Rosalía Gómez. Esa fue la última esclava legal documentada en España. Era de Tenerife y heredó su condición de esclavitu. Lo era como lo habían sido su abuela y su bisabuela antes que ella. Esa era la manera más habitual en que se adquiría en nuestro país tan aberrante condición, como recoge el autor de su biografía Rosalía Gómez (1801-1874) (Llanoazur Editores, 2020).
Aunque parezca sorprendente, no hace tanto tanto que se abolió definitivamente la esclavitud en nuestro país y las –por aquel entonces– colonias de ultramar. Fue, concretamente, tres años tras la muerte de la tinerfeña, bajo el reinado de Alfonso XII. Una fecha que podría parecer lejana, pero que en términos de historia no queda tan lejos.
En el siglo y medio que ha pasado desde entonces ha sido perseguido todo tipo de explotación de seres humanos, lo cual no significa que la esclavitud haya desaparecido, ni siquiera menguado: el último informe del Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) revela que, en 2021, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en España a más de mil víctimas de trata y explotación de seres humanos por motivos sexuales o laborales.
El informe contabiliza las operaciones de éxito, lo que significa que la llamada esclavitud invisible es mucho más abundante y está más intrincada en nuestra sociedad de lo que reflejan las cifras: detectar a las víctimas es una labor ímproba, si se tiene que cuenta que muchas no quieren ser detectadas por miedo a que sus tratantes cumplan con sus amenazas o, en el caso de migrantes en situación irregular, a que las autoridades las deporten a su país de origen.
“Las estadísticas de Ministerio del Interior sobre víctimas reflejan a las identificadas que han colaborado, pero también contemplan, aparte, a las potenciales, que son un número muchísimo mayor”, advierte Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de Amnistía Internacional.
En el caso de migrantes en situación irregular, la experta denuncia que, “una vez detectadas, la Ley de Extranjería prevé que se les dé un periodo de reflexión para que decidan lo que quieren hacer y, si no denuncian, no se les protege, y además se sigue el procedimiento de expulsión”.
En este sentido, la teniente de la Guardia Civil, Elena Colás Fuentes, jefa de la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial, matiza: “Ese es precisamente el relato de los tratantes, que amenazan a las víctimas con que los agentes las van a deportar si denuncian, pero esto es falso, y hay que dejar muy claro este mensaje porque les damos todas las garantías de protección y en ningún caso deben tener miedo a denunciar”.
Y lo explica: “En cada provincia hay una comandancia con un interlocutor social en materia de trata, que es el punto de contacto con las ONG de su territorio. Y cuando detectamos a posibles víctimas de trata, hacemos las inspecciones con el miembro de alguna ONG y otro de Inspección de Trabajo, para que la víctima esté en un clima de mayor confianza. Es un grupo multidisciplinar para que la detección sea lo más efectiva posible”.
La teniente insiste en que la prioridad de las Fuerzas de Seguridad del Estado es “la liberación de las víctimas, incluso por encima de la detención de los autores”. Y recuerda que si son personas que están en España de manera irregular tienen derechos contemplados en el artículo 59.10 de la Ley de Extranjería, como 90 días de restablecimiento y reflexión, permiso de residencia y regularizar su situación. “No deben tener problema en denunciar, nuestro objetivo no es devolverlas a su país sino ayudarlas, y por supuesto ponerlos en manos de las ONG que pueda asistirlas”.
Con todo, desde Amnistía Internacional creen que aún se podría afinar más en la detección: “Si la persona susceptible de ser víctima de trata tiene que hablar o dar información relevante a la policía, en muchos casos no va a pedir ayuda por temor”, insiste su portavoz.
“Por eso proponemos otro sistema que ya existe en otros países, donde la policía es un actor más a la hora de informar, y hay otro organismo (Fiscalía, otro órgano independiente…) que es el que decide sobre la protección, esto es: que la policía deba encargarse de la persecución del delito, pero no de decidir la condición o no de víctima”.
En el mismo sentido opina la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora. “En los últimos años ha mejorado el sistema de identificación y la coordinación de las ONG con las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero hacen falta organismos multidisciplinares, que no recaiga sobre la policía en exclusiva la facultad de identificar a una víctima”. Y anuncia: “Ya estamos en el camino de un acuerdo en este sentido”.
Las infinitas caras de la esclavitud
Si bien tiende a asociarse la trata con la explotación sexual, los casos de esclavitud son mucho más diversos. El año pasado, la Policía Nacional y la Guardia Civil rescataron a 514 personas que sufrían explotación laboral, y detectaron a 13.836 trabajadores en situación de riesgo por una posible vulneración de sus derechos laborales, esto es, víctimas potenciales de trata.
María (nombre falso), colombiana, llegó a España con la promesa de que iba a tener un trabajo y un permiso de residencia. Al llegar, la persona de contacto le quitó el pasaporte y la encerró en su casa, donde fue reducida a esclava sexual y en las tareas del hogar, con tratamientos vejatorios como insultos, humillaciones o recibir una sola comida al día.
El suyo es uno de los muchos casos detectados y denunciados por Proyecto Esperanza, organización de apoyo integral a las víctimas de trata que coopera estrechamente con el Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad. Su coordinadora, Marta González, reclama que se abra el abanico de la trata a todas sus realidades.
