El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Daimiel (Ciudad Real) ha condenado a un paciente a ocho meses de prisión y una multa de 6 euros diarios durante dos meses por agredir a una médico en una consulta.
La sentencia recoge que los hechos juzgados prueban que el acusado, con la "intención de menoscabar la integridad física de la doctora", entró en la sala de urgencias del servicio sanitario y, con actitud agresiva y en estado de nerviosismo, exigió la prescripción de penicilina para tratar una infección de transmisión sexual, según ha informado el Colegio de Médicos de Ciudad Real.
Ante la negativa y el tiempo de espera, el paciente arrojó el material de la mesa de la doctora, levantando los brazos y profiriendo insultos y amenazas. La intervención de una enfermera, que trató de calmarle, evitó daños mayores, y otro enfermero se interpuso para proteger a la doctora cuando el agresor intentó seguirla tras salir de la consulta.
A pesar de la presencia policial y de personal sanitario, el paciente continuó profiriendo insultos como: "No vales una mierda, robas el dinero de mi país, vaga de mierda, las mujeres sois unas manipuladoras, crees que no te puedo pegar porque tienes la ley de tu mano, puta inmigrante de mierda...".
Antecedentes penales
El Colegio de Médicos de Ciudad Real recuerda que esta sentencia incluye la creación de antecedentes penales, lo cual conlleva importantes consecuencias en la vida del condenado como restricciones laborales, ya que acceder a empleos o cargos públicos puede resultar difícil por el requisito de un historial limpio; movilidad internacional restringida, pues algunos países deniegan la entrada o imponen controles adicionales a personas con antecedentes; dificultades financieras, ya que entidades bancarias y financieras pueden limitar el acceso a créditos y préstamos al considerarse un riesgo; impedimentos para permisos especiales como licencias de armas o de conducción, cuya obtención puede complicarse con antecedentes; y estigmatización social, ya que las personas con antecedentes enfrentan prejuicios que dificultan su reintegración en la sociedad y en el ámbito laboral.
De igual modo, ha subrayado la necesidad de que los colegiados "denuncien cualquier agresión en el entorno sanitario" y ha remarcado su compromiso de ofrecer apoyo jurídico gratuito en cada proceso.
"Esta institución defiende con firmeza una política de tolerancia cero frente a la violencia en los centros de salud, al tiempo que refuerza su postura de Stop Agresiones, haciendo un llamado a proteger y respetar a los profesionales que día a día velan por la salud de la ciudadanía", concluyen.