El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de la Infancia de Castilla-La Mancha este martes. Priorizará el modelo de las familias de acogida por encima de los centros residenciales e incorporará la figura de la adopción abierta entre otras cosas.

Así lo ha detallado en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, según EFE, que ha indicado que la ley cuenta con 11 títulos, 20 capítulos, 173 artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales “para blindar los derechos de la infancia y de las familias".

“La normativa se adapta a una nueva realidad, persigue prevenir, proteger, interceder e intervenir y acompañar a los menores”. Destaca el papel de las familias y el apoyo a las más vulnerables en relación a la crianza de sus hijos, además de poner el foco en la importancia de la prevención en situaciones de riesgo, lo cual se garantiza con programas de apoyo a las familias y la formación de los profesionales.

La ley actualiza el procedimiento de atención a situaciones de riesgo con la apuesta por una protección "íntegra" en hogares, centros residenciales con unidades pequeñas para garantizar un "ambiente hogareño" y a través de las familias de acogida, modelo que se prioriza por delante de los centros y hogares por considerar que "garantiza una vida más estable al menor".

Ley al detalle

La ley regional se adapta a la regulación nacional frente a la violencia, reconoce la importancia de la participación de la población infantil y promueve la igualdad de oportunidades, con el “objetivo de garantizar los derechos de la infancia y adolescencia y el desarrollo integral en todas sus facetas".

Entre las novedades, la consejera destaca que la nueva norma reconoce la condición de víctimas de violencia de género a todos los niños inmersos en estas situaciones, incorpora los derechos y deberes a todas las familias acogedoras, y garantiza el programa de la preparación a la vida adula e independiente con el refuerzo de los apoyos para cuando los jóvenes se hagan mayores de edad. Además, la ley incorpora la figura de adopción abierta, con la posibilidad de mantener un contacto entre el menor y la familia biológica, porque es importante que no se pierda el vínculo, siempre y cuando no afecte a la estabilidad emocional del menor y cuando hay hermanos en la familia biológica.

También, incluye la regulación que contempla la normativa estatal sobre los centros de protección especializados de menores. “Obliga a estudiar un impacto en la infancia, garantiza el derecho a la alimentación, nutrición adecuada, vivienda digna y reconocimiento a la identidad y expresión de género y garantiza el trabajo de actuación a las familias para que el menor retorne a su familia de origen, así como da un enfoque integral para eliminar cualquier situación de riesgo, discriminación por razón de sexo y violencia de género”.

Derechos de la Infancia

García Torijano ha anunciado, por otro lado, que el próximo 20 de noviembre, Día de los Derechos de la Infancia, “Guadalajara acogerá el primer Encuentro regional de la Infancia, unas jornadas informativas y lúdicas que darán a conocer este anteproyecto de ley y las políticas sociales en materia de infancia, además de que visibilizarán los derechos del menor”.

La Administración regional supera ya los 1.000 niños tutelados, 545 en acogimiento familiar y 452 en hogares, y confía en que la ley pueda cosechar el mismo consenso en las Cortes, siendo aprobada por unanimidad.

Más asuntos

En cuanto a la situación de la residencia de Calzada de Oropesa (Toledo), García Torijano ha asegurado que al Gobierno de García-Page no le han notificado su posible cierre, por lo que mantiene las 13 plazas públicas que hay en el centro. “Si llega a cerrarse o venderse, se ofrecerán a esas 13 personas otras residencias cercanas”.

Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la consejera ha aseverado que ya superan los 17.000 perceptores en Castilla-La Mancha y se van aumentando las solicitudes.

Por último, en cuanto al nuevo modelo de valoración de la discapacidad, la consejera apunta que la ley contempla que el proceso se tiene que llevar a cabo en un plazo de seis meses, mientras se trabaja para reducir los tiempos de espera.