El candidato del PSOE a la reelección como alcalde de Torija (Guadalajara), Rubén García, ha calificado como "incomprensible" que Unidas Izquierda Unida presente como cabeza de lista a Rafael Domínguez, en situación procesal de investigado, y pendiente de juicio, por un presunto delito de apropiación indebida.
En nota de prensa, García ha precisado que "al contrario de lo que va diciendo el candidato de IU, no se ha celebrado todavía el juicio" en una causa en la que está personado el Ayuntamiento y que el ministerio Fiscal ha confirmado su derecho a presentarse como acusación en este proceso judicial.
"Esta es la situación procesal y lo era también en el momento de registrarse las candidaturas para las próximas elecciones municipales, por lo que cuesta mucho entender que IU haya decidido presentar a este candidato", ha subrayado el candidato socialista.
Y ha advertido que "a falta de que se celebre el juicio, lo cierto es que la situación judicial de este candidato hace imposible que ningún partido comprometido con la transparencia y la honestidad de los representantes públicos pueda pactar con él tras las próximas elecciones, si se diera el caso de que resultase elegido como concejal".
Los hechos por los que se investiga al candidato de IU en Torija es que el Ayuntamiento abrió un expediente para la retirada de vehículos que podían estar abandonados en la vía pública y Domínguez, como teniente alcalde, ordenó la retirada de varios vehículos de forma unilateral y sin concluir dicho expediente.
Sin informar al Ayuntamiento, Domínguez contrató una grúa por su cuenta y los vehículos retirados fueron llevados a un desgüace sin que se hayan presentado facturas ni del coste de la grúa ni de lo que pudiera haberse percibido por la entrega de los vehículos al propio desgüace.
La investigación se inició tras la denuncia de un particular al que se le retiró al vehículo y, con posterioridad, el Ayuntamiento se personó en la causa, ambos que ya han presentado sus escritos de acusación en los que piden que al candidato de IU se le juzgue por presunta apropiación indebida y por cohecho. Los escritos de acusación piden la inhabilitación de la persona investigada para ejercer cargos públicos.