El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a dos personas, un hombre y una mujer de 55 y 54 años de edad respectivamente, como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo y otro delito por desobediencia al promover la ejecución de una serie de edificaciones en un paraje protegido por la Red Natura 2000 dentro del término municipal de Navalcán.
Una denuncia ciudadana dio inicio a la operación Zepalcán y permitió al Seprona de la Guardia Civil de Toledo localizar una serie de edificaciones ubicadas dentro de zonas de protección como interés comunitario de la Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y del Alberche, y la zona de especial protección de aves Valles del Tiétar, del Rosarito y Navalcán, ambas incluidas en la Red Natura 2000.
La investigación ha permitido descubrir que estas edificaciones se iniciaron hace ya más de 10 años, deteniéndose en 2009 por una resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha donde se ordenaba su inmediata paralización y restauración de las zonas afectadas.
Una de las construcciones paralizadas.
Reanudación de las obras sin autorización
Ha sido en el presente año cuando la Guardia Civil ha descubierto que estas obras continuaban ejecutándose y aumentando su tamaño, afectando a este paraje protegido.
Estas actuaciones constructivas se han llevado a cabo sin obtener los pertinentes permisos de las autoridades competentes, como el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo, y desobedeciendo la resolución sobre impacto ambiental desfavorable de la Junta.
Por ello, la Guardia Civil ha tomado manifestación en calidad de investigados a dos personas, un hombre y una mujer de 55 y 54 años de edad respectivamente y nacionalidad española, como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo y un delito de desobediencia a la autoridad. Todos los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Guardia de Talavera de la Reina.
El Código Penal prevé para este tipo de delitos urbanísticos penas de prisión que pueden variar de un año y seis meses hasta los cuatro años de cárcel, multa de doce a veinticuatro meses, además de la demolición de las obras y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada.