Agricultores y ambientalistas piden un pacto de Estado contra los incendios que fomente los usos tradicionales del monte

Los incendios no dan tregua y las entidades asociadas al medio rural piden una actuación decidida de la Administración. Expertos, organizaciones de agricultores y oenegés relacionadas con proyectos de gestión del monte piden estos días desde diferentes foros un gran pacto de Estado que unifique medidas de gestión del monte y se base en la prevención antes que la extinción, protegiendo y fomentando la recuperación de los usos tradicionales del territorio, como la ganadería extensiva o la agricultura de montaña, y otros como el aprovechamiento de la energía generada por biomasa.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha sido la primera en poner nombre a la necesidad de “un gran Pacto de Estado” de todas las administraciones públicas “que ponga el foco en la prevención y cuente con la población del medio rural”. En un análisis que muchos expertos han hecho desde que proliferan los grandes incendios, UPA los vinculado al abandono de actividades tradicionales como la trashumancia, la recogida de leña, la quema de restos de poda o los desbroces de caminos y parcelas".

Ganadería para combatir el fuego

“Hay que recuperar la actividad ganadera en los montes y revalorizar su papel ambiental y económico. La mejor estrategia para prevenir incendios forestales, así como para extinguirlos en el caso de que se produzcan, es mantener limpio el monte, y para ello nada mejor que la ganadería extensiva”, aseguró la organización en una nota de prensa. Sin embargo, España ha perdido diez millones de ovejas en la última década.

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Es una propuesta en la que coinciden con las de la oenegé CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional), uno de cuyos portavoces, Fidel Delgado, explica a Enclave ODS que piden “una apuesta total de la administración y de la sociedad para recuperar los usos tradicionales del momento” mediante “dos vías: una, la inversión por parte de la propia administración en proyectos de agricultura de montaña, ganadería o transformación de los recursos forestales, y otra, que se faciliten los pequeños proyectos locales de economía solidaria”.

Delgado cree que “tenemos que entender el monte como un proveedor de recursos: leña, piña, plantas aromáticas o pastos. Algo que fue durante cientos o miles de años y ahora se ha perdido. Al abandonar la población las zonas, no hay nadie que los retire y se convierten en combustibles”. Desde la administración “se puede ayudar a los microproyectos con microcréditos de economía social y solidaria, pero también reduciendo la burocracia para los mismos. No se puede pedir lo mismo a un pequeño agricultor o ganadero de extensivo que a una gran multinacional”.

De esta puesta en valor de las actividades tradicionales y cómo protegerlas ponen dos ejemplos: la excenciones, como las que reciben los apicultores por sus colmenas al entender que cumplen una función ecológica, y otras como la de la Red de Áreas Pastocortafuegos de Andalucía. Nacida por iniciativa de la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo, desde hace 15 años más de 250 pastores andaluces proteger 6000 hectáreas de monte limpiando cortafuegos diseñados para ello que previenen incendios incontrolados… y recibiendo un pago por ello por parte de la Junta de Andalucía.

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En el otro extremo Delgado coloca el caso del incendio de Ateca, en Aragón, que ha arrasado 14.000 hectáreas de monte, matorral y frutales y afectado a las cooperativas de productores de frutales familiares que se financiaban mediante créditos sociales. La causa del incendio fue una reforestación autorizada de una empresa que compensaba así emisiones de CO2. “¿Cómo se le dio permiso en plena ola de calor y con alto riesgo de incendio? ¿Por qué la administración no estaba junto a los pequeños productores que si que protegen el medio porque lo sienten como propio?”, se pregunta.

Aunque el Gobierno de Aragón ya ha llevado el caso a Fiscalía como acusación y parte perjudicada, Delgado no lo ve “suficiente” y pide ayudar a restaurar los proyectos afectados. Esta cuestión, la de las reforestaciones, la señala en el debe el profesor Álex Leverkus, del Departamento de Ecología de la Universidad de Granada: “Debemos pensar más allá de plantar árboles a lo loco, entre otras cosas porque quizás el clima ya no lo va a permitir. Las repoblaciones masivas con especies de crecimiento rápido como las coníferas, que son muy inflamables, no solucionan nada”.

En su caso pide promover actividades como la entresaca de pinos en zonas muy densas, permitiendo crecer a los árboles que se mantengan y fomentando la biodiversidad con encinas y otras especies “que reduzcan la velocidad del fuego y tengan una más rápida regeneración”.

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También ser conscientes de que el fuego tiene una función ecológica y hay zonas donde las especies están adaptadas para regenerarse… pero otras no, como los pinsapos de Sierra Bermeja, en Málaga, que encadena dos años con grandes incendios “y deben ser las que se protejan más”.

En los desbrozamiento se ponen ejemplos de gestión de la energía de biomasa como recurso sostenibles, aprovechando las “limpiezas” de los bosques o montes. En la comarca del Vallès, en Cataluña, ya funcionan proyectos similares desde 2014 y desde 2018 funciona un Centro Logístico ligado al aprovechamiento forestal sostenible y ligado a la prevención de incendios.

Mientras tanto en el Congreso duerme desde septiembre de 2020 la ‘Proposición de Ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil’.

Una norma presentada por Unidas Podemos, tramitada con apoyo del PSOE y que ha tropezado con la definición de las competencias entre administraciones y cuya tramitación no avanza desde octubre de ese mismo año. Y que por otro lado se ocupará de los servicios de extinción, no de las medidas de gestión del monte que solicitan las organizaciones.