El PSOE y el PP de Castilla-La Mancha siguen negociando con máxima discreción, bajo un clima de confianza mutua y buena sintonía la próxima reforma del Estatuto de Autonomía pese a las tensiones iniciales. Ambos partidos, según fuentes conocedoras de las conversaciones, tienen ya muy avanzado el preacuerdo que sentará las bases sobre las que se irá detallando en los próximos meses el texto definitivo que se elevará al Parlamento castellano-manchego, que deberá aprobarlo en primera instancia para que después hagan lo propio las Cortes Generales en Madrid.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, dicho preacuerdo incluirá finalmente la exigencia socialista de ampliar el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, fijado hoy por hoy en 33, a cambio de modificar el reglamento parlamentario para incorporar en la Cámara sesiones periódicas de control al Gobierno regional, tal y como requieren los 'populares'. 

Tanto PSOE como PP coinciden en que la reforma estatutaria deberá incorporar una nueva horquilla de diputados regionales que en ningún caso superará los 59 como cifra máxima, coincidiendo precisamente con el tope de escaños que recogía el Estatuto de Castilla-La Mancha hasta que los 'populares', bajo mandato de María Dolores de Cospedal, lo reformaron en solitario el año 2014 con la única intención de reducir las Cortes regionales a un intervalo de entre 25 y 35 diputados. Una enmienda que entonces fue calificada por el PSOE como "pucherazo" pero que, tras ocho años de Emiliano García-Page al frente de la Junta de Comunidades y mayorías de izquierdas en el Parlamento, por el momento no ha sido modificada.

Reforma con urgencia

Días después de revalidar su mayoría absoluta las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, Emiliano García-Page se marcó como una "prioridad inmediata" la reforma del Estatuto de Autonomía primero y de la ley electoral a continuación, anunciando que saldría adelante con el único apoyo del PSOE si el PP optaba por el bloqueo de la misma, algo que por el momento no ha ocurrido. Paradójicamente, pese a ganar con solvencia las elecciones en las cinco provincias y superar en 122.000 votos al PP de Paco Núñez, el dirigente socialista estuvo a punto de perder el Gobierno, algo que hubiese ocurrido si 600 papeletas en la provincia de Ciudad Real hubiesen ido a parar a los 'populares' en vez de al PSOE.

Para evitar estas distorsiones, según el preacuerdo que se está acabando de perfilar, los dos partidos mayoritarios en Castilla-La Mancha entienden que la nueva ley electoral que salga del futuro Estatuto de Autonomía deberá mantener la fórmula de circunscripciones provinciales -por lo que se descarta la fórmula de la circunscripción única-, pero mejorando la representatividad de todas las provincias para que ninguna de ellas sea decisiva por sí sola ni se vea discriminada o primada injustamente por razones de población.

Nunca más de 59 diputados

Tanto PSOE como PP, aunque más adelante tendrán que concretarse los detalles concretos de la legislación electoral, coinciden en que es algo que se puede conseguir sin superar en ningún caso los 59 diputados.

Pese a que formaciones extraparlamentarias como Izquierda Unida habían sugerido una horquilla de entre 63 y 69 escaños para favorecer la pluralidad política en una Cámara donde nunca ha habido más de tres partidos representados, desde la constitución de las Cortes de Castilla-La Mancha en 1983, el número de escaños ha oscilado tradicionalmente entre 44 y 49, cifra que Cospedal primero decidió elevar a 53 en 2012 -aunque nunca se llegó a aplicar- y después bajó a los 33 actuales en 2014. El Estatuto actual marca un mínimo de 25 y un máximo de 35.

Además del futuro incremento del número de diputados regionales, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que el PP también aceptará en el preacuerdo de reforma del Estatuto de Autonomía la legislación delegada, tal y como pretendía el PSOE, que permitirá al Gobierno de Castilla-La Mancha legislar ágilmente mediante decretos en situaciones concretas. Los 'populares', eso sí, serán muy escrupulosos en el texto estatutario definitivo a la hora de concretar en qué casos el Ejecutivo podrá utilizar esta herramienta, tratando de cerrar la puerta a posibles abusos gubernamentales a la hora de legislar saltándose los habituales cauces parlamentarios.

Sesiones de control

El preacuerdo también recoge la principal exigencia del PP para dar su visto bueno a la reforma del texto estatutario: un cambio en el reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha para que incluya por primera vez sesiones de control al Gobierno regional con preguntas orales a todos los miembros del Gobierno, incluido el presidente, algo que ha aceptado el PSOE.

Aunque los pormenores se concretarán más adelante, la intención de los 'populares' es provocar al menos en una de cada dos sesiones plenarias debates cara a cara entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, en este caso Emiliano García-Page y Paco Núñez, respectivamente.

Agua

Durante las negociaciones, que están comandando Sergio Gutiérrez por el PSOE y Santiago Lucas-Torres por el PP, aunque también se han conformado grupos de trabajo específicos para tratar sobre las distintas materias, socialistas y 'populares' también coinciden en que el futuro Estatuto debe defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha.

En este sentido, dan por seguro que la forma de plasmar de forma definitiva dicha defensa generará serias discrepancias durante el proceso negociador, pero son conscientes de que deben acertar a la hora de presentar al Congreso de los Diputados un texto consensuado que no corra el riesgo de ser rechazado, tal y como ocurrió en 2010 durante el mandato de José María Barreda. En aquella ocasión, el PSOE defendía una reserva de agua de 4.000 hectómetros cúbicos y al PP le parecieron demasiados en la Cámara Baja, por lo que se acabó frustrando la reforma.

Ahora, 13 años más tarde, los socialistas consideran que la política hídrica ha cambiado en España y que la realidad climática, además de las sentencias del Supremo obligando a fijar caudales ecológicos en el río Tajo, amplían el margen para que el futuro Estatuto blinde los derechos de Castilla-La Mancha sobre el agua. Sin embargo, fuentes conocedoras reconocen que el articulado del texto no podrá hacer mención explícita al final del trasvase Tajo-Segura puesto que, al no ser una competencia autonómica, incurriría en una posible inconstitucionalidad que tumbaría el Estatuto.

Plazos

Pese a que desde el PSOE se mantiene la intención de que el preacuerdo con el PP pueda quedar sellado antes de final del presente año 2023, los 'populares' castellano-manchegos se muestran más prudentes al hablar de fechas, considerando que lo importante es que la negociación que servirá como punto de partida para reformar el Estatuto se cierre de forma sólida, sin lagunas de ningún tipo, y no tanto que se haga en una fecha concreta. 

En dichas conversaciones previas, por el momento, no están participando ni Vox -con cuatro diputados en las Cortes regionales- ni las fuerzas políticas sin representación en el Parlamento.