La investigación llevada a cabo por la Asociación Manuel Azaña, en torno a la represión franquista en la ciudad de Toledo, al amparo de un convenio suscrito con el Ayuntamiento, ha suscitado el lógico interés de los medios de comunicación, razón por la que queremos no solo agradecer esta acogida, si no aprovechar esta tribuna para hacer llegar información a los familiares de víctimas afectados, y, también para hacer hincapié en lo que consideramos más relevante de este trabajo, que no persigue otra finalidad que la de aportar datos históricos contrastados en distintas fuentes, de un periodo dramático de nuestra historia, y contribuir a cerrar heridas, en sintonía con el derecho humanitario establecido por la ONU, que mandata a los estados miembros a asumir pasados autoritarios o de políticas de genocidio, a partir de situar a las víctimas en primer lugar, para mostrarles empatía, y, asentar los principios de verdad, justicia y reparación.

De otra parte, entendemos que existe un deber de memoria, por parte de las instituciones y por parte de la sociedad, que debe de tener su correspondencia en el ámbito educativo, tal y como prevé la Ley de la Memoria Democrática, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. No son de recibo las estrategias de la equidistancia, y menos aún la de la negación, pues tarde o temprano se ha de imponer, al igual que en resto de Europa, la aplastante lógica de todo aquello que está documentado en cuanto a la represión franquista, y que exige un compromiso oficial, que lleve a verificar y publicar todos los nombres de aquellos que sufrieron prisión y muerte por su defensa de un régimen democrático, o que se vieron ante un pelotón de ejecución, solamente por ser sospechosos de simpatizar con la República. Un paso importante en esa dirección fue la publicación en el BOE, en 2019, de todos los nombres de aquellos españoles cuyo asesinato, en campos de exterminio o trabajo nazis, está acreditado de manera fehaciente.

Aunque ha sido durante el año 2021 cuando se ha realizado la investigación en su fase inicial, se puede decir que este trabajo tuvo su origen en la movilización ciudadana que hubo allá por el año 2003 para impedir el atropello que empezó a perpetrar la corporación gobernante en Toledo, encabezada entonces por el alcalde popular José Manuel Molina, y que consistía en destruir las sepulturas del patio 42 del cementerio toledano, para realizar allí una ampliación de la necrópolis, y hacer caja con la venta de parcelitas para nuevas sepulturas. Lo cierto es que se evitó la operación especulativa en el cementerio, y se consiguió el mantenimiento de ese espacio de memoria, con la construcción de un monumento conmemorativo, pero no la salvaje actuación de las palas excavadoras que trataron restos humanos como si de escombros se tratase, todo realizado bajo la protección de vallas con telas protectoras, con la finalidad de ocultar de la vista del público la profanación de tumbas y restos humanos de víctimas. Las fotos conseguidas entonces son un testimonio que no ofrece dudas de lo que se hizo. Existen en el cementerio toledano varios patios más en los que se produjeron enterramientos de victimas de la represión, pero en su mayoría corresponden a fusilamientos realizados a partir de enero de 1937, dentro de la “legalidad” de los juicios sumarísimos.

Un trabajo muy avanzado

Se puede decir que el proceso de investigación está muy avanzado, pero aún queda bastante tarea por realizar, en parte por las restricciones que han existido durante la etapa más dura de la pandemia, en particular para la actividad presencial en archivos. No obstante, sí que hemos podido evaluar el trabajo que queda aún por hacer y la documentación pendiente de consultar. Los archivos visitados hasta el presente, aparte los fundamentales del Registro Civil de Toledo y Archivo Histórico Municipal, son el Archivo Histórico Provincial, el Archivo Histórico de Defensa en Madrid, que conserva los sumarios de los consejos de guerra celebrados en Toledo, y el archivo de la propia asociación, si bien es cierto que aún quedan centenares de expedientes por consultar y sistematizar la información obtenida. Aún quedan por investigar los fondos de la Diputación Provincial del periodo estudiado, así como el Archivo Histórico Militar de Ávila, que conserva fondos de unidades militares que tuvieron presencia en la capital del Tajo. Falta también cuantificar e identificar a los rehenes llevados al interior del Alcázar, entre los días 18 y 22 de julio de 1936, con algunos primeros asesinatos de quienes se negaron a acompañar a los sublevados, como fue el caso del director del Heraldo Toledano, Domingo Alonso Jimeno, concejal y ex diputado de las Cortes Constituyentes de la República. Tras finalizar el asedio serían asesinados los citados rehenes, con algunos documentados, como el del maestro de la prisión de Toledo, Francisco Sánchez López.

