La misión marmenorense de la Comisión Europea podría hablar más alto, pero no más claro: "La visita de investigación al Mar Menor mostró a la delegación que este problema múltiple necesita una acción integral por parte de todas las autoridades competentes. La complejidad de la situación ambiental de la laguna confirmó que todos los actores debían actuar de manera coordinada e inmediata, para evitar un mayor deterioro del ecosistema y futuros episodios de eutrofización y anoxia". 

Así arranca el apartado de conclusiones del informe que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha realizado sobre la misión que Bruselas protagonizó al litoral marmenorense, entre el 23 y el 25 de febrero. Este documento es un borrador que todavía debe recibir los apuntes de los europarlamentarios que participaron en aquella inspección, antes de ser aprobado por el Parlamento Europeo.

Durante aquellos días de febrero, los eurodiputados realizaron una visita panorámica de la zona agrícola que rodea al Mar Menor, se recorrieron las Salinas de Marchamalo, las playas de Los Alemanes y Los Nietos, así como el Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar. También acudieron a la desembocadura de la Rambla del Albujón: uno de los puntos negros por donde más nitratos entran al ecosistema marmenorense.

EL ESPAÑOL ha accedido al documento de 61 páginas donde la expedición liderada por Tatjana Zdanoka transcribe el resultado de las entrevistas que mantuvieron con políticos, científicos, activistas, colectivos vecinales y agentes sociales del sector agrícola, pesquero o turístico. Todo ello, antes de exponer un listado de recomendaciones a las autoridades españolas y a las instituciones europeas para atajar la crisis ambiental de la emblemática albufera murciana.

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Valga como ejemplo el relato lapidario que ofrece Dionisio García Piqueras, jefe de la Estación Náutica del Mar Menor, sobre los efectos económicos que tiene la mutación que hace seis años inició el ecosistema hasta convertirse en una 'sopa verde':

"Dionisio García Piqueras comenzó haciendo una pregunta directa a los miembros de la comitiva. Después de visitar la zona del Mar Menor: ¿Vendrían con sus familias a pasar sus vacaciones en la laguna? El sector turístico representa más de 35.000 puestos de trabajo con 17.000 unidades de alojamiento. El Mar Menor es un lugar único para iniciarse en actividades náuticas sostenibles. Desde 2016, este sector sufre una crisis de imagen difícil de superar. Más del 40% de las empresas relacionadas con el Mar Menor han desaparecido".

"Desde 2016 hubo inundaciones, episodios de anoxia con peces muertos, muchas portadas de periódicos o titulares de televisión afirmando que el Mar Menor estaba contaminado. Esta situación provoca que los productos se devalúen y la rentabilidad de los alojamientos disminuya. Si a esta situación le sumamos dos años de pandemia de Covid, el panorama es desolador".

"Su sector pide una solución tras 6 años de inacción. Hay millones de euros gastados en estudiar la situación y muchas propuestas en diferentes planes adoptados. Solicitó que la UE cree un comisionado especial para fijar una hoja de ruta clara con acciones a tomar a corto, mediano y largo plazo. No debemos dejar que el Mar Menor muera por luchas políticas. Todos los sectores económicos están perdiendo puestos de trabajo".

De las conclusiones preliminares del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se extraen dos ideas: no hay tiempo que perder y la Administración se debe coordinar a todos los niveles. "El problema principal es una cuestión ambiental y las medidas principales deben abordar el grave deterioro del Mar Menor, pero también están en juego otros factores sociales y económicos relevantes que deben tenerse muy en cuenta".

"Es necesario monitorear los usos agrícolas, urbanos y turísticos de la zona. Esos sectores económicos deben tener su correspondiente zonificación territorial y se necesitan medidas regulatorias bien diseñadas y estrictas. Con estas medidas y con las infraestructuras necesarias, debería ser posible mantener actividades productivas primarias, como la agricultura y la pesca, con actividades terciarias como el turismo de naturaleza, y proteger la integridad ecológica del ecosistema en un contexto de crecimiento azul y trato verde. Sin medidas estructurales, ni las actividades ni la integridad ecológica serán posibles, al menos en los niveles de calidad deseables".

El documento prosigue resaltando que hay que dar respuesta a la sociedad civil que ha protagonizado varias manifestaciones contra el deterioro de la laguna y ha impulsado una ILP en el Congreso de los Diputados. "En los últimos tiempos se han adoptado a nivel nacional y autonómico acciones marco y estrategias de gestión más integrales en materia de protección del Mar Menor. Sin embargo, es necesario que se implementen debida y oportunamente para lograr lo que demandan los murcianos".

