La crisis de biodiversidad que está atravesando el planeta no tiene freno. Las especies de animales están disminuyendo a un ritmo vertiginoso y los acuerdos internacionales para poner fin a esa debacle son insuficientes. La tala, la caza ilegal y el macroconsumo o prácticas ilegales asociados a la biodiversidad están creando un agujero difícil de tapar, al menos mientras siga escondiendo un lucro económico.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) alertaba este año de que, al menos, 40.000 especies están en peligro de extinción. Estas son tres de cada 10 de las que se evalúan. Y parte de la clave está en esto último.
Según un estudio publicado recientemente en la revista PLOS Biology, las especies que no aparecen en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN –ya sea por falta de evaluación o datos– tienen más probabilidades de estar amenazadas que las especies evaluadas.
El problema, por tanto, puede ser mayor de lo que se piensa. De acuerdo a las conclusiones del estudio, especies como los reptiles reflejan un nivel de conservación mucho peor. Sobre todo en zonas como Australia, Madagascar y la cuenca del Amazonas. Hay que tener en cuenta que esa lista de la UICN sirve de base para aplicar las políticas y prácticas de conservación a nivel mundial.
Esta falta de información se une todo tipo de actividades humanas que encuentran en el comercio de especies y sus productos –ya sea legal o ilegal– un beneficio económico. Sin ir más lejos, y de acuerdo a datos publicados por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la caza furtiva y el tráfico de especies mueve al año hasta 10.000 millones de dólares.
Es el negocio de la extinción, y cuanto más amenazada esté la especie más se cotiza en el mercado negro. De hecho, las mafias que se dedican a este negocio ilícito utilizan ese rédito económico no sólo para enriquecerse, sino también, en algunos casos, para financiar movimientos de insurgencia y guerrillas. Como reveló una completa investigación publicada en 2007 en The Guardian, grupos terroristas como Al Qaeda llegaron a financiar sus actividades con la venta de cuernos de rinoceronte en la India.
Pero hay otro negocio más allá de las actividades ilegales en torno al tráfico de especies amenazadas. Es la industria de la peletería, que es legal y que aún hoy sigue dando beneficios económicos. En concreto, y según datos de la Spanish Fur Association (SFA), la piel mueve en torno a 30.000 millones de dólares. A la cabeza de este negocio se encuentran países como China seguida de Corea, Rusia o Estados Unidos.
Este negocio se vuelve, si cabe, más polémico cuando la biodiversidad de especies pasa por uno de sus momentos más delicados, como está ocurriendo ahora. En lo relacionado con la moda, por ejemplo, los peleteros utilizan argumentos como que es mucho menos contaminante que lo sintético, que al fin y al cabo son derivados del petróleo.
Por otro lado, ecologistas y defensores de los animales apuestan por una transformación de la industria textil en la que se utilicen tejidos biodegradables que no estén manchados de la sangre de un animal. En este sentido, ya hay marcas de lujo como Chanel, por ejemplo, que han prohibido las pieles exóticas en sus colecciones.
Estos mismos grupos son los que llevan solicitando desde hace años el cierre de las granjas de visones, que en nuestro país aún se cuentan en, al menos, una veintena, según datos de WWF. Su piel como la de zorros, chinchillas y marmotas son las que adquieren una mayor popularidad.
El riesgo 'pandémico' de los visones
Para organizaciones como WWF, las granjas peleteras son insostenibles por su elevado coste económico y su alto riesgo para la salud de las personas y el medioambiente. De acuerdo a su último informe, en el caso de España, se invierten más de seis millones de euros al año de dinero público para controlar el avance de una especie que es invasora.
A menudo, escapan de las granjas y crían en un medio que no es el suyo. Esto afecta a, al menos, 50 especies autóctonas y algunas de ellas muy amenazadas, como el visón europeo o el desmán ibérico.
En lo relacionado con la salud, y sobre todo a raíz de la pandemia de Covid-19, se ha comprobado que parte de los recursos destinados a luchar contra el coronavirus se tuvo que emplear en las granjas peleteras. Se han tenido que realizar pruebas tanto a los animales como a los trabajadores de las granjas.
Como recoge WWF, solo con el brote de Covid-19 ocurrido en la granja de Puebla de Valverde (Teruel) en 2020, el Gobierno de Aragón tuvo que indemnizar con más de 1,5 millones de euros por el sacrificio obligatorio de 92.700 animales, tras haber asumido la granja los costes.
Imagen de archivo de una granja de visones en España.
No ha sido hasta este año cuando España ha aprobado una ley de derechos de los animales por la que se ha ordenado el cierre progresivo de estas granjas de visón americano. Un objetivo ambicioso que deberá culminar como tarde en el año 2030 y que se ampara bajo la lucha contra especies invasoras.
En Europa se ha lanzado también una iniciativa ciudadana por la que diferentes organizaciones de protección animal como Fundación Franz Weber o Tu Abrigo Su Vida (TASV) han solicitado el cierre de las granjas peleteras.
La propuesta, que ya ha sido registrada por la Comisión Europea, solicita la prohibición a escala comunitaria de la cría de animales únicamente por su piel, así como la introducción de pieles en el mercado comunitario.
No se trata de una cuestión puramente proanimalista. Estas instalaciones requieren una alta vigilancia, porque según se ha comprobado, pueden ser grandes reservorios de patógenos tan contagiosos como el coronavirus y pueden dar origen a la generación de la próxima pandemia.