Para lectores no iniciados diremos que el patio 42 del cementerio alberga los restos de más de mil víctimas de la represión inmediata en la ciudad de Toledo, tras la entrada de las llamadas tropas nacionales, pero que en realidad estaban formadas en gran parte por mercenarios marroquíes, devotos del islam, pero que al parecer venían a restablecer la verdad revelada del catolicismo. Las cifras de enterramientos vinculados a la represión, tanto en este como en otros lugares del cementerio, superan las que hasta ahora se habían establecido como válidas por los investigadores, a lo que hay que añadir que faltan muchos, al existir constancia de que hubo otras fosas en distintos puntos de la ciudad, además de un importante número de cadáveres que fueron arrastrados por la corriente del río, al haber muerto mientras intentaban cruzar al otro lado en la mañana del día 28 de septiembre de 1936. Otra particularidad de la represión en Toledo es que se realizó sin testigos, al haberse ordenado por el general Varela que los periodistas que acompañaban a las columnas del ejército de África, que era el mismo que había tomado Badajoz y Talavera de la Reina, permanecieran hospedados en la ciudad de la cerámica hasta nueva orden. La razón de este veto a la prensa no es otra que la repercusión internacional que había tenido la conocida como “matanza de Badajoz”, y que sin duda perjudicó y mucho la aureola piadosa con la que pretendían cubrirse los de la cruzada católica contra el marxismo. Es por ello que a partir de entonces era mejor no tener testigos, al menos en la primera fase de la conquista de ciudades, y que era cuando se producían con más virulencia ejecuciones extrajudiciales, violaciones de mujeres y saqueos de reparto del botín, algo a lo que se entregaban con entusiasmo los mercenarios marroquíes en particular. Es por lo mismo que, testimonios como el del funcionario de Correos Manuel Lanza Morales, publicado en los años noventa, tiene especial importancia y contundencia, sobre todo por estar redactado por alguien que era firme partidario de los sublevados, y que deja claro que hubo fusilamientos el mismo día 28 de septiembre de 1936, en lugares como el Miradero o la explanada del Álcazar, sin trámite alguno, de personas que no tenían nada que ver con el ejército republicano o con las milicias.

No tiene esta investigación por objeto el análisis de lo que aconteció en la capital del Tajo entre el 18 de julio de 1936, fecha oficial de la sublevación contra la República, y el 28 de septiembre siguiente, fecha más o menos oficial del final del asedio y de la evacuación de las tropas republicanas y de toda la población civil que pudo salir de la ciudad. Para quienes deseen saber más de lo que pasó durante aquel verano, pueden acudir a la mejor obra que se ha publicado al respecto, y que no es otra que la de José María Ruiz Alonso:  La guerra civil en la provincia de Toledo. Utopía, conflicto y poder en el sur del Tajo (1936-1939). Aunque, como decimos, no se pretende investigar ese periodo, si que es cierto que en el proceso de acumulación de información de los días 27 y 28 de septiembre de 1936, han aparecido episodios poco o nada conocidos, como el que tuvo lugar en el seminario de Toledo y alrededores, donde se habían concentrado más de cincuenta voluntarios, civiles y militares, con la finalidad de proteger la evacuación de vecinos de Toledo, que pretendían cruzar el río con destino a los pueblos de los Montes de Toledo, que permanecerían en poder republicano hasta el final de la guerra, con la frontera natural del Tajo entre las dos zonas en conflicto. Estos voluntarios republicanos, de los que se van conociendo nombres, como el del directivo de Correos, Eduardo Ruiz Meroño, o el de Alejandro Gómez de la Llave, cocinero del Café Español, se puede decir que se auto inmolaron premeditadamente para proteger la salida de Toledo de mujeres y niños fundamentalmente. Los que se rindieron fueron ejecutados in situ, junto a varias mujeres que apenas habían conseguido llegar a las carreras de San Sebastián, y los cinco últimos resistentes, parapetados en el interior del seminario, prefirieron suicidarse en el último momento, tal y como reflejan las propias crónicas franquistas.

