El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado una inversión que asciende a 3,4 millones de euros desde el año 2016 en la retirada de amianto del barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo, sumada ya la última partida de 1,2 millones aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno.



Así se lo ha trasladado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, a los representantes de la Asociación de Vecinos 'El Tajo' y de la plataforma ciudadana 'Mi Barrio sin Amianto' con los que se ha reunido este jueves, ha informado la Consejería en nota de prensa.



Escudero ha explicado a los vecinos las actuaciones desarrolladas hasta el momento, así como las que están pendientes de realizarse en los próximos meses para completar la descontaminación de amianto.



Ha subrayado la voluntad de "diálogo, cercanía y transparencia" del Ejecutivo castellanomanchego con respecto a este asunto, así como el "firme compromiso" de cumplir con la hoja de ruta marcada con el fin de "proteger la salud de los ciudadanos".



El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una partida superior a un millón de euros para proseguir con la retirada de amianto de una parcela propiedad de la Consejería de Fomento, en concreto la parte situada entre la calle Laguna de Arcas y avenida Río Ventalomar.



En el marco de esta actuación, se llevarán a cabo labores de retirada de materiales, embalaje y transporte a la planta gestora autorizada de tratamiento de residuos, movimiento de tierras y vigilancia.



El plazo de ejecución de la obra comenzará en la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, con una duración de siete meses, y este proyecto da continuidad a los trabajos iniciados en diciembre de 2016 y a los realizados en abril de 2019.



Con respecto a las intervenciones previstas en los terrenos particulares, Escudero ha dicho a los vecinos que ya está "todo preparado" para la primera actuación y que el Gobierno regional está a expensas de poder acceder a los terrenos cuando cuente con la autorización pendiente del Tribunal Superior de Justicia.



El consejero de Desarrollo Sostenible se ha comprometido con los representantes de los citados colectivos a mantener un "diálogo regular" con ellos para informarles de la evolución de los trabajos.