En 2015, 193 países miembros de la ONU, incluida España, se comprometieron con la firma de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a reducir a la mitad la pérdida y el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena, desde el campo hasta la mesa. Esto significa que tan solo nos quedan 8 años para cumplir con ese objetivo y puedo avanzar que los datos no son positivos.
Justo siete años después de aquel compromiso, el pasado mes de septiembre, la organización Feedback EU revelaba que en la UE se desperdician más alimentos que los que se importan, elevando la cifra anual de desperdicio, de 88 millones a 153 millones de toneladas.
También hace unos meses, un informe de WWF elevaba los últimos datos sobre desperdicio alimentario en el mundo, pasando de 1.300 a 2.500 millones de toneladas anuales. Y por ahora, en España, el desperdicio se sitúa en casi 8 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale a desperdiciar 250 kilos de comida cada segundo.
Y como ya sabemos, el desperdicio alimentario tiene unas consecuencias a nivel medioambiental (representa el 10% de las emisiones de GEI), económico (implica la pérdida de 1.2 billones de dólares) y social (800 millones de personas en el mundo pasan hambre).
Con las cifras en la mano, queda claro que no solo apenas se ha avanzado sino que el escenario es aún peor de lo que se pensaba y hay mucho camino por recorrer si queremos cumplir con los objetivos. Y en ese sentido, España se ha puesto en la línea de salida con el Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.
Pero, ¿conseguirá la nueva ley reducir el volumen de desperdicio cómo se establece dentro de los objetivos de la Agenda 2030? ¿Quién es responsable de tomar esta ley como una oportunidad para sacar el mayor partido a la norma y conseguir que nuestro país cumpla con los compromisos antes de 2030?
Desde que en Too Good To Go comenzamos a combatir el desperdicio de alimentos a través de nuestra app, tenemos como objetivo inspirar y empoderar a todos los actores de nuestra economía y sociedad en los 17 países en los que estamos presentes para que, juntos, podamos hacer frente al reto que plantea el desperdicio de alimentos.
Por ello, la respuesta a esas dos preguntas apela a la colaboración y el esfuerzo de todos: entidades públicas, privadas y consumidores. Y es que solo a través del esfuerzo conjunto conseguiremos generar un cambio real con la tramitación de esta Ley.
Por tanto, la solución no debe focalizarse en un sector económico o eslabón de la cadena alimentaria. Esto solo desplazaría el problema a lo largo de la cadena, sin poner una solución a un reto de tal calado. El esfuerzo debe ser común y la respuesta suficientemente ágil para elevar los estándares en tres cuestiones fundamentales que deben ser reforzadas en la ley: la prevención, la contabilización y las fechas de consumo preferente.
En primer lugar, es necesario que la prevención se convierta en la primera opción a la hora de luchar contra el desperdicio de alimentos y así debería recogerlo la Ley. Ya lo dice el refranero español: "más vale prevenir que curar". Hacerlo nos garantizaría que no se generen residuos y permitiría ahorrar en recursos naturales y económicos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Así lo entiende la Comisión Europea y en esta línea ya reguló Francia en 2016 en su ley nacional contra el desperdicio alimentario.
En segundo lugar, es imprescindible contar con mecanismos que nos permitan conocer cuánto se desperdicia a lo largo de toda la cadena de valor y no solo en los hogares como contempla la versión actual del proyecto de Ley. Solo así podremos saber la verdadera magnitud del problema y para ello es necesaria la colaboración de todos los actores de la cadena.
En Reino Unido, tras años de acuerdos público-privados, se plantea la posibilidad de regular mediante ley la obligación de contabilización y medición del desperdicio alimentario por parte de todos los operadores de la cadena alimentaria y conseguir así un mayor compromiso por parte de todos.
En tercer lugar, es importante recordar que el etiquetado de fechas causa el 10% de la comida que se desperdicia en la UE, es decir, casi nueve millones de toneladas anuales. Se prevé que, para finales de este año, la Comisión Europea haga una propuesta sobre esta cuestión y ello cause que los países europeos comiencen a reaccionar con nuevas medidas.
Estamos a tiempo de no quedarnos atrás y adoptar medidas dentro de la ley que nos permitan abordar este problema de forma efectiva y que no se quede solo en una recomendación de buenas prácticas.
En definitiva, la cuenta atrás ha comenzado. Quedan 8 años para reaccionar y cumplir con el objetivo marcado para 2030. Para ello necesitamos una ley que no se quede descafeinada y que sea ambiciosa.
Para conseguirlo tenemos que preguntarnos en cada uno de los sectores y eslabones de la cadena alimentaria, incluidos actores públicos y privados, qué más podemos hacer para conseguir que, como país, alcancemos los compromisos que adquirimos frente a la comunidad internacional. Esto nos permitirá encontrar las oportunidades que nos presenta este nuevo hito en la regulación para avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible.
*** Victoria Albiñana es responsable de relaciones institucionales y asuntos públicos en Too Good To Go en España.