El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha reabierto la causa por el asesinato con bomba-lapa del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, cometido por ETA el 22 de diciembre de 1995 en León, y ha procesado por estos hechos a Soledad Iparraguirre, “Anboto”, y a Sergio Polo Escobes, “Lur”.
En el auto de procesamiento, el juez acuerda esta medida a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la acusación representada por la familia, y a raiz de la revisión que las fuerzas de seguridad realizan periódicamente de los atentados de ETA sin resolver, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.
En relación con el asesinato del comandante Cortizo, la Guardia Civil señalaba en un oficio que en el registro del domicilio de Pasajes de San Pedro (Guipuzcoa) alquilado por Sergio Polo se ocuparon “numerosas evidencias, documentos y efectos que podrían ser útiles para la resolución del mencionado caso y que consideraba necesario revisar”.
Tras analizar el caso y varios informes policiales, el juez considera que de lo que obra en las actuaciones se constatan “numerosos indicios” para imputar a Iparraguirre y Polo por seis delitos de asesinato terrorista, cinco de ellos en grado de tentativa y descartar como posibles autores a los miembros de ETA Javier García Gaztelu y José Ignacio Alonso Rubio.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 3 impone a los procesados una fianza de responsabilidad civil de 1,5 millones de euros y acuerda librar una Orden Europea de Detención a Francia solicitando la entrega temporal de “Anboto” a fin de que se le tome declaración indagatoria en relación con los hechos.
La resolución judicial explica que la etarra se convirtió, a partir de 1993, en la jefa de los comandos “legales” de la organización, transmitiendo a los mismos las órdenes concretas respecto a los objetivos, ya fueran personas o bienes contra los que había que dirigirse, y dando instrucciones concretas sobre cómo había que atentar contra ellos. También les facilitaba el material y las instrucciones sobre cómo utilizarlos.
El juez destaca que “entre las diversas acciones ordenadas por la dirección ejecutiva de ETA estaba la del asesinato del comandante del Ejército de Tierra destinado en León, dando la orden expresa de asesinarlo Iparraguirre a Sergio Polo”.