El PP de Toledo ha denunciado este martes que el Gobierno regional todavía no ha pagado en lo que va de año los servicios sociales de ayuda a domicilio de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, al igual que ha reclamado la firma del convenio que permite a las entidades locales pagar a los trabajadores que realizan dicha actividad.



Así lo ha manifestado el presidente del PP de Toledo, Carlos Velázquez, en una atención a medios en la que ha tachado a la Junta de Comunidades de "incompetentes o de irresponsables por no pagar ni firmar el convenio de un servicio tan importante como es la ayuda a domicilio", pues ha subrayado que es un "pilar básico" del Estado de Bienestar que es "competencia exclusiva" del Ejecutivo castellano-manchego.



"Existe una preocupación grandísima", ha subrayado Velázquez respecto a la ayuda a domicilio, ya que es "uno de los servicios más importantes que cumple una tripe función: estar más cerca de las personas vulnerables que necesitan ayuda; contribuye a fijar población en los pueblos, ya que es servicio que se presta en las casas de las localidades y contribuye a la creación de puestos de trabajo especializados en el medio rural", ha detallado el presidente del PP de Toledo.



En este sentido, ha señalado que los ayuntamientos de la región se están viendo obligados a hacer frente a los pagos de estos servicios e incluso algunos casos "están teniendo que buscar financiación en los bancos con sus respectivos pagos de intereses", ha indicado Velázquez.



Por ello, ha destacado que con el no pago del servicio, el Gobierno regional "no solo está defraudando a todos los trabajadores que desempeñan dicha función, sino que no está contribuyendo a la lucha contra la despoblación de Castilla-La Mancha abandonando a las personas más vulnerables".



Además, Velázquez ha reprobado que desde 2014 no se han actualizado los precios del coste por hora de los trabajadores y que durante 2020 y 2021 la Junta no cumplió con el presupuesto destinado a la ayuda a domicilio.



Por su lado, la alcaldesa de Castillo de Bayuela (Toledo) ha reprochado al Ejecutivo que algunos ayuntamientos han tenido que "adelantar entre 50.000 y 60.000 euros para proceder a los pagos de ayuda a domicilio", por lo que ha exigido que el servicio se pague "de manera puntual".