La colaboración del juzgado de Manzanares y la justicia francesa acaba con una red de falsos pistachos ecológicos

La Guardia Civil ha detectado a una empresa que se dedicaba a la producción, distribución y venta de pistachos supuestamente ecológicos bajo una marca, pero que no cumplían con los requisitos exigidos para tal calificación.La operación, denominada Pevera, se inició en 2019, ha contado con la colaboración de Europol y se ha saldado con la investigación de 14 personas en Ciudad Real, Madrid y Málaga. Para culminar con éxito la persecución de estos delitos, la colaboración del juzgado de Manzanares con los organismos judiciales franceses está resultando fundamental.

En estas provincias, el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil ha intervenido los pistachos que recepcionaban varias empresas con un uso fraudulento de certificación ecológica.La Guardia Civil calcula que los beneficios obtenidos con este engaño son superiores a los seis millones de euros.Con esta práctica fraudulenta, hacían que el rendimiento económico se elevara entre un 60 y un 80 por ciento del valor real del producto.

La Guardia Civil ha informado en un comunicado de prensa de que detectó mezcla de pistacho ecológico con pistacho convencional a raíz de informes de laboratorio en los que se hallaron compuestos químicos pesticidas como “glisofato” o “clorato”, haciéndolo incompatible con el proceso de agricultura ecológica.La principal comercializadora española se dedicaba a distribuir estos pistachos sin los requisitos establecidos por el sector y sin ningún tipo de garantía en la certificación ecológica.

Así la trazabilidad del producto se perdía, lo que constituye un verdadero fraude alimentario para el consumidor, que compraba el producto hasta 3 y 4 euros por kilo más caro.Gracias a la colaboración de Europol y de las autoridades policiales francesas (Gendarmería Nacional Francesa –OCLAESP-), los agentes supieron que el producto podría estar vendiéndose en Francia.

La colaboración del Juzgado de Instrucción nº1 de Manzanares y el Juzgado de Meyreuil (Francia) fue fundamental para la aplicación de la Orden Europea de Investigación y registros del principal distribuidor tanto en España como en el país vecino.La investigación conjunta acreditó el modus operandi de la empresa española y su posterior venta a nivel europeo.En el país galo las diligencias continúan abiertas.