La Policía Nacional ha detenido en Madrid y Alicante a seis personas que presuntamente falsificaban tarjetas de asilo para ciudadanos colombianos a cambio de 300 euros por documento, y los investigadores han identificado ya a 20 clientes de la organización que sabían del engaño.
Esta banda operaba en España y distribuía los documentos de protección internacional falsos en las provincias de Madrid, Murcia, Alicante, Valencia, Toledo y León, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.
A los seis arrestados, cuatro en Pozuelo del Rey (Madrid), y dos en la localidad alicantina de Alcoy, se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y estafa.
El líder de la organización se hacía pasar por abogado especializado en trámites de extranjería y sus principales compinches se asentaban en las provincias de Madrid y Alicante.
Desde estas provincias se encargaban de la captación, intermediación y facilitación de las tarjetas de solicitante de asilo falsificadas.
Los integrantes de la banda, principalmente de nacionalidad colombiana, aprovechaban la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los extranjeros para obtener beneficios. Sus clientes estaban en España en situación irregular, lo que les impedía poder trabajar.
Algunas de estas personas, que adquirieron la tarjeta de solicitante de asilo, no sabían que era falsificada, por lo que fueron además víctimas del delito de estafa. Sin embargo, la Policía ha identificado a otros 20 clientes que sí lo sabían.
Las entregas de los documentos se hacían en la vía pública o incluso en establecimientos de comida rápida, donde estampaban su huella y su firma.
En ocasiones incluso se les proponía acortar los plazos establecidos por la administración para trámites tendentes a la regularización de su situación.
La distribución de los documentos en España se efectuaba por correo o servicios de paquetería, si bien, el líder de la organización se desplazaba alguna vez a Alicante con el fin de entregar personalmente varias de estas peticiones.
Los pagos para la obtención de estas solicitudes se realizaban a través de aplicaciones de envío de dinero entre particulares o por transferencia bancaria, aunque en ocasiones se hacía en efectivo.
Los investigadores han constatado también la utilización de un permiso de residencia falsificado con el fin de abrir una de las cuentas empleadas por la organización para recibir los cobros por sus servicios.
Los agentes han intervenido 8.255 euros en efectivo, un arma de fuego simulada, un permiso de residencia falsificado, seis teléfonos móviles, una impresora y diversa documentación relacionada con la investigación.
