El problema de la "okupación" ilegal se ha convertido en una notable inquietud de los ciudadanos y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya lo tiene catalogado a través de sus estudios como una de las principales preocupaciones de los españoles. Se trata de un grave fenómeno social que genera constantemente noticias conflictivas en los medios de comunicación y en los informativos de las televisiones, con situaciones incluso de violencia que provocan perplejidad y tensión entre los vecinos, y no digamos ya por parte de los afectados de forma directa.

El informe "Los españoles ante la okupación de la vivienda en España", elaborado por Línea Directa Aseguradora, pone de relieve la importancia del problema en nuestro país y cómo está afectando también a los castellano-manchegos, que viven con malestar y temor un fenómeno social que preocupa a la gran mayoría. De hecho, uno de cada cuatro castellano-manchegos, en concreto el 27 por ciento, cree que hay posibilidades "medias o altas" de que le "okupen" ilegalmente su vivienda, un dato con el que el informe interpreta que "cunde la alarma social".

Según este estudio, elaborado a partir de 1.700 encuestas en toda España, el 76 por ciento de los vecinos de Castilla-La Mancha, es decir, una gran mayoría, considera que este fenómenos es ya "un problema social" en España, mientras sólo un 16 por ciento piensa que la “okupación” de viviendas es un fenómeno residual sin mayor trascendencia que suele exagerarse por motivos políticos.

Penas y seguridad jurídica

Para los españoles, la “okupación” de viviendas cuenta con unas causas variadas: la lentitud de la justicia (28 %), la permisividad de los políticos (25 %) y la dificultad para acceder a una vivienda debido al alto precio (23 %). En este sentido, tres de cada cuatro castellano-manchegos, el 76 por ciento, piensan que las penas para este tipo de prácticas “son muy laxas” y que “no existe seguridad jurídica”.

Según destaca Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora, “nuestro modelo directo nos ha permitido detectar la gran preocupación que existe en la sociedad por la 'okupación' de viviendas. Creemos que, como compañía aseguradora, debemos aportar alguna solución que ayude a paliar los efectos de un fenómeno que, sin duda, puede afectar gravemente a los perjudicados”.

Aunque la “okupación” no existe como tipo penal específico en nuestro ordenamiento jurídico, puede ser perseguida utilizando el delito de usurpación o el de allanamiento de morada, según las circunstancias de cada proceso.

Un fenómeno al alza

En cualquier caso, se trata de un fenómeno al alza: según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial, los casos de “okupaciones” se han incrementado un 37 por ciento entre 2018 y 2022, superando las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles. Un tercio de los encuestados de Castilla-La Mancha conoce directa o indirectamente algún caso de “okupación”, un porcentaje especialmente relevante en las Islas Baleares (39 %).

Por territorios, Cataluña, con 650 “okupaciones” denunciadas en 2022, Andalucía (535) y Comunidad Valenciana (390) son las comunidades con mayor número de casos registrados. En cuanto a qué comunidades viven con más preocupación el fenómeno, Cataluña (83%), Andalucía (81%) y Cantabria (81%) son los territorios donde los ciudadanos se muestran más alarmados por la proliferación de casos de “okupación”, mientras que Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, donde menos.

En cualquier caso, y pese a la alarma social, solo el 27% de los castellanomanchegos afirma conocer bien la regulación actual de la “okupación”, mientras que el 47% dice tener nociones generales y cerca de un 26% admite no conocerla en absoluto.

Propuestas de soluciones

El endurecimiento de las penas y agilizar los desalojos son las soluciones preferidas para mitigar las “okupaciones” según el 60% de los españoles, muy por delante de otras medidas como facilitar el acceso a la vivienda (45%) o centrar la acción policial sobre las mafias organizadas (31%).

El proceso de desalojo que, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, puede tener una duración superior a los 20 meses, es otro de los objetos de debate. En este sentido, el 53 por ciento de los españoles es partidario de un desalojo de la policía sin intervención del juez en caso de que no se demuestre ‘in situ’ la propiedad o la existencia de un contrato vinculante.

El 35 por ciento, por su parte, está a favor de que un juez intervenga siempre en el procedimiento, pero con plazos mucho más reducidos. Además, el 76% de los encuestados estaría dispuesto a contratar un seguro “antiokupación”, siendo el pago de la hipoteca (35%) y de los gastos de proceso (30%) las coberturas más valoradas.