La desigualdad de género se halla presente en todas las facetas de la sociedad y la economía. Las “brechas”, es decir, las grandes diferencias (a veces abismos) entre las condiciones de hombres y mujeres en lo que respecta al salario, al acceso a puestos de responsabilidad, a la autonomía personal, a la salud, etcétera, existen en todos los lugares del mundo, pero son especialmente profundas y frecuentes en los países menos desarrollados.
Una de estas brechas, de la que se habla muy poco pese a su importancia, es la relacionada con el agua. En los países desarrollados, donde el acceso al agua y al saneamiento están garantizados para la práctica totalidad de la población, hace tiempo que se superó esta brecha hídrica, pero no ocurre lo mismo en otros lugares del mundo.
Tal y como explicó Antonia Rivera, directora ejecutiva de la Fundación Amulén, en el XV Foro de la Economía del Agua, existe una correlación casi perfecta entre la falta de acceso al agua potable y la pobreza, que, tal y como desvelan numerosos estudios, afecta particularmente a las mujeres.
Las cifras que maneja Naciones Unidas apuntan que las dificultades de acceso al agua y al saneamiento se ceban de manera mucho más intensa en ellas: las mujeres y las niñas son las responsables de la recogida de agua en el 80% de los hogares que sufren escasez, lo que limita de manera importante sus posibilidades escolares y laborales, pues implica recorrer largas distancias, transportar cargas pesadas y un riesgo importante de sufrir violencia.
El tiempo que requiere esta tarea aparta con frecuencia a las niñas de la escuela y reduce las opciones que tienen las mujeres de obtener ingresos.
Además del elemento económico, el agua y el saneamiento tienen una influencia básica en la salud de las personas, y, de nuevo, las dificultades de acceso tienen consecuencias más graves sobre las mujeres, por la importancia de este recurso en garantizar partos seguros y su papel adicional de cuidadoras. Con datos de IRC Water, más del 54% de los establecimientos de salud del África subsahariana no disponen ni de agua ni de sistemas de saneamiento.
Brotes verdes en África
Latinoamérica, Asia y África son las tres regiones mundiales con mayores desigualades de género y de acceso al agua. El continente africano, especialmente el área subsahariana, es el más afectado por la escasez del recurso, pero la buena noticia es que, pese al aumento sostenido de la población que intensifica el estrés hídrico, la situación está mejorando.
Alcanzar los objetivos de los ODS en África requeriría, según Naciones Unidas, aumentar 12 veces las tasas actuales de progreso en agua potable y segura, 20 veces las de saneamiento seguro y 42 veces las de servicios básicos de higiene. No obstante, en África comienzan a vislumbrarse brotes verdes.
En los últimos veinte años, la población del África Subsahariana sin acceso a agua potable se ha reducido en un 47%, según un informe conjunto de Unicef y la OMS. En la actualidad, el 20% de la población no tiene acceso a agua potable, frente al 38% de hace 20 años, mientras que la población se ha incrementado desde los 629 a los 1.000 millones.
En cuanto al acceso a sistemas de saneamiento mejorado, la mejora es aún mayor, pero todavía queda mucho trabajo por hacer: en el año 2000, solo el 33% de la población subsahariana contaba con esta posibilidad, ratio que ha aumentado hasta el 54% en 2020.
La igualdad entre mujeres y hombres necesita agua. Facilitar el acceso a la educación de las niñas y la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado necesita agua. Mejorar la salud reproductiva de las mujeres necesita agua.
El agua es un derecho humano y un valor transversal en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el ODS 5, que plantea lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Conseguir esta igualdad precisa concienciación y educación, así como avances legislativos, sociales y materiales, entre ellos la mejora de la gestión del agua.
***Vanessa Casado, autora del artículo y miembro del Comité Académico del Foro de la Economía del Agua. Profesora asociada en la Facultad de Derecho de Texas A&M