1.787 víctimas

La conclusión del estudio realizado sobre la represión franquista en la ciudad de Toledo, circunscrita al espacio físico del Cementerio Municipal es la siguiente:

“Hemos cuantificado las víctimas de la represión franquista en Toledo entre 1936 y 1947 en un total de 1.787 personas. Y hemos ubicado a casi la totalidad de las víctimas en el Cementerio de la ciudad del Tajo”.

De esas 1.787 víctimas contabilizadas en el estudio investigación realizado para el Ayuntamiento de Toledo, para la FEMP y para la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD), hemos llegado a identificar y nominar a 1004 de ellas. Las 783 víctimas restantes siguen apareciendo como “desaparecidos” en el documento de Excel que muy pronto subiremos a la web de la Asociación Manuel Azaña. Un documento interactivo que dispondrá de un dispositivo al público o buscador, para localizar a las víctimas de la represión franquista en Toledo, a disposición de los familiares de las víctimas o de cualquier ciudadano que necesite o quiera consultar la información disponible.

La represión violenta, la represión física ejercida por el franquismo en Toledo tiene tres modalidades esenciales para nosotros, que se identifican también con tres períodos temporales específicos entre 1936 y 1947, lapso temporal estudiado para el informe sobre la ciudad del Tajo.

Un primer momento de represión en caliente, en parte fruto de la contienda militar, pero que a medida que hemos llevado a cabo el volcado de los Libros de Inhumaciones del Cementerio de Toledo, aparece ante nuestros ojos como un período de constantes saqueos, implantación del terror y fuerte represión indiscriminada durante la toma de la ciudad de Toledo, los días 27 y 28 de septiembre de 1936. Y que tras la toma de la ciudad evoluciona hacia procesos de depuración político administrativa, mediante la realización de sacas y fusilamientos sistemáticos de funcionarios y ciudadanos considerados afectos a la República, organizados por el Jefe del Servicio de Información y Delegado de Orden Público desde el 4 de octubre de 1936, el comandante Francisco Javier Planas y Tovar, que caracterizan este primer período hasta finales del 1936, en concreto hasta el 15 de diciembre de 1936, fecha en la que tiene lugar el último enterramiento comunitario indiscriminado, sin identificar, masivo, de Crisanto Barroso Braojos y 16 desconocidos más. Anotados con el número 1341 en el Libro de Inhumaciones. Enterrados en el Patio 42, fosa nº 53. (Los integrantes de esta fosa común fueron trasladados al Osario del Cementerio de Toledo en 1947). Hemos denominado a este primer período de violencia física que define y caracteriza la irrupción y el establecimiento del franquismo en la ciudad como la masacre de Toledo. Por sus dimensiones, el número de víctimas que supuso, por el nivel de violencia alcanzado y por la total impunidad que caracteriza los procesos de violencia observados, una vez analizados los datos de los que disponemos. A este primer período represivo le corresponden 1101 víctimas en total, entre militares y civiles. Y como hemos mencionado con anterioridad podemos situarlo entre el 27 de septiembre y finales de diciembre de 1936.

El más siniestro verdugo

El que fue sin duda el mas siniestro verdugo de represión en aquellos primeros meses de la “liberación” de Toledo, el citado comandante Planas Tovar, tuvo su centro de detención y tortura en el Hotel Castilla, incautado a la familia del escritor Félix Urabayen. Por aquel “cuartel” fueron pasando toledanos a partir del día 4 de octubre, en primera instancia funcionarios y otras personas que habían sido objeto de alguna denuncia. La tarea de Planas se podría etiquetar de terror silencioso, con un modus operandi que consistía en citar ante su presencia a personas que tenía en un listado, y, según los testimonios que hemos recogido, ya no volvían a ser vistos con vida por sus familiares. Al menos durante el periodo que va de octubre a diciembre de 1936, estas personas permanecían detenidas en el Hotel Castilla, y tras las pertinentes torturas para obtener información y otros nombres de afiliados o simpatizantes de sindicatos o partidos afines al Frente Popular, eran conducidos de madrugada al cementerio, en sacas de 25 o 30 personas, para su ejecución y entierro en fosas del patio 42. Dos casos muy conocidos, en los primeros días de octubre, por la relevancia pública de los afectados, fueron los del farmacéutico de Santo Tomé, Restituto Sánchez Delgado y el del funcionario de Estadística José Quirós Tello, que también ejercía de corresponsal en Toledo de la Agencia de noticias Febus. 

