El final de la prohibición para la instalación de macrogranjas en Castilla-La Mancha, fijado por el Gobierno regional para el 31 de diciembre de 2024, ha provocado una "extrema preocupación" en la plataforma Stop Macrogranjas ante el "aluvión" de proyectos que, según temen, pueda llegar a la comunidad autónoma siguiendo el modelo de expansión de la ganadería industrial de Aragón y Cataluña.

"Es una locura", denuncian desde este colectivo sobre el fin de la moratoria, advirtiendo del "grave problema de contaminación del agua" que ese modelo de producción animal ha generado en ambas comunidades autónomas. Hay un fuerte malestar ante la posibilidad de que, a partir de enero de 2025, se reactiven muchas macroinstalaciones actualmente en pausa y se establezca un modelo "a medida de la industria cárnica".

Aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado su intención de sustituir la moratoria vigente desde 2022 por un "nuevo modelo de gestión" con un marco legal y ambiental restrictivo, Stop Macrogranjas cree que levantar la prohibición sólo conseguirá dar vía libre a explotaciones ganaderas de más de 2.500 cerdos de cebo y desarrollar un sistema industrial "extremadamente preocupante".

Nuevo paquete legal

Como viene informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, el Gobierno de Emiliano García-Page está diseñando para aplicar a partir de 2025 un amplio paquete legal que incluye un nuevo decreto de purines, un plan de biometanización hasta 2030, una nueva Ley de Evaluación Ambiental y otra de Simplificación Administrativa y un cambio de la Ley de Proyectos Prioritarios para favorecer las plantas de biogás.

Tanto el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, como la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, han explicado que su nuevo modelo impulsará el reciclaje de los estiércoles y la mejora de la gestión de este tipo de instalaciones, algo que no convence a Stop Macrogranjas, muy críticos con los planes del Ejecutivo autonómico, tal como denuncian en un comunicado de prensa.

Stop Macrogranjas ha señalado que en una reunión mantenida el pasado 2 de octubre entre el director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia, y el coordinador de Medio Ambiente, Javier Ariza, con diversas organizaciones ambientalistas y vecinales, "se trasladó que la posición de la Junta es que la ganadería industrial aún cuenta con margen de crecimiento hasta alcanzar los niveles de producción de regiones como Aragón o Cataluña".

Una valoración que las entidades participantes en el encuentro, Stop Macrogranjas, Greenpeace y Ecologistas en Acción, han valorado como "extremadamente preocupante, ya que la Consejería con las competencias medioambientales "defiende que Castilla-La Mancha aumente su censo porcino, y lo más grave es que tomen Cataluña como modelo a seguir, donde el 45% de los municipios están declarados como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola".

Según el colectivo, tras la aplicación de la nueva normativa, las macrogranjas de menos de 2.500 cabezas de cebo podrán seguir aplicando los purines sobre los suelos agrarios, mientras que las explotaciones existentes que superen ese nivel tienen un plazo de 10 años para adaptarse a un nuevo método de gestión de purines, como por ejemplo llevarlos a una planta de biogás.

Sin presencia ciudadana

Este mismo periodo de gracia se concedería a la adaptación a la normativa de todas las balsas de purines. Para Stop Macrogranjas, la concesión de este periodo supone un reconocimiento del hecho que muchas de ellas actualmente no están lo suficientemente impermeabilizadas, con los riesgos de filtraciones que ello supone.

Según la plataforma, solo se prohíbe el vertido directo de purines a las nuevas explotaciones de más de 2.500 plazas de nueva construcción, y podrán optar o bien por el transporte a planta de biometanización o la separación sólido-líquido con el compostaje del sólido y la desnitrificación del líquido.

Además, han destacado desde Stop Macrogranjas, el nuevo decreto de purines crea la figura del Grupo de personas expertas en tratamiento de purines en Castilla-La Mancha (Geteclm) compuesto por expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), miembros del Gobierno regional y representantes del sector cárnico y ganadero. "Destaca la ausencia de organizaciones ambientalistas y colectivos vecinales que sufren los efectos de las macrogranjas en sus municipios", han apuntado desde Stop Macrogranjas.

Por otra parte, este colectivo denuncia la eliminación el artículo que inicialmente estaba en el borrador de este decreto y que permitía a los ayuntamientos establecer limitaciones al esparcimiento de purines en sus términos municipales. Sólo les permitirán limitarlos cuando vengan de fuera por 'razones técnicas'.

En este sentido, la plataforma expresa su rechazo al plan de derivar residuos a plantas de biogás, una perspectiva que valoran como una estrategia para perpetuar un modelo que consideran insostenible y con una alta huella de carbono. Sostienen que el problema de la región es que de los 15 millones de toneladas de residuos que genera anualmente, el 70% viene de la ganadería industrial.

Se agravará

Los colectivos integrantes de Stop Ganadería Industrial han valorado que "si la Junta pretende solucionar el grave problema de la contaminación por nitratos se debería aprobar una moratoria real de esta industria. Además, es una locura aspirar a acercarnos a comunidades como Cataluña y Aragón en términos de producción de porcino, cuando estas regiones tienen un grave problema de contaminación de aguas. Actualmente Castilla-La Mancha ya es la comunidad española con mayor porcentaje de sus tierras vulnerables a nitratos".

Los colectivos vecinales y ambientales han afirmado que "está claro que esta reforma del marco legal está hecha a medida de la industria cárnica. De hecho, uno de los altos cargos que está diseñando este marco legal desde la Consejería de Desarrollo Sostenible es Javier Ariza, que fue director Técnico-Sanitario del matadero de Incarlopsa en Tarancón".

Además, han añadido que "el periodo concedido a las macrogranjas para la adaptación al nuevo decreto de purines es excesivo, ya que en 10 años la contaminación de los acuíferos de nuestra región puede agravarse muy seriamente. De hecho, en un periodo de 10 años (2011-2021) se han ampliado las zonas vulnerables a nitratos en España en casi 4 millones de hectáreas, según datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica".