Los niños de la vereda de El Congal, en el departamento de Caldas (Colombia), hacen un trayecto potencialmente letal cada vez que van al colegio. Algunos llegan a caminar hasta tres horas por senderos rurales en los que, aunque parece reinar la calma de un paisaje verde y ajeno a la mano del ser humano, los letreros que alertan de la presencia de explosivos obligan a los pequeños a estar siempre alerta. Saben que un paso en falso allí es peligroso como en ningún otro lugar conocido.

En las aulas, aprenden historia, matemáticas… y también a evitar caer sobre una bomba. Cada cierto tiempo, un grupo de promotores de educación en el riesgo de minas antipersona de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario visita las aulas para explicarles cómo deben actuar si ven uno de estos artefactos. A su corta edad, deben aprender dos cosas: la primera, que están diseñados para herir, matar y mutilar; la segunda, que se activan por la presencia, la proximidad o el contacto con la propia víctima.

Las precauciones nunca son suficientes en Colombia. Cerró el año pasado acumulando 61 accidentes con minas antipersonales y municiones sin explotar (MAP/MSE) que dejaron 96 víctimas en 31 municipios de 11 departamentos del país, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Los datos, aunque se han reducido con respecto a los de 2022, "no implican que este flagelo esté desapareciendo", adelanta el Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS). Por el contrario, los eventos que involucraron artefactos explosivos se duplicaron en 2023, pasando de 489 a 929. 

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Pero ¿dónde se localizan exactamente? En el contexto del conflicto armado, el problema del desminado afecta desproporcionadamente al país. Según se extrae del informe más reciente de UNMAS, la mayoría de accidentes se concentra en la región del Pacífico, en la franja oeste, donde viven principalmente comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas. Nariño es el departamento que genera una mayor preocupación, ya que acumuló casi la mitad (41) de las víctimas registradas a lo largo del 2023.

Este año, la cuenta sigue sumando nombres. Jonathan Estiven Pascal Taicus es uno de los más recientes. El pasado 4 de enero, este niño de 12 años del pueblo indígena awá resultó gravemente herido después de pisar una mina cerca del río Panulí, en el corregimiento de La Guayacana. Tal como reportó la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), el menor fue atendido en un hospital infantil de la zona: estaba en estado crítico y los médicos evaluaban la posible amputación de su pie izquierdo tras dos intervenciones quirúrgicas. 

El suceso, que tuvo lugar en los albores de las fiestas de Año Nuevo, provocó una gran conmoción en la comunidad. La Unipa llamó a la acción de las autoridades y reclamó un mayor apoyo material y psicológico urgente para la familia afectada, así como nuevos protocolos, rutas de emergencia y acciones para limpiar el territorio. Un mes antes, la víctima fue el líder de la Guardia Indígena, Cristóbal Nastacuas, quien falleció al pisar un explosivo al salir de su resguardo en Ricaurte, también en Nariño. 

Un conflicto que no cesa

En realidad, la mayoría de los eventos relacionados con artefactos explosivos no corresponde a accidentes, que en 2023 se redujeron por tercer año consecutivo. El 85% fueron operaciones de desminado, pero eso no quiere decir que los datos sean del todo alentadores. De hecho, la UNMAS plantea que estos podrían "indicar un mayor uso" de las municiones por parte de grupos al margen de la ley. Esta conjetura cobra más peso si se tiene en cuenta que al menos cuatro municipios hasta ahora declarados sin sospecha de minas registraron nuevos accidentes de enero a diciembre de 2023.

En 2024, Colombia sigue adelante con las labores de destrucción de los explosivos, que se focalizan en el suroeste del país de América Latina. Hace un mes, el 5 de febrero, el Ejército ubicó en una zona rural del Pacífico un depósito clandestino con 300 artefactos ilegales. Estos, según informó EFE con base en fuentes castrenses, pertenecerían al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC.

En el dispositivo desarticulado también se hallaron 40 kilogramos de sustancias para fabricar estos explosivos, que hasta ahora se han utilizado para prevenir el acceso de las fuerzas de seguridad a los territorios gobernados de facto, proteger plantaciones de coca o controlar a la población civil. "Las minas en Colombia no son muchas, pero hacen un daño enorme", explicó Pablo Parra, director de Programas de UNMAS en Colombia, a este periódico ya en 2022. 

En declaraciones a Caracol Radio, Mariany Monroy, directora del programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Aicma), adscrito a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, denunció en 2023 que las disidencias de las FARC-EP, el ELN y el Clan del Golfo continúan sembrando minas antipersona como estrategia para proteger zonas de economías ilegales, principalmente basadas en el narcotráfico. 

Como informó el medio colombiano, estos grupos estarían colocándolas "en las copas de los árboles, a una altura de 1,60 y 1,70 metros", instalándolas por tensión con un hilo de cirugía que apenas se percibe a la vista. "Lo ubican a una altura muy bajita, para que la bota se lo lleve, o muy alta, para que se enganche en el equipo del soldado y explote", explicó en su reportaje el jefe del Centro Nacional Contra Artefactos Explosivos e Improvisados y Minas (CENAM), Gerson Yohanny Rincón Morantes.

Así, las minas de nueva colocación no estarían ubicándose en tierra, sino camufladas entre las ramas y la maleza. Al explotar a una altura más próxima al tronco —y, por tanto, también a los órganos vitales— estas pueden generar un daño mucho mayor. El teniente coronel aseguró que "el daño que puede causar una mina se calcula de acuerdo con el tipo de cantidad de explosivo empleado". A más metralla —tornillos, puntillas y otros elementos que se colocan en su interior— más letalidad.

Los civiles, quienes más sufren

Además del riesgo de muerte, otra consecuencia directa de que Colombia siga siendo tierra minada es la continuidad del éxodo forzado. En 2023, al menos 6.900 personas tuvieron que desplazarse y 7.800 fueron confinadas por la presencia de artefactos, según datos del Balance Humanitario de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Estos movimientos son, lamentan desde UNMAS, "violaciones graves a los derechos humanos de las comunidades afectadas".

Con ellas, aseveran, "se restringe la libre movilidad, el uso y aprovechamiento de los territorios, lo que a su vez deriva en un deterioro del acceso a servicios básicos como educación, salud y alimentación". Y limitan la entrada de ayuda humanitaria, "dejando en mayor vulnerabilidad" a las poblaciones locales. En el más trágico de los casos, la muerte se cebó especialmente con los civiles —el 61% lo fueron, según el informe de la agencia, y en ese porcentaje se encontraron también niños, adolescentes y mujeres—. 

A principios de 2015, el gobierno y la guerrilla de las FARC anunciaron que trabajarían conjuntamente para remover las minas sin detonar. Firmaron el acuerdo de paz en septiembre del siguiente año, y, desde entonces, el número de víctimas vinculadas al conflicto armado comenzó a disminuir. Las acciones de desminado también han ido en aumento.

En 2017, como muestra de este compromiso conjunto con el desminado de Colombia, nació la organización civil Humanicemos DH, gestionada por excombatientes desmilitarizados que ayudan a las autoridades a localizar los explosivos antipersonales en el país.