El Gobierno de Castilla-La Mancha ha salido este jueves al paso de la polémica y ha defendido en las Cortes autonómicas el nuevo canon medioambiental que se aplicará en la factura del agua a partir de 2025 y que para el 80 por ciento de los hogares de la región costará mensualmente "menos que un café". El canon entrará en vigor el próximo 1 de enero y se aplicará a los ciudadanos a mediados de año.

Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Gómez, en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en el que se ha aprobado con el solitario voto del PSOE la modificación de la Ley Regional de Aguas para incluir este impuesto que se recoge de forma "obligatoria" en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

La consejera ha defendido el nuevo canon frente a las críticas de la oposición del PP y Vox, que han calificado el gravamen como un "impuestazo", y por el que se prevé una recaudación anual de 15 millones de euros que, según Mercedes Gómez, "permitirán la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua y los ecosistemas acuáticos en la región". El PSOE ha apoyado en solitario esta nueva medida y de hecho el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, anunció el lunes que tratará de frenar el canon en la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Aplicación rigurosa

"Lo queremos aplicar de forma rigurosa y estricta", ha afirmado la consejera en una intervención parlamentaria en la que ha dicho que el canon se destinará a los ayuntamientos como "garantes del abastecimiento y la depuración de todos los ciudadanos". La decisión, ha explicado Gómez, se lleva a cabo en un escenario en el que hay "procedimientos sancionares abiertos por parte de la Unión Europea" por incumplimientos en depuración.

Mercedes Gómez ha defendido lo "económico" del canon de Castilla-La Mancha en comparación con otras autonomías, con un precio del agua por el que, incluso el nuevo impuesto, se pagarán 1,91 euros por metro cúbico. El Gobierno de Castilla-La Mancha estima que Galicia pagará 48 millones por este canon, que asciende a 140 millones en Andalucía. El de Castilla-La Mancha será el canon más bajo de todas las autonomías, según la consejera.

La recaudación en la nueva factura de Castilla-La Mancha servirá, entre otras cosas, para mejorar el tratamiento del agua en la región, donde, según la consejera, faltan 629 depuradoras que requieren una inversión de 600 millones de euros. Mercedes Gómez ha manifestado que “no se puede hacer demagogia con el coste del agua y mucho menos decir que va a suponer una pérdida de recursos económicos cuando el 80 por ciento de los hogares de Castilla-La Mancha que realicen un consumo moderado pagarán al mes menos por el canon del agua que por un café”.

Obligado cumplimiento

De hecho, la consejera ha defendido que la realidad de Castilla-La Mancha es muy distinta a la que algunos quieren trasladar, "pues lo cierto es que el 90 por ciento de los municipios de Castilla-La Mancha aplicarán menos de 1,50 euros por vivienda, y para los residentes en los municipios de 20.000 habitantes sólo tendrán que pagar 1 euro más". Se prevén bonificaciones para familias numerosas, personas vulnerables y víctimas de la violencia de género. 

Además, Gómez ha señalado que el canon tiene como objetivo lograr un uso responsable del agua entre ciudadanos, empresas y ayuntamientos; “un aspecto muy importante teniendo cuenta que hay municipios que no están teniendo en cuenta la media de 150 litros por habitante y día, y están consumiendo cerca de 800 litros, lo que supone una gran irresponsabilidad”.

En este sentido, la consejera ha señalado que el canon “es una tasa medioambiental que procede de la Directiva Marco del Agua y por lo tanto es de obligado cumplimiento". Entre los grupos parlamentarios, sólo el PSOE ha apoyado el nuevo impuesto, ante las críticas del PP y Vox a una medida que se considera "injusta" y un "error grave".

Apoyo del PSOE, críticas de PP y Vox

El diputado socialista Francisco José Barato, encargado de defender este punto en el pleno de las Cortes, ha dicho que con esta medida se garantiza la "justicia social y la progresividad" de la tarifa, siempre buscando el ahorro de agua. La aplicación de este canon del agua, "obligatorio por normativa europea", es en todo caso "lo menos gravoso posible" para los ciudadanos de la región, uno "de los más económicos" en comparación con otras comunidades autónomas.

Por su parte, la diputada del PP Carolina Agudo ha subido al estrado para poner el acento en que esta "injusta ley de aguas" se paralizó justo antes de las elecciones, razón por la cual se justifica el argumentario de que se trataba de un "impuestazo". Agudo ha preguntado "a quién beneficia esta ley", criticando que se debe únicamente a la intención de "freír a impuestos" a los castellano-manchegos.

Del mismo modo, ha dicho que regiones como Madrid o Murcia "no tienen este impuesto", y las que sí lo tienen, es porque fue instaurado por "gobiernos socialistas". "Lástima que el empeño de Page en meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos no sea el mismo para decir a Sánchez que no quiere perder millones de euros con el cupo catalán", ha dicho.

Finalmente, el diputado de Vox Francisco José Cobo ha cargado contra la "mala situación" de muchas infraestructuras hídricas "de competencia regional", desde la avería en la red de Puertollano hasta el desabastecimiento en zonas de Guadalajara por la rotura de una depuradora en el cauce del río Tajuña.

"Todo esto es por el impacto de la Agenda 2030, tan dañiña para agricultores y ganaderos", ha señalado, denunciando lo "obsoleto" de la red y el hecho de que "no se pueda suministrar agua ni en calidad ni en cantidad". El representante de Vox ha criticado que sean los titulares de las viviendas los que tengan que pagar este impuesto. A su juicio, serán las familias y las pymes las que soportarán este impuesto.