cada ciudadano vota a su diputado en circunscripciones uninominales y luego a un partido para completar la composición del Parlamento. Rivera ha dado más detalles en el acto. Cada ciudadanos votaria dos veces: uno, 175 diputados se escogerían por distritos de unas 250.000 personas cada uno y, dos, 175 escaños en votos a las siglas del partido. Sería un cambio sustancial. Una hipotética nueva ley electoral requerirá mucho debate y consenso.


Ciudadanos quiere también rebajar el número de firmas para las iniciativas populares de medio millón a 250.000 y que el Congreso tenga la obligación de considerarlas en menos de tres meses.

Rivera también propone el fin del aforamiento para representantes públicos y un régimen de incompatibilidad con sanciones: “Los cargos públicos tenemos que defendernos en primera instancia como todos los españoles”, ha dicho Rivera.