Con motivo de la celebración de la 10ª conferencia ICON•S 'The future of public law: resilience, sustainability and artificial intelligence' en la sede de IE Law School, se presentó la ponencia de 'El deber de diligencia y la transparencia en un contexto ético y resiliente'.

Un trabajo en el que se analiza el nuevo escenario que se presenta a las organizaciones empresariales integradas dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, referida a la información sobre sostenibilidad corporativa y que modifica Directivas anteriores, así como en el marco de la recién aprobada Directiva 2024/1760, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

En consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en sus respectivos ámbitos de aplicación, estas Directivas se adentran en tres dominios críticos, como son la gobernanza, el medioambiente y las cuestiones sociales.

La Directiva 2022/2464, de 14 de diciembre de 2022, dio un paso crucial al impulsar a nivel comunitario una transición hacia un sistema económico y financiero sostenible, en búsqueda de un compromiso por parte de las organizaciones de divulgar información en relación con su impacto social y su huella ambiental, con arreglo a su modelo de negocio y a sus políticas de prevención de riesgos. 

Esta información debe extenderse a horizontes temporales a corto, medio y largo plazo, con mención de las propias operaciones de la organización, sus relaciones comerciales y su cadena de valor dentro de la Unión y, en su caso, en terceros países, así como de sus planes de resiliencia.

En la misma línea, la recién aprobada Directiva 2024/1760, de 13 de junio de 2024, se proyecta en el diseño e integración de los procesos de diligencia debida en prevención de riesgos e impactos adversos en materia de derechos humanos y medioambientales, no solo en el desarrollo de las operaciones empresariales, sino también en su cadena de valor. 

Ciertamente, estos procesos de diligencia debida se han de integrar en la estrategia corporativa de la organización, en sus políticas y en su sistema de gestión de riesgos en orden a prevenir y mitigar dichos efectos adversos actuales o potenciales. Las organizaciones se enfrentan así con el desafío de calibrar lo que presupone la actuación resiliente que se les demanda frente a sus riesgos de naturaleza sostenible, así como frente a los procedentes de su cadena de valor.

Del mismo modo, se reclama a las organizaciones que atiendan a otras demandas referidas a cuestiones de facto controvertidas como la necesidad de evaluar y considerar el nivel de influencia sobre los socios comerciales en el seno de las relaciones contractuales, la puesta en marcha de mecanismos de reparación y la búsqueda de soluciones colaborativas.

En este contexto, que dibujan ambas Directivas con parámetros centrados en la diligencia, la transparencia y la resiliencia, se entiende que los gestores de las organizaciones que entran dentro de su ámbito de aplicación deben asumir el compromiso de actuar de manera responsable a todos los niveles. 

Esto implica la construcción de un mensaje ético consistente, que permita encauzar de forma íntegra la actividad empresarial en la posición que le corresponde en el mercado, en consonancia con la protección de los derechos sociales y el medioambiente, y que otorgue credibilidad a la información presentada al mercado en materia de sostenibilidad. 

Es por ello crítico subrayar la importancia de revisar y fortificar este mensaje ético asentado en la cultura corporativa de cada organización de acuerdo con la filosofía sostenible que sirve de base a las Directivas, al igual que es preciso reforzar la experiencia y conocimientos de los gestores, directivos y empleados involucrados en los procesos de toma de decisiones sobre estas materias.

Puesto que, indefectiblemente, estos procesos van a resultar más intrincados al incluir criterios más estrictos en la prevención de riesgos de toda índole sociales y medioambientales, en el vasto espacio que comprende la cadena de valor a nivel nacional e internacional. 

Este mensaje ético se podrá convertir en un baluarte de defensa de la actuación de los gestores, directivos y empleados acorde a los más altos estándares de diligencia debida y transparencia en materia de sostenibilidad, pero solo se consolidará si, posteriormente, estos profesionales en la evaluación de las circunstancias de impacto social y medioambiental, así como en la consiguiente toma de decisiones al respecto, actúan de forma coherente con dicho mensaje.

En la misma línea, se entiende que desde este contexto ético se podrá asumir, de forma realista y con un enfoque holístico, una posición resiliente frente a las situaciones potenciales o reales adversas referidas a cuestiones sociales y medioambientales, que permitirá la evaluación transversal del haz de circunstancias al que se pueden enfrentar las organizaciones.

Esta perspectiva exige de nuevo a los gestores, directivos y empleados cualidades adicionales para poder tomar decisiones fundamentadas a nivel de negocio, dentro la legalidad, así como con capacidad de previsión y reacción para afrontar con eficacia la adversidad.

De este modo, en un terreno abonado por una cultura corporativa comprometida con la ética es donde parece factible considerar que los gestores de las sociedades podrán cumplir de buena fe con las exigencias legales de diligencia debida y transparencia que se desprenden de los dictados comunitarios en materia de sostenibilidad, a tenor de sus deberes societarios de lealtad y diligencia, y siempre en protección de un interés social legítimo construido a largo plazo que aúne de forma equilibrada y ecuánime la rentabilidad con la protección de los derechos sociales y el medioambiente. 

En definitiva, el modelo de conducta de diligencia debida y transparente que cuente con el sello de sostenible resultará permeable en una organización empresarial si esta cuenta de forma antecedente con un equipo gestor cualificado en estas áreas que canalice a nivel global los procesos de decisión desde un terreno ético firme y resiliente.

*** Teresa Ruano Mochales es asociada senior en Pinsent Masons y profesora en IE Law School.