La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha justificado este jueves la oposición del Gobierno de Castilla-La Mancha al modelo de residencias que propone el ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, porque "no está lo suficientemente maduro" para ser apoyado.
García Torijano, que ha hecho estas consideraciones antes de la inauguración del XIV Congreso Estatal y II Iberoamericano del Trabajo Social, que se celebra en el Pabellón de Ferias y Congresos de Ciudad Real, ha asegurado que la nueva estrategia nacional de modelos residenciales se seguirá negociando en las próximas semanas, después de que no se haya llegado a un acuerdo.
Y ha señalado que, aunque se lleva trabajando en él durante muchos meses por parte del Ministerio y las comunidades autónomas se deben salvar algunas aristas que aún presenta el modelo, principalmente, la referida a la financiación que necesitaría.
En este sentido, ha apuntado que el nuevo modelo debe contemplar la realidad de algunas comunidades autónomas, como la de Castilla-La Mancha, que tiene peculiaridades propias basadas en la dispersión que presentan sus municipios.
Según García Torijano, hay disposición a trabajar tanto con el sector, como con los sindicatos y el propio Gobierno para que sea un modelo que pueda dar respuesta a todos, y sobre todo, que pueda generar estabilidad entre los profesionales que trabajan en las residencias, estabilidad en el recurso y en el servicio, para que así siga desarrollándose el sistema de la dependencia.
“Necesidades reales”
La titular de Bienestar Social ha recordado que el modelo que plantea el ministerio, en su gran parte, Castilla-La Mancha lo cumple, y por lo tanto ha mantenido que "no es un problema de que no se pueda cumplir", sino que "el problema es que queremos adaptarlo a las necesidades reales de nuestro territorio".
En cualquier caso, ha indicado que Castilla-La Mancha se ha comprometido con el Ministerio a seguir trabajándolo y a seguir de la mano para poder llegar a un acuerdo, pero siempre pensando en los intereses de la región.
A preguntas de los periodistas, García Torijano ha reconocido que no sólo es un problema de financiación, aunque, es cierto que el Gobierno de España arrastra una importante deuda con el Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha a raíz de que en 2012 llegara al Gobierno el PP.
Esta deuda en dependencia "nos ha supuesto realizar un gran esfuerzo para poder mantener la dependencia en la región", ha aseverado García Torijano, que ha añadido que "el Ministerio Derechos Sociales ha fortalecido el nivel mínimo de dependencia y ha recuperado el nivel acordado, cosa que agradecemos muchísimo".