La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2015, subrayó la dependencia del sector privado para abordar algunos de los desafíos más urgentes a los que nos enfrentamos. La sociedad es más consciente que nunca del impacto que tienen sus acciones en el entorno.
Y, precisamente, en este compromiso con un presente sostenible y un futuro mejor para las generaciones que vienen, las empresas no se han quedado atrás. Las compañías están poniendo en marcha diversas iniciativas relacionadas con el clima, la reducción de la huella de carbono, el uso eficiente del agua, la igualdad de género o la diversidad y la inclusión (entre otras muchas prioridades marcadas en la Agenda para el Desarrollo Sostenible).
Sin embargo, existen otras ideas que contribuyen a crear un mundo más sostenible y que, por ahora, no son tan conocidas entre el público general. Por ejemplo, las acciones llevadas a cabo por los inversores institucionales, que quieren contribuir al cumplimiento de estas metas globales a través de sus operaciones empresariales, asignación de recursos y decisiones de inversión, como consecuencia del rol crucial que desempeñan en el cuidado de las personas y el planeta.
En este sentido, la Agenda 2030 se convierte en una herramienta muy útil para ellos, ya que les brinda apoyo en la comprensión de las tendencias relacionadas con la sostenibilidad de cara a sus decisiones de inversión. De hecho, los productos financieros sostenibles han emergido como una fuerza transformadora en la economía de los últimos años por el papel tan relevante que tienen en la consecución de los ODS.
Estos instrumentos no solo han demostrado ser competitivos y ofrecer oportunidades de inversión atractivas, sino que también generan un impacto altamente positivo en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza corporativa, siendo esenciales para impulsar el Plan de Acción de las Naciones Unidas.
Otra de las ventajas fundamentales que presentan estos productos financieros sostenibles es la capacidad para innovar constantemente y, en consecuencia, buscar soluciones más respetuosas con el entorno, a la vez que se adaptan a los tiempos que corren. Esto también fomenta la investigación y el desarrollo en áreas que han ganado relevancia en la actualidad como la energía renovable, la eficiencia energética y la gestión de recursos naturales para lograr un futuro más sostenible.
No hay duda, por tanto, de que son una herramienta poderosa para movilizar capital hacia inversiones que contribuyan a las metas globales: reducir desigualdades, promover el crecimiento económico sostenible o actuar contra el cambio climático, entre otras, ofreciendo una serie de bondades significativas que van más allá de los propios beneficios económicos.
Algunos ejemplos de este impacto son: el ODS 2, hambre cero, a través de la inversión en agricultura sostenible y cadenas de suministro éticas; el ODS 3, salud y bienestar, con la financiación de empresas que promuevan la atención médica accesible y de calidad, así como la innovación e investigación para abordar enfermedades globales. El ODS 5, igualdad de género, con el apoyo a empresas lideradas por mujeres o programas que las empoderen económicamente.
Y para metas más relacionadas con el medioambiente, como el ODS 7, energía limpia, pueden respaldar proyectos de energía renovable, solar o eólica; o el ODS 13, acción por el clima, mediante la inversión en proyectos de mitigación del cambio climático, esenciales para abordar estos objetivos y combatir uno de los desafíos más críticos a los que nos enfrentamos en la actualidad, como es el calentamiento global, cuyas consecuencias pueden ser extremadamente perjudiciales para el planeta y la sociedad.
Con todo esto, las compañías son conscientes de la necesidad de apoyar la integración de los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en el proceso de análisis de los activos. Por eso, a lo largo de los últimos años, Santalucía ha desarrollado políticas y metodologías que ayudan a incorporar, junto a los criterios financieros y de riesgo tradicionales, inversiones que promueven características sostenibles en el proceso de análisis de estas y la gestión de sus vehículos.
Tanto es así que las decisiones de inversión de los fondos de la aseguradora también consideran los aspectos ambientales y sociales. Es decir, los fondos tienen en cuenta la capacidad de las compañías para controlar su impacto medioambiental, reducirlo y gestionar eficientemente los residuos que generan con su actividad. Y, adicionalmente, consideran los esfuerzos por disminuir las desigualdades sociales y por promover entornos de trabajos seguros e inclusivos en los que se defienden los derechos de los trabajadores.
En definitiva, a medida que más inversores se den cuenta de las ventajas de invertir teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad, es probable que este enfoque continúe creciendo y desempeñando un papel importante en la configuración de un futuro más justo, sostenible y próspero para todos.
Porque invertir de manera sostenible no solo es beneficioso desde el punto de vista financiero, sino que también es fundamental para abordar los desafíos globales más apremiantes de esta época y, “no dejar a nadie atrás”, como establece la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
*** Fernando Moreno es director general de Supervisión y Gestión de Riesgos del GRUPO SANTALUCÍA y Presidente del Comité de Sostenibilidad.