España cuenta con una red de áreas marinas protegidas que cubren hasta un 13% de su superficie del mar. Estas zonas han sido designadas para la protección de una biodiversidad muy rica y variada, pero cuya gestión no es suficientemente adecuada. Es la principal conclusión del informe Parques de Papel de la ONG ambiental OceanCare.
En la mayor parte de estas áreas, que forman parte de la Red Natura 2000, el estado de los hábitats y las especies que se pretende proteger se ha evaluado como no favorable. Las actividades de impacto continúan ejerciéndose, aún después de su designación como zonas protegidas.
La organización asegura que se evidencia así un problema de gestión de la red y, por tanto, de incumplimiento con la normativa de protección de la naturaleza. Piden que se obligue y se evite el deterioro de los hábitats y especies que se protegen, en pro de su conservación y, de ser necesario, su restauración.
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Efectos de la pesca
Una de las mayores amenazas para la integridad del lecho marino y sus hábitats, incluso en el interior de las áreas marinas protegidas, es la pesca de contacto con el fondo marino, como son el arrastre de fondo y la pesca con draga.
El análisis presenta al menos un 21% de esas zonas protegidas estaría siendo arrastradas, incluyendo zonas fuertemente impactadas, casos de actividad de arrastre sobre hábitats específicamente protegidos y evidencias de arrastre sobre zonas restringidas a esta actividad, y, por tanto, ilegal.
Los científicos señalan que los efectos negativos de las actividades pesqueras que entran en contacto directo con el fondo incluyen la degradación o destrucción de los hábitats o la captura incidental de especies no deseadas –incluyendo especies protegidas–. Pero también la liberación de carbono almacenado en el fondo marino, resultando, por tanto, incompatibles con cualquier esfuerzo de conservación.
El análisis sobre la actividad pesquera mostró que un 26% de los sitios protegidos en el Mediterráneo sufren pesca de alto riesgo. También reveló una situación preocupante para España como país con mayor número de áreas protegidas con actividad pesquera en su interior. Tras este estudio se ha calculado que un 34% de las zonas designadas en España para la protección del bentos marino sufren pesca de alto riesgo.
Y eso es porque, según OceanCare, en España es frecuente que la pesca quede excluida de la gestión de los espacios protegidos al mantenerse sujeta a normativa pesquera, siendo ajena a los objetivos de conservación.
La pesca de arrastre
Pero, ¿qué es la pesca de arrastre? Según un estudio de la flota de arrastre del Mediterráneo, el arte de pesca utilizado tiene un promedio de 62 metros de largo, 90 metros de ancho y 280 kg, alcanzando máximos de hasta 220 metros de largo, 292 metros de ancho y 778 kg.
En España, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés), de las 218 Áreas Marinas Protegidas analizadas, tan sólo un 62% tienen plan de gestión en vigor y en cuanto al resto, el plazo de seis años ha expirado o está prácticamente agotado.
Pero también hay otras conclusiones interesantes. La primera es que el 73% de la actividad pesquera registrada en el interior de las zonas Natura 2000 españolas corresponde a buques de arrastre y un buque pescando con draga, de nacionalidad irlandesa.
Y todo porque la creación de zonas protegidas rara vez se altera la forma de gestionar la pesca, que se mantiene sometida a normativa pesquera. El informe asegura que esto perpetúa el impacto del arrastre sobre hábitats que fueron identificados para su protección, donde probablemente también existen especies amenazadas o en peligro.
OceanCare llama a esta gestión débil e ineficaz en las zonas protegidas en "parques de papel", es decir, áreas protegidas por norma, pero ineficaces para la conservación.