La crisis energética anticipa una ola de pobreza extrema que afectará a 141 millones de personas más

Un grupo internacional de científicos, incluidos expertos de las universidades de Birmingham, Groningen y Maryland, así como de la Academia de Ciencias de China, han modelado el impacto del aumento de los precios en los hogares de 116 países. Sus resultados, publicados en la revista científica Nature Energy, vienen a confirmar que los precios han aumentado entre un 62,6% y un 112,9%, lo que contribuirá a un aumento del 2,7% al 4,8% en el gasto de los hogares.

Semejante presión sobre el costo de vida, concluyen los autores, impacta directamente sobre las personas en situación de inseguridad energética y empujar a la pobreza extrema a entre 78 y 141 millones de personas más. 

Esta situación se ha visto exacerbada como consecuencia de la invasión de Ucrania, pero ya venía gestándose con la llegada de la pandemia de la Covid-19. Así que, ahora, con una alta dependencia de combustibles fósiles en una economía que tiende a la descarbonización, un grave desajuste entre la demanda y el suministro de energía y un conflicto geopolítico con Rusia, la situación no ha hecho más que empeorar.

Aumento de los precios de la energía a partir del conflicto de Ucrania.

Las subidas del precio de los combustibles impactan directamente sobre las facturas de los hogares, ya sea para calefacción y el aire acondicionado como para cocinar o la movilidad. Además, los insumos energéticos y de materias primas fósiles necesarios para la producción de bienes y servicios para el consumo doméstico final conducen también a que la población deba asumir precios más altos.  

De esta forma, los costos inasequibles de la energía y otras necesidades pueden empujar a las poblaciones vulnerables a la pobreza energética e incluso a la pobreza extrema. Según el Banco Mundial, al menos 700 millones de personas ya viven en esta situación, con menos de 1,9 dólares al día, y unos 1.300 millones, se situarían por debajo del umbral de la pobreza, con unos 2,15 dólares diarios.

Si se observa el mapa que han elaborado el grupo de científicos se puede advertir cómo el continente asiático, así como parte de Europa, Estados Unidos y el sur africano han experimentado el mayor incremento en el precio de la energía. No obstante, el impacto ha sido distinto en proporción a ese aumento según el país donde se ha asumido. 

Mapa del impacto del aumento de los precios de la energía.

En algunos como Mongolia, Kazajistán, Maldivas, Sudáfrica o Angola el incremento el coste que han tenido que asumir ha superado el 12%. Para entender la magnitud de este porcentaje, el trabajo publicado aclara que los hogares se encuentran en una situación de pobreza energética cuando sus costos de energía representan más del 10% del gasto total. Esto quiere decir que entre 166 y 538 millones de personas (entre el 2,4 % y el 7,9 % de la población mundial) en los 116 países analizados se están moviendo potencialmente hacia ese estado de vulnerabilidad.

Klaus Hubacek, de la Universidad de Groningen, apunta que “comprender cómo los precios globales de la energía se transmiten a los hogares a través de las cadenas de suministro y quién se ve más afectado es crucial para el diseño de políticas efectivas y equitativas”. Sobre todo cuando “esta crisis está empeorando la pobreza energética y la pobreza extrema en todo el mundo”.

Por este motivo, los investigadores subrayan la importancia de una asistencia energética específica para ayudar a los hogares vulnerables durante la crisis actual. En países como España, por ejemplo, el aumento de los precios de la energía se ha afrontado mejor que en otros países europeos, por un lado, por sus infraestructuras gasistas, y por otro, por la excepción ibérica, el límite al precio del gas en el mercado mayorista.

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Qué pasa con la transición energética

Políticas como esta son vitales para reducir el impacto directo de la crisis energética sobre los hogares y para evitar que se convierta en un medio de conflicto. En Europa, los gobiernos europeos, incluidos Rumanía, Estonia y Letonia, han proporcionado subsidios de energía únicos para grupos de bajos ingresos. También otros en desarrollo como Tailandia tomaron medidas, incluida la extensión de la reducción del impuesto al diésel y el aumento de los subsidios para las facturas de electricidad.

No obstante, la investigación enfatiza la necesidad de aliviar el aumento de los costos de las necesidades causadas por los aumentos en los precios de la energía, especialmente para los alimentos y especialmente para los hogares de bajos ingresos. 

Apuntan que, en respuesta al aumento en los costos de los alimentos, los gobiernos pueden aliviar esa carga de los hogares de muchas maneras, como establecer subsidios a los precios, implementar impuestos a la importación con cláusulas claras de caducidad para los alimentos básicos, transferencias directas para los hogares de bajos ingresos e invertir y brindar incentivos y legislación para apoyar las cadenas de suministro de alimentos con fuentes sostenibles de energía.

“Vale la pena señalar que las políticas a corto plazo que aborden la crisis del costo de vida deben estar en línea con los objetivos de mitigación climática”, recuerdan. Y es que la actual transición energética, que crece en un contexto de crisis e inflación, se ve amenazada por los subsidios existentes para los combustibles fósiles, los recortes de impuestos sobre los combustibles y el aumento de las inversiones en recursos fósiles disponibles rápidamente.

No se puede ignorar que los altos precios de la energía están remodelando los mercados energéticos mundiales y empujaron a algunos países europeos a retrasar la eliminación de los combustibles fósiles mientras buscan fuentes alternativas en el extranjero por ejemplo, gas natural licuado (GNL). 

No obstante, en regiones como la comunitaria también se han aprobado políticas como la del desarrollo renovable para contrarrestar la falta de energía como consecuencia de las sanciones a Vladímir Putin por la guerra de Ucrania. Son sobre todo medidas para simplificar los procedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones a proyectos de energías limpias.