García-Page acusa al Gobierno de exhibir "telarañas ideológicas" legislando contra la caza

Castilla-La Mancha está dispuesta a llegar hasta el final para que la caza no se vea afectada por las nuevas medidas de protección incluidas en la futura Ley de Bienestar Animal. El sector cinegético cuenta con amplia presencia e influencia en el territorio castellano-manchego y el Ejecutivo autonómico se ha puesto de su lado para que el proyecto legislativo impulsado por Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 además de líder de Podemos, sea modificado antes de su aprobación definitiva. De no ser así, el Gobierno presidido por el socialista Emiliano García-Page no descarta incluso recurrir judicialmente el texto, tal y como ocurre con la polémica Ley de Universidades.

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García-Page, coincidiendo con la reunión técnica que se celebra este miércoles para tratar este asunto, ha avanzado que Castilla-La Mancha se opondrá a la Ley de Bienestar Animal en sus actuales términos y que exigirá "que se cambie" para que la protección de los animales no afecte a la actividad cinegética. Desde Argamasilla de Alba (Ciudad Real), donde ha inaugurado una planta de procesado de pistachos, el presidente castellano-manchego ha argumentado: "Nadie está en contra de la salud animal, pero una cosa son los animales domésticos y otra cosa muy diferente colar otro tipo de realidades".

Así, ha criticado que los políticos aprovechen su potestad legislativa "para meterle el colmillo a manías o telarañas intelectuales o ideológicas", algo que ha definido como "errores de bulto". En la misma línea, ha considerado que "es bueno que los políticos legislen a favor de arreglar los problemas", ya que "en general las leyes no deben hacerse contra nada". "Debe de haber alguien que le tiene manía a la caza", ha explicado.

Un presidente "disgustado"

"Nos vamos a oponer y vamos a exigir que se cambie. Están en juego muchas cosas, entre otras el sentido común", ha añadido García-Page sobre la futura ley, que ha reconocido que le tiene "disgustado".

De este modo, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha apostado por que la nueva regulación preserve con garantías la actividad cinegética en España y, particularmente, en Castilla-La Mancha, donde "ni se imagina la gente el dinero que mueve el sector".

El pasado mes de abril, el Gobierno de García-Page remitió un duro documento con 16 páginas de alegaciones al proyecto de ley, firmado por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que públicamente ha defendido que "los perros de caza no son mascotas y, por lo tanto, no tienen que estar sometidos a la legislación de bienestar animal".

El propio Emiliano García-Page también dijo por aquellas fechas que el proyecto legislativo ha sido concebido "desde una mentalidad urbanita" y "sin conocer la realidad del medio rural", donde residen la mitad de los castellano-manchegos.

Cazadores en pie de guerra

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Asociación de Propietarios y Titulares Cinegéticos (Aproca) consideran que la ley que se está tramitando pone en grave riesgo el futuro de la actividad cinegética en Castilla-La Mancha y han anunciado que, de aprobarse, convocarán movilizaciones tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid.

Alertan de que en caso de aprobarse la ley con el texto actual, los perros de caza se deberán inscribir como animales de compañía y los cazadores tendrían que darse de alta como criadores profesionales si quieren cruzar a sus canes. En caso contrario deberán castrar a los perros, "no deja de ser una contradicción y un disparate sin precedentes". Esta medida, han asegurado, pondrá en riesgo el futuro de los perros de caza, especialmente de las rehalas, elementos imprescindibles en la actividad cinegética para el control de poblaciones, reducir por ellos los riesgos de tuberculosis y clave frente a la posible entrada de la peste porcina africana, además de ser uno de los pilares económicos fundamentales del medio rural castellano-manchego.

Los representantes de estas asociaciones han recordado que Castilla-La Mancha tiene una ley de bienestar del año 2020 que contó con el consenso de los diferentes sectores del mundo rural afectados, donde se asegura el bienestar pero se mantienen los usos tradicionales del campo.