“Se explota también para cometer actos delictivos, para hurtos en tiendas, tráfico de drogas y para cometer estafas por teléfono, utilizan a inmigrantes recién llegados a España en situación irregular, que ni siquiera saben que están cometiendo una estafa, no les pagan en la mayoría de los casos y los tienen amenazados”, explica. Muchas veces, las víctimas son menores de edad porque las consecuencias penales les son más favorables.
Los matrimonios forzosos son otro de los objetivos de la trata, como señala González: “Hace poco detectamos el caso de dos chicas de nacionalidad española de origen marroquí, que empezaron a tener relaciones de pareja con chicos españoles que su padre no aprobaba.
En cuanto cumplieron la mayoría de edad, su progenitor las engañó para ir a Marruecos con la excusa de una visita familiar, pero la intención real era someterlas a un matrimonio forzado”. Y apunta: “Este es otro caso de trata, pero donde España es el país de origen, y no de destino”.
El horror de la trastienda
Algunos salones de belleza son otro foco de explotación, por más que sean establecimientos de cara al público. “Muchas veces el tratante y el negociador son también migrantes de la misma nacionalidad de la mujer a la que están explotando, que en muchos casos no habla nuestro idioma y, aun así, siempre hay en el local una persona que controla lo que dice a los clientes”, explica González.
También es cada vez más habitual la trata para explotación en agricultura: “La persona que dirige a las cuadrillas y está en contacto con el empresario, suele ser el tratante y explotador; se queda con su sueldo, las engaña, las amenaza… Y eso pasa desapercibido incluso para el propio empresario en muchos casos, aunque en otros se pone de perfil ante esa situación, o directamente, también se involucra”.
El tratante, en muchos casos, puede ser alguien inesperado. “Solemos pensar en redes criminales organizadas pero, como hemos detectado, a veces son los propios progenitores, la pareja o un grupo de amigos”.
Y sus objetivos no siempre son personas extranjeras en situación irregular: muchas víctimas de trata de prostitución vienen de países de Europa del Este, o bien son turistas con un visado de tres meses, o directamente de nacionalidad española, en situación de vulnerabilidad, explotadas por sus propias familias.
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España, el gran mercado de los proxenetas
Según el último informe de la ONU, la prostitución es el segundo negocio más lucrativo del mundo, con más de 100.000 millones de euros de facturación anuales estimados. España es el país de Europa donde más se demanda este servicio y el tercero a nivel mundial, solo por detrás de Tailandia y Puerto Rico.
El último informe del INE, de 2018, estima que generó más de 4.000 millones de euros en nuestro país. Una cifra muy alejada de la real, si tenemos en cuenta que el negocio del sexo se mueve fundamentalmente en la economía sumergida, como denuncian desde APRAMP.
“Somos un país de destino y tránsito de mujeres y niños porque hay una clara demanda”, apunta la directora de la organización, “y en todos los años que llevamos en activo, una abrumadora mayoría de los casos detectados son personas explotadas para la prostitución bajo coacciones y en contra de su voluntad”.
Desde APRAMP llevan tiempo exigiendo una ley que que destierre sin ambages el proxenitismo en nuestro país. “Quienes se oponen nos tachan de prohibicionistas, pero nosotros no reclamamos la prohibición, sino la abolición de cualquier práctica que suponga lucrarse de que otras personas vendan su cuerpo, que en su inmensa mayoría, son mujeres”. Los datos del CITCO lo corroboran: de las 355 personas que las Fuerzas de Seguridad del Estado rescataron el año pasado de redes de explotación sexual, solo nueve eran hombres.
Mientras se escriben esta líneas, sigue desarrollándose el Anteproyecto de Ley contra la Trata de Seres Humanos redactado por el Ministerio de Justicia, que no solo actuará contra los tratantes, sino también contra quienes paguen por tener sexo con víctimas de redes de explotación sexual.
“Nosotros reclamamos más firmeza, una abolición total de cualquier tipo de proxenitismo, porque solo así erradicaremos esta vulneración de derechos humanos flagrante que hoy está tristemente normalizada y en su mayoría recae sobre las mujeres”, insiste Mora.
Los más vulnerables
La trata de menores es otra forma de esclavitud aún sin erradicar. Como reconoce la teniente de la Guardia Civil Elena Colás, el año pasado desarrollaron muchas operaciones para detectar redes de explotación de personas que no han cumplido la mayoría de edad, pero solo detectaron casos “muy puntuales”.
Muchas ONG alertan de la indefensión que se produce en la trata de menores edad, porque detectan muchos más casos potenciales de los que se terminan denunciando.
“El sistema de protección de menores en relación a la trata está muy incipiente todavía”, advierte González. “Hay muy pocas plazas de acogida especializadas, hace falta muchísima más formación de los profesionales que intervienen y muchos más recursos y detección, y ampliar la óptica porque también hay menores españoles víctimas de trata, no solo extranjeros, que vienen de los sectores más vulnerables y en situaciones de desprotección en las que a veces está involucrada la propia familia”.
Puede denominarse trata, explotación o negociar con seres humanos. Pero todos estos términos pueden resumirse en uno solo: esclavitud, un mal que sigue gangrenando nuestra sociedad, aunque tengamos los medios para erradicarla: “En España no existe el tráfico de órganos”, recuerda Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional, y remata: “Eso significa que, cuando hay una verdadera intención política y se ponen todos los recursos necesarios, la trata, en cualquiera de sus formas, puede ser cosa del pasado”.