El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado este jueves que las medidas administrativas, financieras y tributarias incluidas en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos regionales de 2023 permitirán "aliviar la situación del 87% de contribuyentes" castellano-manchegos, calificándolas como "una bajada de impuestos compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos".

El objetivo de dicha ley, según ha asegurado Ruiz Molina durante su intervención en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, es "favorecer a las familias y proteger a las rentas medias y bajas frente a los efectos de la inflación", después de que la región castellano-manchega haya cerrado el año 2022 como la más inflacionista del país, con un incremento interanual del 6,8 por ciento.

El consejero ha añadido que las seis deducciones fiscales planteadas -cuatro de ellas dirigidas a las familias- "entrarán en vigor con efectos retroactivos" y "se podrán hacer efectivas en la campaña de la Renta de 2022 a partir del mes de abril".

Las seis deducciones

En primer lugar, ha hecho alusión a una nueva deducción por la adquisición de bienes y servicios que integran la cesta de la compra a la que se refiere el INE. Será de 200 euros para bases imponibles inferiores a 12.500 euros y se incrementará en 50 euros por cada hijo o descendiente a cargo del contribuyente; de 150 euros para bases imponibles inferiores a 21.000 euros, con un aumento de 37,5 euros por cada hijo o descendiente; y de 100 euros para bases imponibles inferiores a 30.000 euros, incrementándose en 25 euros por cada hijo o descendiente.

Además, se duplica la deducción por gastos de guardería del 15 al 30 por ciento, aumentando los límites de 250 a 500 euros. Asimismo, se incrementa la deducción ya existente para la adquisición de libros de texto y enseñanzas de idiomas, ampliándose a todos los niveles educativos, y se incorporan nuevos conceptos relacionados con los gastos en educación, como las clases de refuerzo o los gastos de estudio y residencia de los hijos fuera del municipio de residencia de la unidad familiar.

Igualmente, se establece una nueva deducción en la cuota íntegra del IRPF a menores de 40 años con rentas inferiores de hasta 36.000 euros para compensar el incremento del tipo de interés de los préstamos hipotecarios concertados a tipos de interés variable, relacionados con la adquisición de la primera vivienda habitual.

Actividad económica

El proyecto de Ley también recoge otras dos medidas relacionadas con la actividad económica. El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que se trata de una deducción de un 20 por ciento, con un límite de 4.000 euros, bien por la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital, o bien por inversión en entidades de economía social.

"No solo cumplimos el compromiso que el presidente García-Page adquirió en 2015 con los agentes sociales de mantener congelada la presión fiscal en Castilla-La Mancha, sino que hemos acometido un importante conjunto de medidas tributarias para reducir el esfuerzo fiscal de nuestros ciudadanos, lo que nos permite seguir siendo una de las comunidades autónomas con la presión fiscal más baja de España", ha añadido durante el debate en el Parlamento autonómico del dictamen elaborado por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre este nuevo proyecto normativo.

Ruiz Molina ha asegurado que este "bloque de medidas extraordinarias" supone un coste estimado de 85 millones de euros para las arcas públicas, inversión con la que "el Gobierno de Castilla-La Mancha persigue dos importantes objetivos, con un impacto directo en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía". El primero de ellos, ha continuado, "es reforzar el carácter solidario del sistema tributario de Castilla-La Mancha, como establece la propia Constitución, aliviando en parte los efectos de la inflación sobre los ciudadanos con rentas más bajas". Y el segundo, ha finalizado, es "dinamizar la economía regional e incrementar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios públicos dependientes de la Junta de Comunidades".

Inseguridad jurídica

Sin embargo, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha considerado esta Ley de Acompañamiento poco ambiciosa y criticable "tanto en el fondo como en la forma", puesto que supone modificar de una tacada hasta 12 normas regionales, entre leyes y decretos legislativos que afectan a sectores tan dispares como el de la vivienda protegida, la violencia machista, etc.

"¿Quién da más?", se ha preguntado el diputado 'popular' Miguel Ángel Rodríguez, que ha afeado al Gobierno regional que "le dé igual" que el Consejo Consultivo haya dicho "que esta no es la mejor técnica normativa y que no es la mejor manera de cambiar leyes por la puerta de atrás, ya que crea inseguridad jurídica".

Además, sobre las deducciones fiscales incluidas en la Ley, Rodríguez ha afirmado que se quedan en "maquillaje fiscal" y en "pirotecnia tributaria", ya que benefician a "poca gente". En cambio, ha recordado que el PP de Castilla-La Mancha ha propuesto vía enmiendas una "verdadera bajada de impuestos" que supondría deflactar la tarifa autonómica del IRPF, aumentar las bonificaciones para autónomos y familias, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y bajar los impuestos de patrimonio, de transmisiones y de actos jurídicos documentados.

Recortes

En este sentido, el consejero Ruiz Molina ha valorado que la propuesta del PP se traduciría en un coste de 665 millones de euros, que sumados a los 1.000 millones que Paco Núñez ha prometido devolver a los castellano-manchegos si gana las elecciones autonómicas del 28 de mayo, conllevaría "recortes" en los servicios públicos que convertirían a los efectuados durante el mandato de María Dolores de Cospedal en cosa de niños".

Por su parte, Ciudadanos ha considerado que no puede oponerse a una ley que baja los impuestos, aunque tampoco puede apoyarla "por su tacañería". Así, el portavoz liberal en las Cortes regionales, David Muñoz, ha lamentado que la norma solo propone una reducción de ingresos de 85 millones de euros para costear las rebajas fiscales pese a que el Gobierno autonómico, a consecuencia de la inflación, estima que ingresará 1.000 millones de euros más este año.