El dinero del fondo del rey Juan Carlos y Corinna acabó en tres paraísos fiscales

El dinero del Fondo Hispano-Saudí, el gran negocio promovido por el rey Juan Carlos y que sirvió para contratar como asesora a Corinna zu Sayn-Wittgenstein (CSW), terminó con los 21 millones aportados por empresas españolas diseminados en paraísos fiscales. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la documentación interna de la inversión, donde queda constancia de que la plataforma a través de la que se instrumentó está vertebrada por trece sociedades radicadas en las Islas del Canal, Suiza y Bermudas. Por lo tanto, pese a publicitarse como un proyecto estatal y de interés general, ni un solo euro de impuestos acabó en España y los beneficios quedaron en manos de intermediarios y empresas privadas que se repartieron los fondos con opacidad.   

El proyecto se anunció en abril de 2006 como una iniciativa pública para promover la inversión española en Arabia Saudí. Y fue presentado por el rey de España de forma oficial un año después, el 16 de abril de 2007, cuando el monarca Abdala Bin Adbelaziz viajó hasta el Palacio de El Pardo.

Sin embargo, pese a presentarse por la Casa Real como un proyecto estatal, el negocio no dejó un solo euro en España ni generó puesto de trabajo alguno. No hubo empresas españolas relacionadas con su gestión y los fondos, lejos de terminar en bancos nacionales o gestionados por instituciones públicas, fueron trasladados a diversas sociedades radicadas, entre otros, en el paraíso fiscal de la isla de Guernsey.

Islas del Canal

De forma oficial, el Fondo Hispano-Saudí fue inscrito en el Reino Unido, un lugar muy regulado en cuestiones financieras, el siete de marzo de 2007. Y así se anunció a la prensa desde la Jefatura del Estado. Sin embargo, las acciones de la sociedad fueron recompradas dos meses después por dos nuevas empresas. Un par de firmas radicadas en Guernsey, el mismo destino elegido por el clan Pujol para ocultar buena parte de su fortuna.

Un año antes, Juan Carlos I se trasladó en viaje oficial a Arabia Saudí, acompañado por CSW. Las imágenes de la empresaria de origen alemán bajando del avión del monarca sirvieron para confirmar la cercanía entre ambos, y para situar a Corinna como asesora del Rey en cuestiones de diplomacia internacional. Allí nació la idea de crear el fondo, consumada cuando el jefe de estado Saudí devolvió la visita a España para recibir el Toisón de Oro, el máximo galardón concedido por la Casa Real española.

Según la documentación que obra en poder de este periódico y pese a que existen más de 200 gestoras de fondos registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el ejecutivo eligió como socios principales del proyecto a dos empresas extranjeras. Dos bancos de negocios llamados Cheyne Capital (afincado en Bermudas) y Arox Capital (Guernsey), cuyos responsables, según publicó el diario El Mundo, son amigos personales de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que mantuvo una relación con Juan Carlos I durante al menos diez años (2004-2014).

Llamadas desde el Gobierno

En un primer momento, la Casa Real otorgó la gestión del proyecto a la consultora Morgan Stanley. Sus responsables posaron incluso junto a los monarcas de España y Arabia Saudí en el acto de constitución del fondo, celebrado en El Pardo. Sin embargo, esta multinacional era solo uno de los agentes comercializadores. El fondo se controlaba en realidad con una sociedad llamada Energy and Infrastructure GP, radicada en Guernsey y creada el 20 de junio de 2007 con el número de registro 47.184.

La empresa operaba bajo la gestión de Cheyne, Arox Capital y otra compañía en las Islas del Canal; una empresa llamada Boreas, abierta en febrero de 2007 y ya liquidada. De ella pendían otras cuatro compañías abiertas también en las Islas del Canal. La primera de ellas estaba concebida para inversores que aportaran al fondo más de diez millones de dólares. La segunda, sería el vehículo de inversión de socios con participaciones más pequeñas. 

De forma paralela, los responsables de varias compañías españolas recibieron la invitación a participar en el fondo, con el aval de que la operación estaba siendo supervisada personalmente por el Rey Juan Carlos. En algunos casos y según asegura a este diario uno de los participantes, la invitación llegó directamente de un alto cargo de la Vicepresidencia del Gobierno, controlada entonces por la socialista Elena Salgado.

El documento fundacional del proyecto recoge incluso por escrito que la búsqueda de fondos era una de las tareas encomendadas directamente al Gobierno español. En total y según los documentos que obran en poder de EL ESPAÑOL, fueron 14 multinacionales las que decidieron aportar fondos al proyecto.

Sin registro en la CNMV

No hay un solo documento público que explique la elección de Cheyne y Arox Capial para desarrollar el Fondo Hispano-Saudí. No hubo oferta, publicidad o licitación pública para que cualquier otro banco de negocios se hiciera cargo del proyecto. De hecho, el propio memorándum del fondo, distribuido a los inversores y que aquí se reproduce, explica de forma clara que se trata de un negocio privado donde los reinos de España y Arabia Saudí actúan únicamente como “facilitadores”.

Según el documento, ni el gobierno de España ni el de Arabia Saudí son “responsables de forma directa o indirecta de cualquier decisión tomada por el fondo”. Por lo tanto los inversores, pese al aval de la Casa Real, actuaban sin garantías. En el apartado de España, el acuerdo explica incluso que el fondo no sería registrado en la CNMV, encargada de regular los fondos de inversión que operan en nuestro país. 

El memorándum suministrado a los inversores refleja que ellos serían los responsables de todos los gastos incurridos por Cheyne y Arox para levantar el fondo, además de aportar las comisiones de los intermediarios y el sueldo de los directivos. Es aquí donde jugó un papel primordial Corinna junto con el Comité de Inversión del proyecto, compuesto por los empresarios Eberhard von Koeber y Maikel Karlsson (responsables de Boreas) y Start Fiertz y Ludovico Mandredi (miembros de Cheyne Capital).

Pese a que el Fondo Hispano-Saudí nació para invertir en negocios de energía e infraestructuras, tres miembros de la Shari'a -la empresa pública saudí de inversiones- tenían derecho de veto sobre cualquiera de sus negocios. Además, el grupo tenía prohibido por contrato invertir en banca tradicional, en negocios de tabaco, casinos, industrias relacionadas con el cerdo, pornografía, alcohol o cualquier otro negocio susceptible de faltar a la moral musulmana.  

Aun así, la documentación preliminar prevé remuneraciones por encima del 35% en un plazo de diez años. Nunca se cumplieron. Lejos de eso, los empresarios españoles decidieron terminar con el fondo en 2009 ante la falta de resultados y los altos costes de mantenimiento. En 2010, el fondo quedó oficialmente cerrado y los empresarios hicieron cuentas. Se dejaron por el camino 21 millones de euros en menos de tres años. Unos fondos que se perdieron en el oscuro mar de las Islas del Canal.