En segundo lugar, como segunda modalidad represiva, entre 1937 y 1944, aparece, tenemos la represión institucionalizada, caracterizada por ser una represión consciente y sistemática. Cualidades estas esenciales para que consideremos esta modalidad represiva como delito de genocidio ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Esta represión se caracteriza, como aquella primera realizada por el comandante Planas, por ser una represión sistemática del enemigo ideológico. Trata de aniquilar la disidencia republicana de una manera metódica y organizada. Solo que esta vez contamos con la documentación que lo acredita.

Hemos cuantificado la represión institucionalizada en Toledo en 395 víctimas, entre 1937 y 1944. Si a los fusilados tras la Guerra Civil, después del 1 de abril de 1939,- 360 personas -, les sumamos los 35 fallecidos fusilados durante la contienda armada en Toledo, fallecidos a consecuencia de: “haber sido pasado por las armas”, posteriormente “la guerra”, entre 1937 y 1938.

La suma total de fusilados sometidos a juicios militares urgentes y sumarísimos enterrados en el Cementerio Municipal de Toledo es de 395 personas, entre 1937 y 1944.

Por último, la tercera modalidad represiva programada por el franquismo tiene que ver con las instituciones creadas desde el inicio de la contienda por el ejército sublevado y que configurarán el sistema punitivo, concentracionario y penitenciario franquista desde 1936: campos de concentración, BB.TTs., Batallones de Trabajadores, BDSTs, Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores a partir de 1940, Colonias Penitenciarias, prisiones.

Presente en Toledo

El sistema punitivo franquista está presente en Toledo desde la toma de la ciudad, los días 27 y 28 de septiembre de 1936. Son continuas y habituales las detenciones, los paseos y sacas, que se suceden durante esos días. Hasta el punto de que han de habilitarse dos prisiones para acoger a la gran cantidad de presos militares y políticos. Además de la Prisión Provincial, se sigue utilizando la Prisión de Gilitos, habilitada ya para tal fin por el gobierno republicano de la ciudad, y se habilita el antiguo Convento de San Bernardo, Hospital de Sangre del Ejército Republicano durante el asedio al Alcázar, siendo utilizado como Campo de Concentración primero y como Prisión con posterioridad. En algunas anotaciones registrales aparecen numeradas, Prisión 1, 2 y 3. La Prisión número 3 se correspondía con el Convento de San Bernardo. Suponemos que la número 1 es la Prisión Provincial de Toledo, que estuvo ubicada en el espacio que actualmente ocupa la sede de los Juzgados de la ciudad, y la Prisión Nº 2 debe corresponder por tanto a la cárcel situada en el Convento de Gilitos, hoy sede de las Cortes de CLM.

Del estudio y confrontación de datos de los Libros de Defunciones del Registro Civil toledano, con los Libros de Inhumaciones del Cementerio de Toledo hemos llegado a cuantificar, tenemos constancia de 211 muertes ocurridas en las cárceles y campos de concentración de Toledo, por motivos de salud y malas condiciones higiénicas y sanitarias, entre 1936 y 1947. Hemos identificado a 31 fallecidos que formaban parte de los Batallones de Trabajadores (BB.TT.) que operaron en la ciudad hasta 1939. Aparecen 3 muertos en total que pudieron pertenecer a Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, con posterioridad a 1940. Y contabilizamos e identificamos a 15 fallecidos más, que redimían penas por trabajo en las Colonias Penitenciarias Militarizadas de Toledo.

En conclusión

En conclusión, entre 1937 y 1947 mueren en Toledo 260 presos políticos y militares sometidos al sistema concentracionario y penitenciario franquista.

El relato histórico de la irrupción de las tropas sublevadas contra la República en la ciudad de Toledo ha estado ligado irremisiblemente al asedio, a la heroica resistencia del Alcázar y a la posterior liberación de la ciudad. Considerada por algunos autores como una “epopeya”.

Nunca se había realizado un trabajo que comparase dos fuentes históricas esenciales para conocer los hechos ocurridos durante el conflicto civil en Toledo, los Libros de Defunciones del Registro Civil y los Libros de Inhumaciones del Cementerio Municipal, así como otros archivos fundamentales ya citados, para conocer, para cuantificar el coste humano que supuso la irrupción y el establecimiento del franquismo, del Nuevo Estado, en la ciudad del Tajo.

Ignacio Cabello y Isabelo Herreros, investigador y presidente respectivamente de la Asociación Manuel Azaña