Hace ocho años, en septiembre de 2015, los líderes mundiales aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este ambicioso plan dio pie al nacimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), diseñados para abordar desafíos globales y mejorar la vida de las personas, poniendo fin a la pobreza, protegiendo el planeta y reduciendo las desigualdades.
Si bien el cumplimiento de estos objetivos está en el centro de la estrategia de Estados, administraciones y numerosas empresas, el mercado inmobiliario no debe ser ajeno a ellos, pues desempeña un papel crucial en su cumplimiento desde la perspectiva de la descarbonización del parque inmobiliario.
Por abordar el primero de los puntos, de todos es sabido que más del 80% de los edificios en España son ineficientes en términos de consumo energético, lo que se traduce en más de 20 millones de hogares cuyos materiales o calidad constructiva son potencialmente nocivos para la salud de sus habitantes.
Es responsabilidad del sector planificar y construir ciudades y comunidades que promuevan la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la igualdad en el acceso a la vivienda, tal como promueve el ODS 11.
Obviamente, el mercado inmobiliario y el conjunto de sus actores pueden y deben contribuir significativamente en la promoción de la descarbonización y la rehabilitación.
No es de extrañar que la rehabilitación del parque inmobiliario se haya convertido en el foco de inversión más importante de los próximos años. La normativa europea obligará, más pronto que tarde, a cumplir con una serie de medidas de consumo de recursos naturales y emisión de gases perjudiciales a todos los edificios del país.
Sin embargo, no es este el único motivo que va a potenciar la rehabilitación de obra ya construida: el ahorro económico y energético que suponen los modelos de obtención de energía modernos con respecto a los más antiguos es un elemento determinante, especialmente ahora que los precios de estos recursos afrontan máximos históricos.
España es el segundo país de Europa con más pisos en altura, solo superado por Letonia y muy por encima de la media en la eurozona. Además, de los 26 millones de viviendas que existen en nuestro país cerca de la mitad se construyeron antes de 1980, lo que implica carencias de accesibilidad, aislamiento térmico y un peor estado de conservación en muchos casos.
Por este motivo, la sostenibilidad de nuestras ciudades y edificios debe ser un asunto relevante en el debate público y en la inversión privada. No sólo por la toma de conciencia por el impacto ambiental que genera, sino porque desde la Unión Europea cada vez se están imponiendo más requisitos a la hora de construir y reformar los inmuebles. De aquí que estar al día en la nueva taxonomía verde europea va a ser un factor determinante a tener en cuenta a la hora de invertir en vivienda.
En ese sentido, el mercado inmobiliario juega un papel fundamental para alinear la economía a la normativa verde europea y a los ODS.
De las 17 áreas de trabajo concretas, el mercado inmobiliario tiene repercusión en varias, entre las más importantes: industria, innovación e infraestructura (ODS 9), garantizar la vida urbana sostenible (ODS 11), producción y consumo responsables (ODS 12) y acción por el clima (ODS 13).
En la promoción de viviendas, el éxito de la sostenibilidad necesita del trabajo e implicación de todos los agentes del sector: constructores, aparejadores, arquitectos, ingenieros y, especialmente, propietarios/compradores, ya que son, al fin y al cabo, los que compran el producto. Si construimos con materiales eficientes, llegamos a la descarbonización absoluta y conseguimos modelos energéticos adecuados, pero los clientes no quieren el producto final, habremos fracasado como sector.
Todos debemos estar dispuestos a asumir sacrificios para la obtención del bien mayor y uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como especie: la conservación del planeta.
Nadie puede negar que, en los últimos años, hemos avanzado a pasos agigantados en lo que a concienciación popular se refiere. El ya mencionado estudio elaborado por UCI confirma que, poco a poco, va creciendo el interés de los españoles por adquirir una vivienda eficiente.
Al preguntar a los propietarios y futuros compradores españoles si estarían dispuestos a asumir un mayor precio a cambio de vivir en un hogar más sostenible, su respuesta es rotunda: ocho de cada diez pagarían más por un edificio sostenible con respecto a uno que no lo es.
La razón principal de esta evolución hay que buscarla en la importancia que cada vez más otorgamos a nuestra salud, tanto física como mental. La OMS define las viviendas saludables como “espacios residenciales que promueven la salud de sus ocupantes, un refugio que sustente un estado de bienestar físico, mental y social”. Una definición que podría ampliarse hablando de hogares que gocen de una buena construcción, con materiales y elementos que incidan de forma positiva en la salud de sus inquilinos, favoreciendo, entre otras cosas, una buena iluminación, con espacios exteriores y al aire libre y la presencia de zonas verdes en las cercanías.
Aunque el camino sea aún largo, estamos en la dirección correcta, sobre todo teniendo en cuenta que todas las nuevas formas de financiación e inversión que están llegando al mercado inmobiliario siguen las directrices sostenibles. Bien sea de fondos públicos, como los conocidos Next Generation EU, enmarcados en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; bien de fondos privados, como la creciente inversión en placas solares y otras energías renovables por parte de los propietarios y comunidades de propietarios.
*** Catia Alves, directora de Sostenibilidad y Rehabilitación de UCI.