Castilla-La Mancha es una de las dos autonomías, junto a Ceuta, que presentan una buena ejecución de las ayudas concedidas en 2020 por el Estado para la recuperación tras la epidemia de covid-19, según ha dado a conocer la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
La presidenta del Tribunal de Cuentas ha informado este martes al Congreso de que la ejecución de las convocatorias autonómicas realizadas con subvenciones que el Gobierno central les concedió para paliar los efectos del covid es "deficiente" de modo "generalizado". Solo Castilla La Mancha y Ceuta han alcanzado una ejecución del 85 % en este momento, ha transmitido Chicano a los diputados.
Además, ha señalado que, en materia de control de este dinero público, el Tribunal de Cuentas valora las "buenas prácticas de controles anuales de comprobación" de la ejecución de los proyectos subvencionados en Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura. Sin embargo, estos mecanismos brillan por su ausencia en el resto de los territorios.
Además, y más allá de algunos casos concretos, la mayoría de las autonomías no creó sistemas de intervención previa para ejercer la fiscalización de estas ayudas que el Estado ponía en sus manos, aunque no se aprobaron acuerdos contrarios a reparos, ni se tramitaron expedientes por ausencia de fiscalización previa, ha explicado también.
Una noticia que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha calificado de "extraordinaria" a través de sus redes sociales, donde ha expresado que estos resultados son "sinónimo de una buena dirección".
Planes estratégicos
Por otra parte, las comunidades autónomas no cambiaron sus planes estratégicos a largo plazo para recoger los efectos de la pandemia. Estos planes, consiguientemente, muestran deficiencias en cuanto a indicadores evaluables y objetivos medibles para hacer seguimiento de los efectos económicos del covid–19 y de las ayudas recibidas del Estado, ha criticado hoy también la presidenta del Tribunal de Cuentas.
Estas son algunas de las conclusiones recogidas en el informe de fiscalización sobre la cooperación entre la Administración del Estado y las autonomías en 2020 y en relación con el covid-19, que ha realizado el Tribunal de Cuentas y que ha explicado este martes a los diputados su presidenta.