"Es decir, se necesitan actuaciones concretas y urgentes para solucionar los problemas más destacados relacionados con la degradación del Mar Menor. Además, una coordinación eficaz y constructiva entre las Administraciones públicas de diferentes niveles debe estar en el centro de todas las medidas dirigidas a recuperar el ecosistema de la laguna".

Después de tales reflexiones sonrojantes, el informe de la misión marmenorense de Bruselas expone un listado de diez recomendaciones a las autoridades españolas. Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, valora positivamente el contenido del documento que se ha presentado este jueves: "Han recogido todas nuestras demandas, ojalá este borrador se convierta en definitivo".

La decena de medidas propuestas desde la CE supone un tirón de orejas a la gestión que hasta ahora ha tenido la laguna. Uno: "Instar a las autoridades competentes españolas, como principio básico, a cumplir toda la legislación medioambiental de la UE relacionada con el Mar Menor. En concreto, adoptar las medidas necesarias para cumplir con la Directiva de Nitratos y la Directiva de Hábitats teniendo en cuenta que la Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra España".

Dos: "Solicitar a las autoridades españolas competentes que continúen los esfuerzos para hacer frente a las extracciones ilegales de agua y los vertidos contaminantes de las zonas agrícolas circundantes para cumplir con la Directiva Marco del Agua".

Tres: "Comprometer a las autoridades españolas competentes a poner fin a los vertidos agrícolas y ganaderos en el Mar Menor". Para ello reclaman establecer medidas específicas, como promover el cambio hacia una agricultura sostenible; eliminar las áreas agrícolas de regadío ilegal; reducir el uso de recursos agroquímicos; acabar con el uso de plásticos y la quema de residuos de todo tipo, así como reforzar los sistemas de control de eliminación y tratamiento de purines.

Cuatro: "Pongan fin a los vertidos y contaminación de metales pesados en la Sierra Minera mediante la adopción de las siguientes medidas: sellar los estanques y pozos mineros existentes;  restaurar suelos dañados; repoblar y recuperar el paisaje de montañas mineras para amortiguar y retener tierra contaminada y las escorrentías".

Cinco: "Revisar y monitorear la red de saneamiento de las localidades costeras, modernizándolas o reemplazándolas. Recoger y tratar el agua de lluvia, separándola del sistema de alcantarillado e introduciéndola en un circuito de reutilización. Modernizar las plantas de tratamiento y construir más donde se necesiten".

Seis: "Establezcan todas las medidas necesarias para evitar inundaciones y desbordamientos del Mar Menor por escorrentías o lluvias torrenciales". Para atajar este problema crónico de los municipios ribereños instan a restaurar la red de drenaje natural de las ramblas, a renovar el sistema de impulsión de la Rambla del Albujón y a crear infraestructuras verdes alrededor de la laguna costera, a través de un cinturón verde y un bosque protector autóctono basado en la fitorremediación.

Siete: "Supervisar el planeamiento urbanístico general de los pueblos y ciudades de la cuenca del Mar Menor para el cumplimiento de la legislación ambiental". Para ello la Comisión Europea pide a las administraciones central, regional y local que sancione toda construcción ilegal y ponga freno a infraestructuras sobredimensionadas.

Ocho: "Regular la navegación, por ejemplo, permitiendo únicamente embarcaciones con motor eléctrico, solar, veleros o botes de remos". Los europarlamentarios también reclaman sanciones para la pesca sin licencia, recuperar los sistemas dunares de La Manga y restringir el uso de maquinaria que dañe los fondos marinos.

Nueve: "Solicitar a las autoridades españolas competentes que reaccionen urgentemente con el acuífero". Para lograr este objetivo proponen construir infraestructuras que permitan extraer y canalizar el agua con salmuera, eliminando nutrientes, así como aumentar el intercambio de aguas con el Mediterráneo y potenciar la extracción de lodos del fondo marino.

Diez: "Hacer del Comité Científico Interinstitucional para la protección del Mar Menor, un verdadero organismo independiente y autónomo, para que sobre la base de la ciencia pueda asesorar a las distintas Administraciones públicas en las prioridades y medidas a tomar en relación con la conservación de la laguna".

"De este primer borrador sacamos dos conclusiones muy importantes", según ha resaltado Marcos Ros, europarlamentario del PSOE que formó parte de la misión de Bruselas en febrero. "La primera conclusión: el Gobierno regional fracasó en su intento de ocultar la realidad del Mar Menor". Y la segunda: "El Parlamento Europeo nos ha señalado el camino hacia una transición agraria que nos lleve a un modelo sostenible y de calidad, que nos permita adaptarnos a la situación climática que abordamos".

A juicio de Ros: "El Ejecutivo de Fernando López Miras debe tomar nota de este nuevo revés y actuar en consecuencia".