El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ido un paso más en su petición de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y ha pedido por carta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, su reforma "por la vía de urgencia" para que cesen las revisiones de condenas a la baja y excarcelaciones para condenados por delitos sexuales.

En una carta fechada el 7 de enero y firmada por la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, el Ejecutivo autonómico recuerda que el pasado 21 de diciembre quedó aprobada en las Cortes regionales, por unanimidad de los tres grupos representados en las Cortes regionales, una resolución para instar al Gobierno de España "a la inmediata revisión, por la vía de urgencia" de la Ley de garantía integral de la libertad sexual en cuanto a evitar la rebaja de penas para los agresores sexuales y a que se mantengan, como mínimo, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022.

Fernández asegura que el "clamor popular que ve con estupor cómo, desde la entrada en vigor de la citada ley hasta final de año, se han producido más de 120 revisiones de condenas a la baja, además de la excarcelación de un total de 17 condenados" y sostiene que son razones "más que suficientes" para introducir los cambios necesarios y evitar "esta sangría de revisiones que provoca desazón en las víctimas e indignación entre la ciudadanía".

No obstante, ha reconocido que el Gobierno regional es "consciente" de que la ley es mucho más que las penas que contiene y defiende que, en términos generales, es un buen instrumento que permite por primera vez afrontar la violencia sexual, la atención a las víctimas y su resarcimiento, de una manera integral.

"Pero lo cierto es que no compartimos las rebajas de penas que se están produciendo ni las que se puedan producir en el futuro. A nuestro modo de ver, aquí lo importante no es ganar la batalla del relato sobre quien tiene la culpa -si el Ministerio de Igualdad o la judicatura-, se trata de resolver un problema que angustia a las víctimas y que no puede dejarnos en la indiferencia. Y la capacidad para resolver dicho problema la tiene su Ministerio", ha añadido.

Por todo ello, Fernández pide a Montero "desde la mayor lealtad y honestidad" modificar la ley "desde la más profunda convicción de que ningún agresor sexual se debe ver beneficiado, ni siquiera mínimamente en el presente o en el futuro, por una norma que pretendía todo lo contrario".