El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé beneficiar a más de 6.200 familias de la región gracias a los 5,7 millones de euros de presupuesto de la convocatoria de Ayudas de Emergencia Social 2022, que supone un incremento del 21 por ciento con respecto a la cuantía inicial del año en curso.

Así lo ha indicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, después de que el Consejo de Gobierno aprobara este lunes la resolución de la Consejería de Bienestar Social "destinada a personas o familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad por una situación sobrevenida con carácter urgente, y para la atención de las necesidades básicas de la vida, que no se puedan atender de manera individual o familiar, por una situación perentoria"

En base a estos objetivos, las ayudas de emergencia social tienen dos líneas de actuación diferenciadas, como son, por un lado, las ayudas de emergencia social para necesidades básicas vinculadas a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad (5,5 millones de euros), y por otro, las ayudas de emergencia social de adecuación de la vivienda, de forma que ésta alcance los niveles mínimos exigibles para la dignidad de sus moradores y moradoras (200.000 euros), ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

Prevenir o paliar situaciones de exclusión social

En el primero de los casos, se trata de una prestación económica no periódica, destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad, excepcionales y previsiblemente irrepetibles, que no pueden ser atendidas a través de ningún otro recurso, con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y favorecer la integración de las personas.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo regional ha puesto algunos ejemplos como la atención a necesidades básicas de alimentación, vestido y mantenimiento de la vivienda, y dentro de estas ayudas se incluyen las destinadas a cubrir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, entendiendo como tales las ayudas para prevenir o evitar la pérdida de vivienda, corte de suministros y otras situaciones especiales acreditadas en el informe social emitido por el trabajador o la trabajadora social de los servicios sociales de atención primaria.

Y por lo que respecta al segundo caso, el objetivo pasa por cubrir la necesidad de hacer frente a la adecuación de la vivienda, su adaptación, rehabilitación o acondicionamiento, de manera que alcance los niveles mínimos exigibles para la dignidad de sus moradores en el medio que les rodea.

Para ello existen dos modalidades de actuación: paliar las consecuencias de siniestros o daños que tengan el carácter de extraordinario o en su caso fortuito o imprevisible, siempre que el inmueble carezca de protección asegurada; y cooperar mediante la adecuación de la vivienda a la integración social de personas o familias a través de una urgente intervención social.

A modo de recapitulación, Blanca Fernández ha resaltado que el motivo por el que se materializan estas ayudas es para hacer frente a gastos específicos y de carácter básico referidos a la atención de necesidades alimenticias, así como la adecuación, mantenimiento y equipamiento de la vivienda habitual provocados por situaciones excepcionales.

Presupuesto abierto

Para finalizar, la consejera ha subrayado que este presupuesto "siempre está abierto a incrementarse dependiendo de las solicitudes y de la necesidad real", y ha puesto un ejemplo al respecto en relación con el año 2020, cuando se aprobaron 4,7 millones de euros y se acabaron ejecutando 9,5 millones para atender situaciones sobrevenidas que tuvieron mucho que ver con la crisis provocada por la Covid.

Por tanto, ha concluido la consejera, aunque el presupuesto de este año está previsto para atender a unas 6.200 familias de la región, "si fueran más las familias o las personas que a título individual la necesitarán, la tendrían porque incrementaríamos el presupuesto".