Transformar nuestro mundo es el título de la Resolución 70/1 de 25 de septiembre de 2015 de Naciones Unidas que aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ante este reto que deriva del compromiso de 193 países, ningún espacio personal, institucional y político puede quedar al margen ni inhibirse en la implementación de este empeño.
Este compromiso conlleva lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental, de forma equilibrada e integrada. Tiene por ello una importancia y un alcance sin precedentes. Se inspira en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto al derecho internacional.
Sus fundamentos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de DD.HH., la Declaración del Milenio y el Documento de la Cumbre Mundial de 2005, así como en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.
El Tribunal de Cuentas avanza en su cultura hacia postulados inexcusables en las actuales circunstancias de desarrollo democrático EFE
El marco que prevé la Agenda 2030 tiene un alcance que va mucho más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se mantienen, por supuesto, las prioridades de desarrollo, pero –y esto es fundamental– se definen los medios de implementación.
Nunca, hasta ahora, se habían asumido compromisos con una acción y un empeño comunes en pro de una agenda de políticas tan amplia y universal.
La propia declaración compromete una exigente participación en un proceso sistemático y el examen de la implementación de la Agenda 2030, sólido, voluntario, eficaz, participativo, transparente e integral.
Se llevará a cabo utilizando un conjunto de indicadores mundiales que se complementarán con indicadores regionales y nacionales formulados por los Estados miembro.
La propia resolución abre en la práctica un doble sistema de seguimiento. Por un lado, el articulado a través de los Exámenes Voluntarios Nacionales.
Por otro, Naciones Unidas y la Iniciativa de Desarrollo de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) han previsto una metodología para que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) aborden la realización de los ODS.
Nunca se habían asumido compromisos con una acción común en pro de una agenda de políticas tan amplia
Aquí encuentra su punto de partida el papel de las EFS en el dispositivo de seguimiento de la Agenda 2030. Son numerosas las resoluciones que ratifican la importancia que Naciones Unidas concede a estas entidades.
Es especialmente relevante la resolución 69/37 de 2015 que alienta a todos los Estados a que sigan "intensificando su cooperación, incluso en materia de creación de capacidad, con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores".
El objetivo es "promover la buena gobernanza a todos los niveles garantizando la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia mediante el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores", añade la resolución.
Esta resolución está en la misma línea de las conclusiones del 23º Simposio UN/INTOSAI (2015), que enfatizan que las EFS pueden contribuir a la implementación de la Agenda 2030 y las alientan a colaborar para mejorar el impacto de las auditorías.
Por su parte, el Plan Estratégico de INTOSAI para el período 2017-2022 incorpora plenamente esta contribución estableciendo como prioridades transversales "contribuir al seguimiento y revisión de los ODS en el contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenible específicos de cada nación, y los mandatos de cada una de las EFS".
En el mismo sentido hay que hacer mención a la Declaración de Abu Dabi de INTOSAI (2016), que establece el compromiso de que las EFS contribuyan "de forma significativa en materia de auditorías independientes a la Agenda 2030".
Nos corresponde a todos garantizar que el viaje llegue a puerto y que los resultados sean irreversibles
Lo anterior encuentra acomodo en los objetivos y principios de la ISSAI 12: El valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos-.
Todo ello ha dado lugar a que la fiscalización de la preparación de la implementación esté siendo realizada por más de 70 países del mundo. En España, se han producido importantes novedades en la propia actividad del Tribunal de Cuentas.
La institución ha venido avanzando en su cultura hacia postulados inexcusables en las actuales circunstancias de desarrollo democrático y exigibles a todas las Instituciones del Estado.
Una buena prueba es que la función del Tribunal de Cuentas ha sido objeto de ampliación como consecuencia de los cambios introducidos por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo. Esta modificación supone la superación del marco tradicional en el que se había desenvuelto la actividad del Tribunal.
El legislador incorpora, a los vectores de legalidad -eficacia y eficiencia-, tres dimensiones nuevas para el análisis: la transparencia, la sostenibilidad medioambiental y la igualdad de género.
Ningún espacio personal, institucional y político puede inhibirse en la implementación de la Agenda 2030
Por su parte, el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas para 2018-2021, dentro del objetivo estratégico uno, "buen gobierno y mejora de la actividad económico-financiera del sector público", incorpora la medida de "contribuir a la implementación de los ODS".
En cumplimiento de este objetivo, y de toda la actividad internacional al respecto, se inició en verano de 2017 una fiscalización coordinada de 17 Entidades Fiscalizadoras del ámbito de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras (OLACEFS). Su objetivo es el de, precisamente, fiscalizar la preparación de la implementación del ODS 5 (igualdad de género).
A estos efectos se planteó una auditoría coordinada en la que cada EFS realizó su propia fiscalización, sometida a las normas y criterios de elaboración y aprobación de su propia entidad. Pero respondiendo a una metodología y unos objetivos compartidos.
Las EFS pueden contribuir a la implementación de la Agenda 2030 para mejorar el impacto de las auditorías
Esto dio lugar a un "doble producto", un informe de síntesis y 17 informes nacionales. La fiscalización ha supuesto para el Tribunal de Cuentas una oportunidad de desarrollo de nuevas metodologías y nuevos métodos de trabajo.
En este foro, que contribuye –entre otras cosas– al conocimiento de la Agenda 2030, tendremos, sin duda, ocasión de analizar las acciones que en esta materia desarrolla el Tribunal de Cuentas de España.
Está trazado el camino hacia el desarrollo sostenible y nos corresponde a todos garantizar que el viaje llegue a puerto y que los resultados sean irreversibles.
***Enriqueta Chicano Jávega es consejera del Tribunal de Cuentas de España.
